Sorpresivamente, el pasado 15 de abril, en el marco de la crisis de la pandemia por el coronavirus, la Fiscalía General Estatal de B.C. emitió una determinación de archivo, del expediente del proceso penal abierto en contra del ex oficial Mayor, Jesús Demián Núñez Camacho, y de la ex secretaria de Bienestar, la ex diputada federal del M.C. y del P.E.S., Cynthia Gissel García Soberanes, por imputaciones de estar implicados directamente en presuntos actos de corrupción (“los moches”) para que empresarios obtuvieran contratos gubernamentales en la administración morenista.
La determinación fue emitida considerando que después de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público, no se encontraron elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal en contra de los ex servidores.
En relación a esto, es oportuno citar que el superdelegado del Gobierno Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en su momento tuvo conocimiento de la existencia de dichos ilícitos, lo cual solamente informó de manera directa al gobernador Jaime Bonilla, omitiendo su obligación de presentar puntualmente una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes: la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública, y la Fiscalía General Estatal de B.C., respectivamente.
Enseguida, la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza, anunció el inicio de las investigaciones, atendiendo los señalamientos del denunciante de los citados actos de corrupción, el director de Promoción Social de la Secretaría de Bienestar, el ex diputado local priista, Rosendo Colorado, destacando durante este anuncio que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, necesariamente tendría que separarse del cargo por su presunta participación en estos ilícitos (lo cual no se atendió).
También tocante a ese caso, resulta importante revelar que el 21 de diciembre de 2019 el Congreso de B.C. eligió a Elizabeth Ojeda como fiscal anticorrupción; pero ella nunca recibió el expediente de “los moches”, como tampoco recibió recursos del gobernador ni del fiscal general (quien la boicoteó, obligándola a renunciar el 29 de enero de 2020), y fue así que el 31 de enero del presente año, personal de la Fiscalía General Estatal adquirió la responsabilidad de la carpeta.
Posteriormente, a principios de marzo, la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza, promovió y obtuvo la cancelación de la reunión del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de B.C., en cuya orden del día se incluyó la petición de realizar una investigación exhaustiva e independiente en el caso de “los moches”.
Finalmente, el pasado 15 de abril, la Fiscalía General Estatal de B.C. emitió la cuestionable determinación de archivo del expediente del proceso penal relativo a “los moches”, al no haber diligencia que tramitar.
Con respeto, por lo anterior, exhorto a la ciudadanía bajacaliforniana a pronunciar sus manifiestos.
Atentamente,
Quím. Miguel Ángel Machado.
Tijuana, B.C.
