La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su preocupación por el anuncio del gobernador Jaime Bonilla, de utilizar a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y la Guardia Nacional para cuestionar el libre tránsito de los ciudadanos, ante la contingencia por el COVID-19.
Jaime Bonilla anunció desde el 30 de marzo, que los elementos de la GESI podrían preguntar a los ciudadanos sobre los motivos para estar en la calle, e invitarlos a regresar a sus hogares si no es por algo esencial.
A través de un comunicado, la CNDH señaló que las labores de convencimiento de la población a quedarse en casa, no pueden ir más allá de un exhorto a no circular en vía pública.
Destacó que sólo el Presidente de la República, aprobado por el Congreso de la Unión, tiene la facultad para decretar el “estado de excepción ” o la “suspensión de derechos”, mejor conocido como toque de queda, conforme al Art. 29 Constitucional, en donde se permitiría el uso de la fuerza o coerción.
“El acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el 31 de marzo de 2020, se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible”, cita el texto.
Es decir, sólo se impide el desplazamiento público a personas mayores de 60 años, en embarazo, puerperio inmediato, o con diagnóstico de obesidad, diabetes e hipertensión, así como enfermedades cardíacas, pulmonares e inmunosupresión.
La CNDH recalcó que estas medidas deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.
