A la hora de escribir estas líneas, ya son más de 10,500 casos de contagio por coronavirus los reconocidos por las autoridades federales; a ellos habría que sumar los que todavía no reconocen, pues, a decir de las propias autoridades sanitarias, sus estadísticas cargan con “una semana y media o dos de retraso”.
Esos 10,544 reportados al 22 de abril, deben multiplicarse por 8.2 para acercarnos al número real de contagios en México, tal y como lo han dicho -¡otra vez!- las propias autoridades sanitarias, lo que arroja 86,460 infecciones. Si maquillan o “administran” centralmente los números en Palacio Nacional, (el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla dixit), la discusión sale sobrando cada vez más, pues al menos en Tijuana ya es cosa común y corriente saber de vecinos, compañeros de trabajo o conocidos infectados por el coronavirus o, peor aún, que han muerto por COVID-19.
La pandemia está golpeando cada vez más brutalmente a las familias de las colonias populares, como una realidad que las desespera ante la incapacidad de que sus enfermos reciban alivio a sus males y -en cada vez más casos- por las dificultades para sepultarlos.
Algunos medios bajacalifornianos e incluso algunos extranjeros (como Los Angeles Times, San Diego Union Tribune y la agencia rusa de noticias RT) han reportado la gravedad de lo que ya se vive en la entidad, tanto por un sistema hospitalario ya rebasado, como por el creciente número de fallecimientos. A la fecha, el secretario de Salud informó de 975 casos de COVID en la entidad, que, de acuerdo con el modelo centinela, son ya realmente cerca de 8 mil, así como de 133 muertos por esta enfermedad (37 de ellos en las 24 horas previas a su reporte). Cada 40 minutos murió un bajacaliforniano, del 21 al 22 de abril.
Por más manejo que se le pretenda dar a los números, por más que se nos repita por las mañanas y por las tardes que vamos “requetebién”, que estábamos preparados para la pandemia, que somos el país que mejor se ha sabido enfrentar a esta enfermedad en el mundo, ya ocupamos el número 28 en contagiados (y eso que somos el país que menos pruebas de COVID aplica a su población, pues prácticamente se las hacen solo a los que son hospitalizados con cierta gravedad). El índice de muertos sobre los enfermos reconocidos es superior al promedio mundial; diez veces más alto que el de Rusia, por poner un ejemplo.
Este resultado era de esperarse cuando el gasto en salud no ha sido prioridad para los gobiernos de nuestro país. de acuerdo con datos del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del centro de análisis México Evalúa, “México gasta alrededor de 2.4 puntos del PIB de su economía en salud. Gasto que, lamentablemente, ha ido disminuyendo. Es decir, ha caído en relación con el gasto máximo registrado en relación con la economía, que fue de 2.8 en el año 2012”. De allí que la esperanza de vida de los mexicanos se encuentre cinco años por abajo del promedio de los países integrantes de la OCDE.
Dentro de este grupo, México es la nación con la peor cobertura de salud; el país en el que los ciudadanos tienen que gastar más de su bolsillo en atención médica. Hay indicadores, publicados en un informe reciente sobre salud de la OCDE; por ejemplo, la tasa de mortalidad a los 30 días de haber sufrido un ataque cardíaco en México es la más alta, casi cuatro veces el promedio de los países miembros.
Con la llegada de la 4T, muchos mexicanos esperaban que las cosas mejorasen en la calidad de vida del pueblo trabajador; particularmente en la salud, se necesitaba un cambio positivo, pero nada más lejos de la realidad.
En 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el subejercicio en el gasto de infraestructura en salud fue de 65% del presupuesto, lo que afectó de manera importante los programas de compras de equipo médico (37%), ampliación o remodelación de instalaciones hospitalarias (36%), adquisiciones generales de los hospitales (14%) y construcción de hospitales (12%). La pandemia solo ha venido a confirmar la necesidad de que el pueblo adquiera conciencia de la realidad nacional y se decida a luchar de una manera organizada por construir un gobierno auténticamente popular.
El Movimiento Antorchista, además de tener claro este objetivo a mediano plazo, exige en lo inmediato que se apoye a las familias afectadas en su ingreso por el confinamiento, con alimentos para soportar la cuarentena, al mismo tiempo que se dote de equipo, protección y justa remuneración a médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate sanitario a la epidemia.
Ignacio Acosta Montes
Dirigente de Antorcha en el Noroeste del país.
