Recientemente, el Consejo de Salubridad General publicó en su portal de internet el borrador de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, la cual pretende aplicarse para la toma de decisiones cuando la emergencia de salud pública genere una demanda en los recursos de medicina crítica que no sea posible satisfacer, especialmente ante la nueva enfermedad viral infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.
Es muy probable que en algunos Estados ya se esté presentando esta situación, lo que presione la aprobación de una especie de guía para jugar a ser Dios y decidir sobre la vida y la muerte de muchas personas en México.
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Con la guía se proyecta la asignación de los recursos escasos de la medicina crítica, para salvar el mayor número de vidas. El documento señala que se debe dar prioridad a las personas que estén en etapas más tempranas de su vida, las cuales no hayan completado los estados de desarrollo bio-psico-social humanos (infancia, adolescencia, edad adulta, vejez); además, evaluar la comorbilidad (coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo) y la gravedad de la enfermedad.
Lo anterior, a todas luces implica que, de aprobarse y aplicarse, existirán personas con poca probabilidad de que se les brinde la atención médica integral, entre ellas las personas mayores, las personas con VIH/Sida, muchas personas con discapacidad asociada a alguna enfermedad, entra otras.
El inciso 2.1 de la guía dice: “Esta guía no excluye de manera categórica a ningún paciente que sería, en condiciones ordinarias, sujeto a recibir cuidados críticos. Esto quiere decir, en principio, que la edad biológica o tener una discapacidad no son de por sí características que excluyan a pacientes de recibir cuidados críticos…”; lo cual se lee muy bien. El problema es cuando esas circunstancias, y asociadas al COVID-19, ponen en desventaja a las personas ante la suma de diversos factores.
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Por ello, en estos momentos, bajo la obligación de garantizar los derechos humanos, las autoridades en la materia deben asegurar la plena realización del derecho a la salud, a la vida y a la igualdad sin discriminación.
Es imperante hacerle ver a nuestros gobernantes que la garantía del derecho a la protección de la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella. Y debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Antes de que el Estado, a través de comités, decida quién merece vivir y atente contra la igualdad de las personas -ponderando sobre la vida y eligiendo cuál es la de mayor valía para salvar-, debe de ejercer el máximo uso de sus recursos disponibles (tanto los recursos existentes dentro del Estado como a los que se ponen a su disposición por la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales), para fortalecer los sistemas de salud. Y con ello evitar que la capacidad existente de cuidados críticos se vea sobrepasada.
Es claro que el Estado mexicano esté previendo que se vea sobrepasada la capacidad existente de cuidados críticos en el sistema de salud; sin embargo, no está destinando el máximo de sus recursos disponibles para salvaguardar la salud y la vida de las personas, por lo cual, si alguien se viera afectado por la aplicación de este instrumento, podría acudir a los mecanismos de tutela directa de los derechos humanos, lo cuales se verían obligados a velar de manera inmediata por el contenido esencial del derecho. Aunque para eso quizás no habría ni tiempo.
Sabemos que los problemas como la falta de disponibilidad (es decir, número suficiente de hospitales equipados, medicamentos, y personal médico, por ejemplo), los están enfrentando países desarrollados y en vías de desarrollo; sin embargo, nuestro país no puede dejar de destinar mayores recursos para la garantía de los derechos que hoy están en juego.
Antes que empezar a decidir qué tipo de ser humano debe prevalecer, es indispensable reorientar todos los recursos al sistema de salud que ha estado tan castigado desde hace tiempo.
Les invito a estar atentas y atentos a este importante debate que debe abrirse no solo a las personas expertas.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
