El capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” o “Rafa”, informó mediante un escrito presentado el pasado viernes 22 de mayo, al Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que es económicamente insolvente, y que su situación se ha complicado porque, en su condición de prófugo de la justicia y adulto mayor, no tiene la oportunidad de trabajar y generar un ingreso.
“El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide –dice– laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos”, dijo Caro Quintero, según un acuerdo publicado ayer martes 26 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República.
Según lo informó el diario Reforma, esta es una de las dos promociones que “El Príncipe” presentó vía electrónica ante el Tribunal capitalino, en el amparo en revisión contra la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por el asesinato en 1985, de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, miembro de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
El rotativo, basado en informes del Poder Judicial de la Federación, señaló que la manifestación del ex líder del extinto Cártel de Guadalajara -organización criminal que fundó junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”-, respecto a la supuesta carencia de recursos, la hizo con el propósito de que el Tribunal no le imponga el pago de una garantía.
En el escrito con firma autógrafa escaneada, el capo sinaloense solicitó recusar al magistrado Juan José Olvera López de la votación de su amparo, aunque en el acuerdo publicado ayer martes 26 de mayo por el Tribunal capitalino, no se aclaran los motivos, detalló el Reforma.
“En la otra promoción también pide aplazar, hasta después de terminada la emergencia sanitaria por COVID-19 y una vez normalizadas las actividades judiciales, la sesión en la que será votado su amparo en revisión. El colegiado acordó reservarse el trámite de la recusación del magistrado Olvera hasta que el Consejo de la Judicatura Federal determine que las actividades jurisdiccionales regresarán a la normalidad”, indicó el rotativo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el pasado 30 de marzo, que bloqueó esre mismo día las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo Rafael Caro Quintero.
La UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, informó que tras reportarse movimientos inusuales en el sistema financiero de 18 cuentas bancarias, procedió a su bloqueo luego de indagarlas y encontrar vínculos con el crimen organizado.
Catorce de dichas cuentas están supuestamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Nueve de estas son personas físicas y las cinco restantes de empresas. Mientras que otras cuatro están relacionadas con el capo Rafael Caro Quintero.
El pasado 31 de enero, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundado un recurso del capo sinaloense Caro Quintero, con el cual reclamó el acuerdo del juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Velázquez, de que en caso de ser detenido, sea entregado inmediatamente al Gobierno de Estados Unidos en extradición.
“Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, el plazo para que la parte quejosa desahogara la prevención aludida, trascurrió del 19 al 20 de diciembre de 2019, y del 27 al 31 del mismo mes y año, sin que el promovente la hubiere desahogado debidamente. En consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio”, resolvió el Tribunal federal, según el diario Milenio, que informó del hecho.
“Hoy, su futuro está en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual debe resolver solo cuestiones de legalidad para determinar si procede o no su entrega” a Estados Unidos en extradición, señaló el mismo rotativo.
EL 28 de noviembre del 2019, María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, le otorgó una suspensión de plano al capo sinaloense, y a otros de sus colaboradores, para frenar una vez más su extradición a Estados Unidos.
El 9 de octubre de ese mismo año, el ex líder del extinto Cártel de Guadalajara -organización criminal que fundó junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”- le fue negado un amparo que había solicitado contra la solicitud del Gobierno de EE.UU., para que sea extraditado a dicho país.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, de negar un amparo al capo sinaloense, para que en caso de ser detenido, sea extraditado a territorio estadounidense.
“Es incuestionable que los artículos 17 y 18 de la Ley de Extradición, así como el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al tener su fundamento en el artículo 119 constitucional, no pueden ser considerados inconstitucionales, como lo pretende el recurrente”, resolvió la Primera Sala de la SCJN.
Este día, la juez Núñez Solorio, concedió la suspensión de plano a Caro Quintero, solicitada por el capo el pasado 25 de noviembre, a efecto “de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición de los quejosos, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que en su caso se emita dentro del juicio de amparo”.
Según el expediente 895/2019, Caro Quintero señala como autoridades responsables, entre otras, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, la juez Núñez Solorio dejó en claro que la suspensión de plano sólo se limitaría a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señaladas, por lo que no surtiría efectos si la orden fue dictada por autoridades distintas.
Tampoco surtiría efectos si la orden de extradición ya fue ejecutada con antelación o si se trata de hechos diversos de los expresados en la demanda de amparo; como tampoco si es emitida con posterioridad, ya que debe atenderse a que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables, ni eventuales.
Asimismo, la juez Núñez Solorio dio de plazo cinco días para que los abogados del narcotraficante sinalonse especifiquen qué acto o actos son lo que reclama, ya que en la demanda de Caro Quintero, esto no se advierte con precisión.
Alias “El Príncipe” cumplía hasta agosto de 2013 una sentencia, por la que permaneció 28 años de prisión -de los 40 que tenía de condena-, por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, miembro de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), pero logró salir de la cárcel gracias a un amparo, el cual fue revertido dos años después por la SCJN.
Mientras tanto, el Gobierno estadounidense solicitó que, de ser reaprehendido, Caro Quintero sea extraditado a EE.UU. para comparecer ante la justicia de dicho país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre de este año.
El pasado 23 de octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó a través de un comunicado, que busca confiscar bienes en México, que adquirió con recursos ilícitos el capo sinaloense. Según el documento emitido por las autoridades estadounidenses, las ocho propiedades del prófugo de la justicia, se encuentran en Guadalajara, Jalisco.
A finales del pasado mes de julio, Ray Donovan, agente especial encargado de la oficina de la DEA en Nueva York, afirmó que Caro Quintero -uno de los principales capos de la droga en la década de los 80 del Siglo pasado- es la “prioridad” del Gobierno estadounidense.
El pasado 28 de marzo, alias “El Príncipe” o “Rafa”, logró por segunda ocasión impedir que la SCJN se pronunciara sobre el amparo que promovió, con el cual pretende evitar su extradición a Estados Unidos. “El Padrino” presentó una solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales se declarara impedido para conocer su demanda de garantías.
El ex presidente de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia donde proponía a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, negar la protección de la justicia al capo sinaloense, quien el 26 de marzo reclamó el Tratado de extradición entre México y EE.UU., petición que fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Esa fue la segunda vez que Caro Quintero procedía de la misma forma, ya que en noviembre del 2016, el narcotraficante sinaloense reclamó que el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, elaborara el proyecto de sentencia.
Aguilar Morales proponía en su proyecto de sentencia negar el amparo al capo sinaloense, y devolver el asunto a un Tribunal Colegiado, para que solo revise cuestiones de legalidad, y con ello determinar si Caro Quintero debe ser entregado a las autoridades estadounidenses.
El 12 de abril del 2018, “El Príncipe” fue incluido en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, crimen por el que ya había purgado una condena de 28 años de prisión en México.
Caro Quintero, a quien el FBI considera que “está armado y es extremadamente peligroso”, y por quien ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura, había negado en una entrevista videograbada con la periodista Anabel Hernández, publicada en el diario digital The Huffington Post, el pasado 5 de abril, que siguiera activo en el narcotráfico y que se encuentra fugitivo, “por un crimen por el que ya pagó”.
En dicha entrevista, publicada también por el portal Aristegui Noticias, el capo de 67 años de edad y originario de Badiraguato, Sinaloa, pidió a la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y al Gobierno Federal mexicano, que “hagan bien su trabajo” y que lo “dejen en paz”.
La acusación de la DEA y la Fiscalía neoyorquina (EDNY Docket No. 15-CO-208 S-2), también detalló el “papel principal” de Caro Quintero “en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017”.
“El 30 de julio de 1992, la Corte de Distrito del Distrito Central de California emitió una orden federal de arresto, acusando a Caro Quintero de crímenes violentos en favor del crimen organizado, de conspiración para secuestrar a un agente federal, de secuestrar a un agente federal, de asesinar a un agente federal, de ayudar, instigar y ser cómplice después de ese hecho”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA”, dijo el Director Adjunto del FBI, David L. Bowdich.
“El agente especial Camarena estaba dedicado a detener el narcotráfico y a romper el círculo de delitos relacionados con las drogas. Él mostró gran valentía para ir tras los narcotraficantes más violentos. Y es precisamente por esta valentía y entrega que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero sino hasta que demos con él y lo pongamos tras las rejas, donde pertenece”, abundó Bowdich.
En julio del 2016, en una entrevista publicada por el semanario Proceso, el capo sinaloense había dicho, también, que ya no pertenecía al narcotráfico y que no mató a Enrique “Kiki” Camarena, además de que no estaba en guerra, ni Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, ni con Ismael Zambada García, “El Mayo”.
A principios de la década de 1980, Caro Quintero, en aquel momento con 30 años de edad, junto a “Don Neto” y a “El Padrino”, se convirtió en uno de los tres líderes del Cártel de Guadalajara, el cual formó alianza posteriormente con el Cártel de Medellín, liderado por el traficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.
“Se considera a Caro Quintero como uno de los ‘padrinos’ del narcotráfico, que ayudó a formar el Cártel de Guadalajara a fines de la década de 1970. Supuestamente, se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y estuvo a cargo del cártel en Costa Rica y en la frontera entre los Estados Unidos y México”, señaló el Gobierno estadounidense en su comunicado.
Fue entonces cuando Enrique “Kiki” Camarena Salazar se infiltró en el Cártel de Guadalajara. En 1984, como resultado de la información obtenida por el agente encubierto estadounidense, cientos de soldados mexicanos asaltaron Rancho Búfalo, una plantación de marihuana del grupo criminal, cuya producción anual estimada era de cientos de millones de dólares.
“En noviembre de 1984, las autoridades mexicanas allanaron una plantación de 2 mil 500 acres de mariguana, propiedad de Caro Quintero. El Cártel de Guadalajara culpó al agente especial Camarena Salazar por la redada, y decidió tomar represalias”, abundó el Gobierno estadounidense.
“El agente especial Camarena, un ex marino, bombero, oficial de policía y alguacil adjunto, estuvo muy cerca de descubrir una ruta de millones de dólares para para transportar drogas por un millón de dólares de México a los Estados Unidos en 1985”, señaló el Gobierno de EE.UU.
“Kiki” Camarena Salazar y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.
“Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos”, abundó el Gobierno de EE.UU.
El capo sinaloense, quien había sido condenado a 40 años de cárcel por el crimen de “Kiki” Camarena Salazar, pero sólo pasó 28 años en prisión, ya que fue liberado el 9 de agosto de 2013, por un Tribunal del estado de Jalisco, mismo que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico, ya que consideró que el caso debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal.
Caro Quintero se fugó tras conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una nueva orden de aprehensión con fines de extradición a EE.UU., cuyo Departamento de Justicia, ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, misma que subió hasta los 20 mdd.
Dos días más tarde, el entonces Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, ordenó su detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, con el propósito de juzgarlo por el crimen del agente “Kiki” Camarena.
En diciembre de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que solicitó que no se le persiguiera más porque lo que tenía que pagar lo saldó en prisión. Sin embargo, en actualidad el capo sinaloense es buscado para que cumpla los 12 años que le faltan de condena.
El 22 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato al fallo de la SCJN, declaró nuevamente penalmente responsables a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente de la DEA y del piloto mexicano Zavala Avelar, por lo que de nueva cuenta le impuso al capo sinaloense la condena de 40 años de prisión. Desde entonces, “El Príncipe” tiene dos mandamientos judiciales en su contra.
