Entre los productos que más subieron de precio, destaca el huevo, con un alza de más del 26%; aguacate, 31%, naranja, 29%; calabacita, 26.96% y papaya 20.39%. La depreciación del tipo de cambio presiona la inflación en BC. El dólar podría llegar hasta 27 pesos al cierre del año, mientras que analistas anticipan una caída de 40% en remesas
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El precio de los alimentos reportó un alza significativa en marzo de este año, derivada de las medidas de contención de la pandemia de coronavirus, comentaron especialistas consultados por ZETA.
A nivel nacional, el precio de los productos agropecuarios aumentó casi 10% a tasa anual. Incremento significativo si se toma en cuenta que en enero, el precio de estos productos subió 1.44 %.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en el tercer mes del año en curso, el precio de las frutas y verduras tuvo un aumento anual de 13.47%, en contraste con lo reportado en enero, cuando en promedio su costo disminuyó 1.76%.
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El incremento visto en marzo de 2020 también se percibió en productos pecuarios (carne, lácteos), cuyo precio subió 7% en promedio; cantidad superior en 2.55 puntos porcentuales a la registrada en el primer mes del año.
Para Roberto Iván Fuentes Contreras, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el encarecimiento de los productos de primera necesidad se debe a “un choque temporal” en la demanda, es decir, que en los primeros días de aislamiento por la epidemia del SARS CoV2 (COVID-19) la gente asumió que la situación no sería muy buena y adquirió más alimentos de los que usualmente consume. Aunado a ello, pudo haber productores que aprovecharon la coyuntura para incrementar el precio de sus artículos.
Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, explicó que el aumento de la demanda influyó también para que se diera la especulación. Sin embargo, a más de un mes de establecerse el aislamiento social, los precios se han ido “estabilizando ligeramente” luego que la demanda comenzara a contraerse, en una “situación atípica en la economía”, ya que poco a poco ha ido bajando la demanda, lo mismo que la oferta de productos, debido a la disminución de la producción de las empresas, lo que también ha hecho que la distribución de productos sea más lenta.
Por esa razón, dijo el especialista, las personas no encuentran las mismas mercancías que estaban en los anaqueles antes de la emergencia sanitaria.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refieren que, en el tercer mes del año, la canasta alimentaria y no alimentaria urbana tuvo un aumento anual de 3.75%, al pasar de 3 mil 108.18 pesos en marzo de 2019, a 3 mil 224.80 pesos en marzo de 2020. En tanto, la canasta alimentaria y no alimentaria rural se encareció 84 pesos (4.18%) en el mismo lapso.
HUEVO SUBE 26.2%
Dentro de los productos agropecuarios con un alza mayor durante marzo, destaca el kilogramo del huevo, cuyo costo incrementó 26.2%, señaló Fuentes Contreras.
FOTO: Alejandro Gutierrez Mora
Lo que sucede con este producto es un ejemplo de cómo ha afectado COVID-19 a nivel mundial, ya que en el mercado internacional de productos agropecuarios, el precio del huevo se ha disparado 300%, expuso el especialista.
“Este incremento no parece estar relacionado con la oferta, toda vez que la gran mayoría de los productores de huevo están produciendo al cien por ciento. Lo que está pasando es que hay un choque en la demanda de huevos, porque hay mucha gente que no está saliendo a comer fuera y está comprando alimentos para cocinar en casa”, complementó.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iba y multaba a algunas tiendas que incrementaron el precio, pero es probable que esos establecimientos no hayan incrementado sus ganancias de forma extraordinaria, sino simplemente transfirieron al consumidor final el costo que le dio su proveedor.
Pero si el comercio sabe que si incrementa el costo será multado, lo razonable es que deje de ofrecer ese producto. “Entonces tenemos una suerte de escasez”, indicó el catedrático de la Facultad de Economía.
La situación descrita por el catedrático, es la que enfrentan algunos consumidores, para quienes ha sido difícil encontrar ese alimento. Un ciudadano relató que desde hace dos semanas no hay huevo en la tienda Aurrerá en la que habitualmente adquiere su despensa. “Me cruzaba al Soriana donde había poco, pero había, pero hoy ya de plano no lo encontré”, manifestó a ZETA.
Otros alimentos que se encarecieron en marzo pasado fueron: pepino, 40%; aguacate, 31%; naranja, 29%; chile poblano, 27.53%; calabacita, 26.96%; y papaya, 20.39%.
BAJA EN GASOLINAS NO REPERCUTE EN MENOS INFLACIÓN
Los expertos consultados por este Semanario coincidieron en que, debido a la caída del precio del petróleo, el costo de las gasolinas ha bajado en el país. Se esperaría que aumentara la demanda de esos combustibles, pero “la verdad nadie está consumiendo gasolina porque una amplia proporción de las personas está en su casa”, así que el impacto del abaratamiento de los combustibles no tiene el efecto esperado en la inflación.
En marzo, el precio de la gasolina Premium disminuyó 3.54% y el de la regular 4.26%, y estas tienen un importante peso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin embargo, el indicador económico se ubicó en 3.25% a tasa anual, precisó Roberto Valero.
La depreciación del peso respecto al dólar estadounidense, de alrededor de 30% a lo largo del año, “le está pegando a la inflación”, declaró para añadir que, a nivel general, el país importa gran parte de los productos básicos (alrededor del 40%), contribuyendo al encarecimiento de éstos.
Ante ello, “los hogares empezarán a cambiar su dieta dejando de consumir algunos productos y/o cambiando de marcas para que pueda rendirles más su dinero”. Esto será más palpable si la contingencia se prolonga, ya que el ingreso de muchos trabajadores está disminuyendo.
Del 13 de marzo al 6 de abril, en México se perdieron 346 mil 878 empleos, cantidad
Presidente no tiene facultad para reasignar el presupuesto: panel de especialistas
Diego Valadés / Héctor Juan Villarreal Páez
Sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enmienda que permitiría al Presidente de la República reorientar el gasto público ante las afectaciones económicas generadas por el coronavirus, el jurista mexicano Diego Valadés Ríos, refirió que la facultad de hacer modificaciones y aprobaciones al financiamiento corresponde al Poder Legislativo.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionó que las leyes establecen que para casos de emergencia o urgencia ya está prevista la intervención del Congreso y, en materia de reorientación presupuestaria, las previsiones respectivas de antemano se encuentran estipuladas en la legislación.
En el parlamento abierto celebrado el jueves 30 de abril por la Cámara de Diputados, Valadés Ríos, quien participó como especialista invitado, cuestionó que el dictamen contemplado para someterse a votación el 5 de mayo no incluya una definición de emergencia económica, con todo y que los objetivos a los cuales está encaminada la reasignación de recursos por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador se trazaron a partir de esa figura.
A propósito de tales lineamientos, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que “mantener la ejecución de proyectos y acciones prioritarias” ante la situación emergente por la que atraviesa el país resultaría improcedente, toda vez que “si se trata de una emergencia, es para hacer frente a fenómenos no previstos”.
También se dijo en desacuerdo con la idea de fomentar actividades económicas ante la consabida eventualidad, a propósito de lo cual arguyó que las funciones de fomento no aplicarían en una situación que requiera de acciones inmediatas.
Por lo que respecta a hacerle frente a una “emergencia de salud”, la declaratoria que el Gobierno de México emitió al respecto es de “emergencia sanitaria”, de manera que se trata de dos conceptos distintos que en todo caso deberían estar diferenciados en el dictamen.
En cuanto al propósito de atender programas para beneficio de la sociedad, sostuvo que ello conlleva “una amplitud que puede resultar desconcertante e incluso peligrosa”, en razón de que “sería muy discrecional qué es lo que beneficia a la sociedad”.
Agregó que los programas sociales ya están contemplados en el presupuesto y a final de cuentas éste está concebido en su totalidad para beneficio de la sociedad.
A decir del académico, más que una reforma se requiere una “cirugía mínima para mantener la estructura de la Ley”.
Propuso definir qué es una emergencia económica, al igual que establecer quién hace la propuesta y determinar la extensión del periodo económico emergente.
En el parlamento abierto realizado para analizar la propuesta de reforma, también participaron la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, Mariana Campos; el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Juan Villarreal Páez; y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.
Mariana Campos se pronunció por constituir un consejo económico para emergencias que cuente con la participación de Banxico, Inegi, SHCP, ASF, Congreso, los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, la academia, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de “fortalecer el proceso que se quiere legislar”.
Consideró “sumamente graves” las atribuciones que asumiría López Obrador con la enmienda a ser votada, pues “gran parte del presupuesto se asigna a pagos que no puede controlar el Ejecutivo”.
A su vez, Villarreal Páez estimó que el proyecto resulta “muy ambiguo” y está “mal justificado”, por dejar de hablar de contingencia para introducir la figura de emergencia. “En el momento en que se circunscribe esto, se estaría perdiendo una generalidad, se estaría autorizando al Ejecutivo en algo que no estaba bien delimitado como emergencia”, sentenció.
Debido a que “la gran mayoría del presupuesto en México es irreductible”, proponer que el Ejecutivo “presente modificaciones al 10% (en lo que está contemplado su margen de reasignación presupuestaria) implica mucha discrecionalidad”, por lo que “tiene que haber reglas muy claras”, expuso.
En tanto que Salazar Ugarte aseveró que en dado caso sería preciso establecer “la bolsa de recursos”, es decir, de dónde se obtendrían fondos para reencauzarlos en el marco de la “emergencia económica ¿del gobierno federal?, ¿de los organismos constitucionales autónomos?, ¿o del financiamiento aprobado para las entidades federativas?”.
En el curso del parlamento también participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández; la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca, además de coordinadores de bancada en San Lázaro.
Terrazas Baca coincidió en que la iniciativa carece de reglas claras y no prioriza el gasto en salud, ni de qué partidas se reorientaría el presupuesto, por lo que consideró tener ante sí la responsabilidad de aprobar o no “un disparate de esta naturaleza”.
Delgado Carrillo insistió: lo que realmente pudiera sembrar condiciones de discrecionalidad, sería no legislar al respecto, “es lo que se ha hecho siempre, no queremos ese escenario”, manifestó. En su perspectiva, la intención del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados (Morena, del cual a su vez es coordinador) no se traduce a darle “poderes extraordinarios al Presidente”.
Finalmente, al hacer uso de la palabra, Rojas Hernández estableció: “Se tiene que garantizar que el Ejecutivo tenga capacidad de manera rápida ante una emergencia, pero sin socavar la división de poderes”. Eduardo Andrade Uribe
mayor al número de puestos laborales creados durante el año pasado.
TIJUANA, LA MÁS GOLPEADA POR TIPO DE CAMBIO EN BC
En Baja California, la segunda entidad federativa que más dólares mueve después de la Capital del país, las depreciaciones “son letales” sobre todo en Tijuana, donde la economía está “muy dolarizada” y muchos productos se importan, afirmó Valero.
Muestra de ello es que el indicador de alimentos creció anualmente 5.75 % en marzo, el dato más alto en quince meses, resaltó el especialista.
En el mismo periodo, “la renta de vivienda se disparó 3.48%” y el costo de los servicios de salud creció 4.22%. Esta última cifra es la más elevada en once meses. En el rubro médico, las consultas se encarecieron 1.47% y los análisis clínicos 4.5%.
Agregó que en Mexicali el rubro de alimentos aumentó 3.98% a tasa anual, el dato más alto en siete meses, y la inflación también está siendo presionada por “el costo de la energía eléctrica, que creció 2.9% a tasa anual, por encima de la inflación general”.
Ante la aprobación de un nuevo dictamen por parte del Congreso local para imponer diversos impuestos, como el de los combustibles, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California evaluó que estos gravámenes “tendrán un impacto directo en por lo menos 7 de 10 hogares bajacalifornianos”, por lo que consideró, son inflacionarios.
“Se estima que quitará del bolsillo a los ciudadanos alrededor de 700 millones de pesos, según el precio que tenga el litro para el año próximo”, remató.
DÓLAR PODRÍA SUBIR HASTA LOS 27 PESOS
Ante la crisis económica derivada por el coronavirus, el dólar podría cotizarse “hasta en 27 pesos, en el mejor de los escenarios, y en 29 pesos en el peor escenario” al cierre de 2020, advirtió Carlos Leos Martínez, presidente de los Centros Cambiarios de Tijuana.
Este último panorama podría suceder si el gobierno mexicano no toma medidas contracíclicas que puedan ayudar a reactivar la economía mexicana, que ya se encontraba estancada.
Para Leos Martínez, “la inflación se mantendrá en el objetivo del Banco de México (3% más /menos un punto porcentual), debido a que el banco central mantiene una alta tasa de interés ubicada en 6%, habrá subejercicio en el gasto del Gobierno Federal y un decrecimiento crecimiento económico”.
En ese sentido, coincidió con Roberto Iván Fuentes Contreras en que la inflación “no se disparará”, por lo que el efecto de un tipo de cambio alto se verá realmente una vez que la población retorne a la normalidad.
Por otro lado, Leos estimó que las remesas que connacionales que residen sobre todo en Estados Unidos, podrían caer hasta 40%, ya que en la Unión Americana hay más de 20 millones de desempleados. Este dato le pegará a las familias mexicanas y a la economía nacional.
No obstante, consideró que ante la baja demanda la inflación se mantendrá dentro del objetivo del Banco de México (de 3% más/menos 1 punto porcentual). En ello coincidió Fuentes Contreras, quien no observó un margen para que las empresas incrementen sustancialmente sus precios ante la caída de ventas que están teniendo.
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