La investigación que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California de las empresas que ofrecen engomados y placas con la promesa de próxima regularización de sus vehículos de procedencia extranjera, alcanzó a las oficinas de Mexicali, donde se cateó un total de 17 inmuebles que operaban tanto en la zona urbana, como en la rural de la ciudad.
El operativo se inició desde las 10:00 horas del miércoles 6 de mayo y se prolongó hasta las 4 de la mañana de este jueves, donde se “reventó” 11 oficinas de la organización Anapromex, de las cuales 9 se ubican en la ciudad y dos más en el valle; 2 oficinas de Condefa, ubicadas en la mancha urbana; y cuatro más de Onappafa, ubicadas una en la ciudad y 3 en el valle de Mexicali.
En total se abrieron tres expedientes con números NUC 2020-10252, 2020-14733 y 2020-09963, los cuales forman parte de las diligencias que la Fiscalía realiza en función de las recientes reformas en las que el Congreso aprobó la creación del servicio de Control Vehicular, con el que se busca acabar con las empresas que expiden este tipo de documentación.
Durante los cateos, en los inmuebles que estaban cerrados por la contingencia del coronavirus, las autoridades localizaron material útil para la investigación, como la listas de afiliación, documentos relativos a la prestación del servicio, carteles de promoción de los servicios, equipo de cómputo, entre otros.
Este es el tercer operativo realizado por la Agencia Estatal de Investigación, en Baja California, los cuales comenzaron el pasado fin de semana en el municipio de Tijuana, para después pasar a Ensenada y ayer, miércoles, culminar en la capital bajacaliforniana.
Una actitud abusiva del Gobernador: Enrique Acosta
El representante legal de Anapromex, Enrique Acosta Fregoso, calificó los cateos de la FGE, como una “actitud abusiva” por parte del gobernador, cuyo único interés en cerrar a estas empresas, para que el estado puedan tener su propio censo.
En entrevista telefónica, Acosta comentó que dichas diligencias son provisionales, y se realizan como parte de la investigación que tienen en contra de las agrupaciones, aprovechando fines de semana o la inactividad derivada por el coronavirus.
Agregó que están revisando las actas de cateo, debido a que detectaron algunas irregularidades y defectos, por lo que interpondrán los respectivos recursos y trámites legales para combatirlos.
El también ex candidato a la gubernatura del estado por el PRI, dijo que el gobierno de Jaime Bonilla debería preocuparse más por detener a los delincuentes que aquejan a las ciudades, que en reprimir a quienes hacen algo por los bajacalifornianos.
