Se detectan primeros casos de coronavirus en centros penitenciarios de México. En penales de Mérida y Cuautitlán, hay varios internos infectados. Capo del Cártel de Juárez se auto diagnostica con COVID-19 en Cefereso 1 Altiplano y pide amparo para que le atiendan. Gobierno Federal niega que en los establecimientos a su cargo haya personas con el virus. Fernanda Dorantes, de Reinserta AC, considera que desde siempre hay negligencia de las autoridades e indiferencia de la sociedad y las instituciones hacia las cárceles. La fundación pide salida de niñas y niños, o áreas especiales en prisión para ellas y sus madres presas. Decenas de personas privadas de libertad buscan protección de la justicia para que autoridades sanitarias y carcelarias impidan y controlen el brote
En reclusorios de Mérida, Yucatán y de Cuautitlán, Estado de México, se registraron los primeros contagios por COVID-19, reconocieron autoridades de ambas entidades, aunque no serían los únicos casos, pues en algunas cárceles los propios presos y sus familias han alzado la voz para que se les atienda en áreas médicas, pues aseguran tener todos los síntomas, como un presunto capo del Cártel de Juárez que se encuentra en el penal de máxima seguridad Altiplano.
Lo que se veía venir llegó. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció los brotes en ambos penales estatales, pero aseguró fueron “encapsulados y contenidos”, por lo que será necesario esperar dos periodos de inefectividad -28 días- para conocer el progreso del virus. Esto ocurrió pese a que tres semanas antes, autoridades sanitarias hicieron pública una guía para el manejo de bioseguridad en centros penitenciarios.
El primero de los asuntos se conoció el lunes 13 de abril en el Centro de Reinserción Social de Mérida, donde un interno de 60 años de edad fue diagnosticado y confirmado con coronavirus. El hombre -que se encuentra estable- tenía contacto con otros tres compañeros de celda, quienes ahora se encuentran en aislamiento y con supervisión de los especialistas, para evitar la propagación de la enfermedad. Sus familiares ya fueron informados sobre su situación.
El otro caso se registró en el reclusorio de Cuautitlán, Estado de México, donde el brote es mayor. También ocurrió el lunes 13. Ahí se tuvo la sospecha de que 23 de los presos podrían estar contaminados por la pandemia, por lo que fueron llevados al penal Neza Norte, donde se cuenta con la aplicación de pruebas correspondientes en un área médica improvisada como hospital.
Cuatro de los internos mexiquenses fueron confirmados con COVID-19. Los internos restantes resultaron negativos, pero quedaron como sospechosos por haber interactuado en los dormitorios con los contagiados y estarán en aislamiento y bajo vigilancia clínica para confirmar o descartar la enfermedad dentro del hospitalito carcelario. Un día después, en el penal de Cuautitlán se registró un intento de motín, lo que generó que cientos de familiares acudieran a verificar la salud de sus internos y protestaran para que les permitieran visitarlos.
A pesar que desde la segunda quincena de marzo unos pocos centros penitenciarios, como los de Puente Grande, Jalisco, cerraron sus puertas a las visitas y redujeron el acceso a los abogados, en muchas de las cárceles del país no había restricciones al respecto, como en Chihuahua y Estado de México, entre otros, aunque en la mayoría de estos lugares ya se efectuaban medidas de prevención, higiene y desinfección para proteger a los presos y al personal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que hasta el momento no se han registrado casos de coronavirus en alguno de los 17 centros penitenciarios federales que opera el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), pero que la dependencia permanece atenta al estado de salud de los internos, aplicando los protocolos sanitarios establecidos.
El miércoles 15 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos reducir la sobrepoblación en los penales. La invitación fue para que tanto la OEA como los gobiernos busquen medidas alternas a la privación de la libertad de las personas para que se garantice su derecho a la salud y a la vida.
UN CASO EN MÁXIMA SEGURIDAD
No obstante que la SSPC aseguró que en los penales federales a su cargo no hay casos de COVID-19 detectados o confirmados, un interno del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, promovió un juicio de garantías aduciendo que padece del mal y no es atendido por las autoridades carcelarias.
Se trata de Carlos Arturo Quintana Quintana “El 80”, preso desde 2017 por ser considerado el líder del Nuevo Cártel de Juárez y del grupo criminal La Línea, según el Gabinete de Seguridad de la anterior administración. Los abogados del supuesto capo presentaron el escrito ante la Oficialía de Partes de los tribunales federales en el Estado de México, y fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales.
El juicio de derechos fundamentales señala como autoridades responsables al director general, a los miembros del Consejo Técnico Interdisciplinario y al titular de los servicios de salud del centro, entre otras. Reclamó los actos de incomunicación y la omisión de los señalados de brindarle atención médica “en relación con los síntomas del coronavirus, enfermedad que, aduce, el promovente, presenta el directamente quejoso”.
El juez concedió la suspensión de plano y de oficio del acto recamado para que cese la incomunicación. Asimismo, para que las autoridades responsables ordenen al personal médico de dicha institución penitenciaria, brinden la atención médica que requiera el quejoso, observando el protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19 al interior del Cefereso bajo los parámetros siguientes:
- a) Brindar la atención médica inmediata y poner a la persona afectada en área de aislamiento.
- b) Notificar inmediatamente a la autoridad de salud del centro carcelario.
- c) Dar seguimiento puntual a las personas con quien más tuvo contacto para mantener la vigilancia sanitaria de la población del Cefereso Número 1 Altiplano.
d). Seguimiento de la evolución para determinar, en su caso, el traslado a algún hospital de la localidad.
El juez acordó “en caso de carecer del aérea de aislamiento y por las condiciones de gravedad del quejoso requiera trasladarse a algún hospital de la localidad, establecer las medidas de seguridad y sanidad para realizar esta acción, informando oportunamente a la autoridad del hospital donde se considere atenderlo, estableciendo las medidas de vigilancia pertinentes”.
Las autoridades penitenciarias señaladas por “El 80” ya comenzaron a informar al juzgador del cumplimiento que están dando a las medidas cautelares decretadas. En tanto, un actuario judicial adscrito fue comisionado para constituirse en el penal de máxima seguridad donde se encuentra el quejoso para que lo requiera, a fin de que ratifique o no la demanda de amparo promovida en su nombre.
NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES
Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, asociación civil sin fines de lucro, con más de cinco años dedicada a mejorar la seguridad pública y el sistema penitenciario en México, aseguró en entrevista con ZETA que existe desatención de las autoridades que tuvieron tiempo para prevenir el arribo de la pandemia, sobre todo en el caso de los reclusorios donde se refiere a una población que por excelencia se define como un grupo social en condiciones de vulnerabilidad.
“Sin duda ha habido una fuerte negligencia”, destaca la abogada, quien calificó como tardías las medidas implementadas en los penales de Ciudad de México, Estado de México y las demás entidades federativas. “El trato indiferente de manera sistemática al sistema penitenciario data desde hace muchísimos años de parte de las autoridades, la sociedad y las instituciones. Entonces, tenemos un caldo de cultivo para una crisis socialmente grave, porque se trata de una situación en la que se pone en riesgo no solo la salud, sino incluso la vida de las personas”, consideró.
Desde una perspectiva socialmente pragmática, la investigadora plantea que esta contingencia sitúa a México ante un problema de seguridad nacional “y es un poco lo que se ha evidenciado en estos días con las noticias de las personas privadas de su libertad en el reclusorio de Cuautitlán, quienes tuvieron un conato de motín luego de los contagios y de que se restringieron las visitas familiares como una medida ante la emergencia sanitaria”.
Pero como toda dificultad requiere de la búsqueda de soluciones, Dorantes advierte tres alternativas: “Una es la Ley de Amnistía, que caería en la cancha de los poderes legislativos de cada Estado; otra es el indulto, que correría por cuenta de los poderes ejecutivos de los estados; y la ruta de la política penitenciaria y de las pre liberaciones por razones de humanidad que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que compete tanto al sistema penitenciario como al Poder Judicial”.
Evidentemente las tres acciones se llevarán tiempo. Se habla de una demora de hasta seis meses para resolver cualquiera de los escenarios. La entrevistada asegura que es aquí donde se tiene que ver que existe voluntad política y que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno, de los ámbitos locales y federal, para hacer que las cosas sucedan.
“Dentro de seis meses no nos sirve. Las líneas de acción se tienen que tomar en este momento. Es indispensable evitar los contagios dentro del sistema penitenciario ahora mismo. El hecho de desahogar las cárceles del país definitivamente no es la única medida, pero sí es un primer paso muy importante, para que una vez que se haya desahogado las prisiones de nuestro país, entonces se puedan aplicar de manera eficaz e integral a toda la población penitenciaria que aún quede en reclusión, las medidas necesarias para la prevención, para la atención y para después de la crisis”, enfatiza Dorantes.
Sobre la cantidad que pudiesen ser beneficiadas con alguno de los mecanismos de libertad o pre liberación, o la implementación de medidas especiales establecidas en la propia LNEP, la abogada acepta que no se cuenta con ese dato concreto, “pero si nos apegamos a lo que establece el Artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues son muchísimos supuestos: personas de la tercera edad, con una situación de salud mermada grave, mujeres embarazadas y también a las personas que no cometieron un delito grave y cuya pena no exceda cinco años de prisión. Ahí sí te puedo decir que, del total de la población penitenciaria en México, poco más de la mitad está recluida por delitos patrimoniales: robos diversos, algún tipo de fraude, etcétera, entonces sí puede haber un amplio número de personas que podrían ser beneficiadas”.
Y remató:
“Ahora, conforme a las leyes de amnistía o el indulto, las propuestas emanadas de los poderes facultados, ellos tendrán que ser los que establezcan las directrices para saber a qué personas liberar”.
MUJERES Y MENORES
La asociación Reinserta solicita a los tres órdenes de gobierno, crear espacios dignos, completamente separados del resto de la población penitenciaria, para madres, niñas, niños y mujeres embarazadas en conflicto con la Ley frente a la pandemia de COVID-19.
En la medida de lo posible, pide reducir el número de infantes que habita dentro de los centros penitenciarios y que se les derive con familiares en el exterior.
En el caso de mujeres privadas de libertad y sus hijas e hijos en etapa de lactancia, requiere de ubicarlos en zonas de protección especial con acceso restringido y controlado, así como implementar medidas pre liberatorias por criterios de política penitenciaria, previstas en el Artículo 146 de la LNEP “a aquellas mujeres en mayores condiciones de riesgo”.
Igualmente, el organismo de la sociedad civil exige a las autoridades dotar de los recursos necesarios al sistema penitenciario para el cuidado y atención del personal que labora en reclusorios en las diversas áreas y en seguridad y custodia, a efecto de mantener la gobernabilidad en este tipo de establecimientos.
Aunado a las medidas de sanitización, se pide tener un control extremo para que el personal penitenciario tenga sus áreas específicas de labores y no transiten por otras zonas ni interactúen con personas diversas a las que corresponden al espacio que les sea delimitado.
Fernanda Dorantes hace un llamado a la conciencia, tanto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para lograr “una política penitenciaria y una política general muy bien pensada y muy bien dirigida, sobre todo dirigida a esta parte de no tener miedo. Estamos en una situación de crisis, pero esta situación de crisis debe representarles una oportunidad para empezar a liberar y cambiar aquellas cuestiones arcaicas; evolucionar en nuestra manera de impartir justicia en México, como se hace en Estados Unidos de América, que no es el mejor, pero sí nos lleva ventaja en eso de privilegiar la libertad en vez de usar la prisión como primer recurso. Es tiempo de empezar a romper paradigmas”, concluye a manera de reflexión.
