Facturas falsas, empresas que dejaron sus domicilios apenas concluido el gobierno, servicios de asesorías y estudios que no cuentan con evidencias de operación -incluso negocios vinculados con el presunto desfalco millonario del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que tiene presos a varios de sus entonces funcionarios-, son parte de la presunta red de corrupción de Francisco Vega de Lamadrid -último mandatario panista de Baja California- y de otros once colaboradores, ahora investigados por el delito de delincuencia organizada, asociación delictuosa, peculado, entre otros ilícitos, por el posible quebranto al erario de mil 586 millones 150 mil 299 pesos a través de cien empresas con las que realizaron más de 270 movimientos financieros
Son 100 empresas y 278 movimientos bancarios que la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) consideró irregulares en el pasado de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, que representaría un posible quebranto al erario de mil 586 millones 150 mil 299.14 pesos; es decir, 300 millones más del primer señalamiento realizado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano aquel 19 de noviembre, cuando se interpuso la primera denuncia contra el ex mandatario panista.
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Denuncia Kiko Vega.
Han pasado seis meses desde que Vega dejó el cargo y a partir de entonces se han hecho múltiples señalamientos en su contra, principalmente impulsados por titular del Poder Ejecutivo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien lo culpa de malversar fondos por 2 mil millones de pesos, además de adjudicarle una deuda de 33 mil millones en las arcas estatales.
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El 5 de mayo, la diputada Eva Gricelda Rodríguez y el auditor del Estado, José Sergio Soto García, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en el Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali, para interponer una denuncia contra “Kiko” Vega, la cual será incluida al expediente formado desde noviembre de 2019.
La denuncia que presentó Rodríguez Lozano hace poco menos de seis meses, en la que el Número Único de Caso 0202-2019-42685 solo involucraba a cinco empresas de las 91 exhibidas y únicamente busca responsabilidades contra el ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid; a la diputada y ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero; al ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido; al ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez y a su sucesor Bladimiro Hernández Díaz; y al ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilo Pérez Flores.
La nueva denuncia -que se adicionará a la primera querella- ahora involucra a 100 empresas, con fechas exactas de las operaciones bancarias, inspecciones domiciliarias y una presentación de más de 300 páginas.
Aparte del ex mandatario panista, relaciona a doce ex trabajadores estatales:
- Antonio Valladolid, secretario de Planeación y Finanzas
- Bladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas
- Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero
- Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto
- Artemisa Mejía Bojórquez, jefa de Administración y Contabilidad
- Édgar Castillo Padilla, director de Seguimiento de Paraestatales
- Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración
- Isauro López Cárdenas, coordinador de Gabinete
- Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos
- Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría
- Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.
Todos enfrentarán acusaciones por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita -ambos federales-; enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y lo que resulte.
EXPLOCEAN, CORRUPCIÓN DE CHIHUAHUA A BC
En enero de 2019, la Fiscalía General de Chihuahua detuvo y presentó ante un juez al ex secretario de Educación de aquella entidad, Marcelo González Tachiquín, en lo que formó parte de la embestida del gobernador Javier Corral Jurado contra su antecesor priista, César Duarte Jáquez, acusado de un desfalco superior a mil millones de pesos del erario estatal.
Presentan pruebas
Reportes de prensa locales refieren que durante la audiencia se exhibió la participación de una empresa llamada Explocean, S de RL de CV que brinda asesorías y servicios de administración contable, consultoría presupuestal y servicios de seguridad pública, según se logró constatar en diversos contratos celebrados por la firma, principalmente con el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
La empresa, que no aparece en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Secretaría de Economía, pero pudo ubicarse en Avenida Guillermo González Camarena número 1450, piso 9, oficina PHA, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Código Postal 01210, Delegación Álvaro Obregón de Ciudad de México, fue también contratada por Francisco Vega de Lamadrid por 185 millones 402 mil 800 pesos, los cuales se distribuyeron en doce movimientos interbancarios.
Los pagos se realizaron entre el 18 de septiembre de 2014 y el 5 de abril de 2016, durante el periodo de Antonio Valladolid como secretario de Planeación y Finanzas, y fueron pagados en cuentas de CitiBanamex y HSBC en favor del proveedor.
El concepto fue el mismo en la mayoría de los casos:
“Servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría técnica financiera para el análisis de la reestructuración y/o regularización del presupuesto de la Secretaría de Educación y Bienestar Social”.
Justamente la participación de Explocean en el juicio realizado en Chihuahua, es por el desvío de 23 millones de pesos bajo el mismo concepto.
En la declaración de un testigo protegido que se menciona en diversos medios de comunicación, se estableció que Juan José Chimal Velasco, cuñado del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, fungía como encargado de relaciones públicas de la empresa dirigida por Miguel Ángel González Avendaño, los cuales habrían presionado a César Duarte para entregar 50 millones de pesos a cambio de “quedar bien con la gente de Los Pinos” y así garantizar la entrega de recursos posteriores para el Estado.
ZETA buscó información sobre la empresa a través de diversos contratos, pero en la mayoría, el Gobierno del Estado de México restringió la información sobre los nombres y los servicios otorgados.
Sin embargo, en dos de estos -uno de adjudicación directa hasta por 56 millones de pesos- establecen como representante legal a Carlos Armando Garza Valencia, hermano de una empresaria del Edomex de nombre Alma Patricia, quien comparte sociedad con Miguel Ángel González Avendaño en una empresa llamada Productora Agroindustrial TK Tizimin, SA de CV. Su socio es Salvador Ernesto de Zulueta y Thanos, propietario de Corporativo Zulu, otra empresa consentida del gobierno de Del Mazo, donde también funge como representante legal de González Avendaño, director de Explocean, S de RL de CV.
Amador Rodríguez Lozano presenta denuncia contra Kiko
El juicio aún no concluye, pero el propio González ya testificó, intentando convencer al juzgador de que sí cumplió con los servicios ofrecidos, pero no se le otorgó el pago correspondiente.
LAS OCHO EMPRESAS “DESAPARECIDAS”
En un reportaje publicado en noviembre de 2019, titulado “Oficializan corrupción de ‘Kiko’”, ZETA documentó detalles sobre varias empresas exhibidas como “fachada” para el desvío de recursos. De las 90 referidas, por lo menos una treintena fueron relacionadas entre sí o con otros actos sospechosos de corrupción en Baja California. Otras tantas no tenían registros y tampoco se pudo vincular a propietarios.
La ASEBC pudo documentar por lo menos ocho empresas que recibieron jugosos recursos, sin embargo, para enero de 2020 se desconocía su paradero. Todas se registraron en Jalisco y, según lo expresado por las autoridades estatales, no se pudo constatar su existencia.
La primera es Asesoría Empresarial Zano, SC, ubicada en Avenida Kabah número 1592, interior 101, Jardines del Sol en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45050. No cuenta con registro o contrato público en todo el país, pero ello no le impidió recibir un pago de 2 millones 629 mil 306 pesos.
La única información que logró obtenerse, es un presupuesto del Instituto Tecnológico de Nayarit, el cual solicitó un curso -sin especificar detalles- por el que se cobrarían 43 mil pesos.
Representantes del Congreso del Estado refieren que en enero de 2020 acudieron al domicilio propiedad de Centro de Negocios Intercenter, donde refirieron no tener información sobre ellos.
En el mismo presupuesto del Tecnológico de Nayarit aparece la empresa Rubens Asesores, SC con un monto de 30 mil pesos. Según la información del expediente, está ubicada en Manuel M. Diéguez número 510, Santa Teresita, Código Postal 44600 de Guadalajara, Jalisco. Recibió un pago de 28 millones 154 mil 016.59 pesos, por concepto de una evaluación para la gestión de fondos federales.
Al acudir al inmueble -refieren funcionarios del Congreso- tocaron a la puerta y nadie respondió, pero lograron rescatar una correspondencia de la empresa Banorte en ese domicilio, a nombre de Rubén Flores Alejo, detenido en octubre de 2017 por la Policía Federal en un operativo en el que también aprehendieron a Reginaldo Allala Allala, ubicándolos como presuntos operadores de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los nombres más buscados en México y Estados Unidos.
Flores Alejo aparece en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), pero no como propietario de Rubens Asesores, sino de otras doce empresas más que fueron creadas los días 2 y 8 de febrero en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, y el 23 de marzo de 2017 en León, Guanajuato.
Otra de las empresas mencionadas es Alfatam, SC, ubicada en Buenos Aires número 2272, interior 101, Colonia Providencia, en otro inmueble de la empresa Intercenter.
Alfatam recibió pagos por 13 millones 920 mil pesos durante 2018. Una de sus propietarias es Karla Paulina Tamayo Méndez, empresaria jalisciense del ramo gastronómico y suplente de la candidata al Distrito 10 de Jalisco, Laura Haro Ramírez, en la campaña electoral de 2018. Haro perdió la contienda, pero actualmente es secretaria de Vinculación con la Sociedad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional.
Antonio Valladolid
Cuando empleados del Congreso acudieron se entrevistaron con una recepcionista de Intercenter, esta afirmó que la empresa Alfatam tenía un año rentando, pero en ese momento no había nadie en sus oficinas.
El mencionado negocio que brindó un “servicio de diferenciador financiero integral”, se ubica a una calle de otra empresa implicada: Agento Corporativo, SC.
La consultora que supuestamente brindó apoyo al Gobierno del Estado, en una evaluación para la gestión de fondos federales, recibió 76 millones 479 mil 417 pesos en seis movimientos bancarios; se ubica también en la calle Buenos Aires.
Inspectores de la ASEBC acudieron al inmueble, que es un domicilio particular, y conversaron con la inquilina de nombre Angélica, la cual tenía cinco meses rentando.
Otra empresa es VR-CH Expertos Consultores, SA de CV, domiciliada en Prolongación Laureles número 1339 en San Gilberto, en Zapopan, Jalisco, la cual recibió 51 millones 016 mil 280 pesos. Registrada en 2016, ofreció también evaluación para fondos federales. En ese domicilio, refirieron vecinos, reside una mujer llamada Gladys Guadalupe.
Sus propietarios son el cirujano general Cristian Vite Rangel y la señora Jenny Castro Herrera. Tienen un registro como proveedor en Tlajomulco y Ciudad de México.
Grupo Ladac, acreedora de 9 millones 517 mil 397 pesos, está registrada desde febrero de 2016 y tiene su ubicación en Calle Alemania número 1639, interior 105, Colonia Moderna de Guadalajara, Jalisco. Al acudir, inspectores de la ASEBC descubrieron que el espacio es ocupado por otra empresa llamada Morbil Servicios Administrativos, SA de CV, que no tiene nada que ver con la antes mencionada. Los propietarios de Ladac son Alejandro Villalobos Muñoz y Francisco Javier Sauceda Rosales; su empresa aparece en el padrón de proveedores de Zapopan.
Nefir, SC, a la que se entregaron 8 millones 120 mil pesos por un “análisis estructural del registro vehicular estatal y alternativas para procesos de regularización integral”, no aparece en el RPPC, pero en un contrato con el gobierno de Tlaquepaque, figura como socio José Miguel Ambriz Avelar, quien brindó otros servicios como comidas y bebidas en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por una cantidad que no supera los 60 mil pesos.
Servicios Profesionales Concordia cierra el conteo con 26 millones de pesos por servicios diversos. No pudo constatarse sí realmente está domiciliada en Avenida Níquel número 3034 de la Zona Industrial de Guadalajara, puesto que según un vecino del domicilio, quince días antes, sacaron todo lo que se encontraba dentro del inmueble.
Buenos Aires 2340, Proviencia 1 sección, Guadalajara Jalisco C.P. 44630 este es el domicilio fiscal de la empresa Avento Corporativo S.C.
MÁS IRREGULARIDADES
Nuevas empresas fueron detectadas en el expediente armado por la diputada Eva Gricelda Rodríguez y la ASEBC. Entre las anomalías se percibe a la empresa Tonval Comercializadora, SA de CV, que no aparece en el RPPC, pero en un contrato para la renta de sillas, lonas, carpas y mesas del Gobierno del Estado de México, funge como representante legal la señora Rosa Lilia Rodríguez López, quien firmó el documento y, con varias faltas de ortografía, aseguró haber recibido el contrato.
Rodríguez López, representante legal de una empresa que recibió 2 millones 876 mil 987 pesos del Gobierno de Baja California, aparece como beneficiaria en un padrón de Mujeres que Logran en Grande en Estado de México, publicado en 2014.
Pero no solo se suscitaron estas anomalías en el Edomex. En Baja California también se identificaron irregularidades como la erogación de un millón 160 mil pesos en dos pagos realizados el 22 de junio de 2017 en favor de Tomás Gabriel Maclis Barrón, residente del fraccionamiento Valle de Puebla, comunidad de condición humilde al Oriente de Mexicali.
Maclis Barrón habría impartido un curso avanzado para el manejo de programas en las contralorías internas de la administración pública estatal, cuando ni siquiera cuenta con título profesional de ninguna universidad en el país, acorde con el Registro Nacional de Profesionistas. Recibió una fuerte suma de dinero, pero al parecer no lo usó para pagar sus gastos elementales, pues no ha cubierto el pago de Impuesto Predial desde hace varios años, según la página del Ayuntamiento de Mexicali.
Maclis Barrón participó en otra licitación en el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para un “estudio de imagen y evaluación gubernamental” en marzo del 2018, pero perdió ante la empresa Grupo Consultor de Mercados, SC, la cual se agenció 4 millones de pesos por dicho contrato. La firma también forma parte de las empresas en la mira de la ASEBC, luego de recibir 39 millones 431 mil 803.39 pesos en diez pagos distribuidos del 9 de marzo de 2016 al 25 de julio de 2019, por concepto de estudios de imagen del Gobierno del Estado, del uso de la herramienta Feedbox y por un análisis de Servicio de Diagnóstico de Identidad Vehicular.
La empresa fue muy cuestionada durante la administración del ex alcalde de Tijuana por posibles actos de corrupción, lo que nunca se identificó es que el Gobierno del Estado fue aún más generoso con esta empresa, cuyo representante legal es José Aurelio Sánchez Carrasco, de Mexicali, como obra en un contrato de capacitación para el uso de la plataforma Feedbox para DIF Estatal.
En los documentos del Congreso del Estado también se advierte del pago de un millón 500 mil pesos a Isa Digital, S de RL de CV, mejor conocido como El Vigía de Ensenada, propiedad de Elsa Borbón León de Solorio, además de las hermanas Verónica y Diana Borbón Solorio. A diferencia de los otros movimientos bancarios, en este no se especifica la irregularidad, solo que se contrató para “publicidad en periódicos”, lo cual no resulta extraño, pues la empresa se dedica precisamente a ese giro.
Innovaciones para el Recurso Empresarial, S de RL de CV es otra de las empresas implicadas por una transacción. Es dirigida por Bonny Ángel Maciel Woo, quien percibió un millón 800 mil pesos por concepto de publicidad en una cartelera. Sin embargo, acorde con el documento, no se pudo comprobar que fue instalada del 12 de febrero al 31 de marzo de 2018.
Según el auditor del Estado y la propia diputada Eva Rodríguez, lo entregado a la fiscalía ya es más que suficiente para proceder contra los implicados, no obstante, se ha tomado la decisión de abrir otras cuentas públicas de la administración de Vega de Lamadrid para revisarlas a fondo, ya que estiman que la anterior Legislatura pudo haber solapado al pasado gobierno.
