Prácticamente todos los ayuntamientos de Baja California y el propio Gobierno del Estado, ignoraron una exigencia humanitaria de los más de 8 mil policías que comprende el cuerpo de fuerza de la entidad. Una jubilación tras cumplir 25 años de servicio y 55 de edad, es lo que solicitan agrupaciones representadas por el agente Alejandro Monreal Noriega, además de una serie de beneficios mínimos proporcionales a los riesgos de su trabajo. Los motivos por los que no se ha hecho, aseguran diputados y la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, es porque no se cuenta con recursos suficientes. Hoy día los oficiales llegan a la vejez o fallecen sin prestación alguna
“Ningún policía debe morir uniformado”, es la frase con la que concluye una entrevista Alejandro Monreal Noriega, uno de los representantes de las trece asociaciones civiles de policías de Baja California, que por primera vez se han unido para impulsar que se respete la Ley de Seguridad Pública del Estado, la cual contempla un marco legal definido para la seguridad social de los cuerpos policíacos.
En noviembre de 2017, el diputado priista Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, agregó un párrafo al Artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el cual se obligaba a los ayuntamientos y al propio Estado, brindar mecanismos para la seguridad social y de retiro para los agentes de la entidad.
La iniciativa aprobada por todos los diputados presentes fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, otorgando un plazo de 180 días a los cinco cabildos para que publicaran el reglamento que regularía el funcionamiento.
A más de 27 meses y dos exhortos del Congreso del Estado -uno de estos enviado el 31 de agosto de 2019, ya con la XXIII Legislatura-, solo el Ayuntamiento de Ensenada inició los trabajos para ello. El resto de los municipios mantuvo una postura omisa y se encuentran en incumplimiento.
Las agrupaciones impulsoras de esta acción son: Asociación de Policías Municipales de Tijuana; Asociación de Policías Municipales Héroes de Mexicali; Asociación de Policías Municipales de Ensenada; Asociación de Policías Penitenciarios de Mexicali; Fraternidad Policíaca de Mexicali; Asociación de Policías Ministeriales de Mexicali; Asociación Municipal de Policías Activos y Comerciales de Tijuana; Asociación Profesional de Investigadores y Afines de BC; Grupo de Ministeriales Unidos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate; Grupo Unido Ministeriales de Ensenada; Colegio del Policía y Fuerza Pública Profesional; Comité de Policías Jubilados, Pensionados y Viudas; y la asociación civil Grupo 02-01.
LA EXIGENCIA
El agente municipal Jaime Rico Lozano, de 59 años de edad, murió en su vivienda la madrugada del 13 de marzo, a causa de múltiples enfermedades; tenía diabetes y se le practicaban diálisis recurrentes.
Rico Lozano estaba adscrito a la Delegación de González Ortega en Mexicali y tenía 40 años de servicio profesional, le faltaban tres meses para acceder a su jubilación. La misma historia tuvo el agente Víctor Sepúlveda en San Felipe, restándole un año para retirarse; también el oficial Benito Aguilar, quien tenía 75 años de edad y más de 40 de servicio.
Ninguno de ellos alcanzó a ver su vida profesional terminada, debido a los padecimientos derivados de la estresante vida que conlleva ser uniformado.
Según el ex director de la Policía Municipal, Alejandro Monreal Noriega, uno de los principales impulsores de estas reformas, en Mexicali alrededor de 200 agentes se encuentran en edad de retiro, pero no han podido acceder a este por diversos factores, la mayoría por la falta de recursos por parte del Ayuntamiento.
Alejandro Monreal
Aunque en diferentes niveles, el mismo problema padecen todas las corporaciones de seguridad del Estado. Algunos no alcanzan la edad de retiro, otros permanecen trabajando pese a su avanzada edad, e incluso como los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), solo pueden acceder a una pensión humanitaria.
La propuesta expuesta por Monreal Noriega es que policías de todas las corporaciones puedan solicitar una jubilación a los 25 años de servicio, y agregó que podrían incluir los 55 años de edad.
Sin embargo, el esquema que se plantea, es que se cumpla cierta edad -menos de 60 años- y, con base en los años de servicio, se asigne cierto recurso para que cuando lleguen a los 60, estos gastos sean absorbidos por las aportaciones que se hicieron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
También se contempla que, con base a los años de servicio, se otorgue cierto porcentaje para la vejez. Es decir, si el agente tiene 20 años de servicio y 60 de edad, se le asigne el 70%, pero si tiene 30 de servicio y 60 de edad, le corresponda una cifra mayor.
Aquellos que superen los 25 años de servicio, podrían solicitar un retiro antes de su jubilación y recibir las aportaciones del fideicomiso hasta que alcancen la edad de retiro.
La propuesta para el reglamento establece los siguientes beneficios:
– Afiliación a un sistema de seguridad social que le permita incorporar como derechohabientes a familiares y dependientes.
– Periodo vacacional con goce de sueldo, conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y disposiciones aplicables.
– Prima no menor del 55 % sobre los salarios que correspondan durante el período vacacional, adicional a su salario ordinario.
– Aguinaldo anual, que deberá pagarse de la siguiente manera: en la primera quincena de diciembre 40 días, y 20 días durante la primera quincena de enero.
– Los que no hayan cumplido el año de servicio, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo por el tiempo laborado.
– Acceso a créditos que les permita la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación.
– Prótesis gratuitas en los casos que el Miembro sufra la pérdida de alguna parte de su cuerpo en cumplimiento de su deber, cuando el sistema de seguridad social al que se encuentre afiliado no lo cubra.
– Atención y tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito cuando así lo requiera el Miembro activo o en retiro, para lo cual la Dirección habrá de contar con un departamento o área responsable, que deberá brindar el servicio atendiendo a la confidencialidad y el secreto profesional.
– Licencias con derecho a remuneración por accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, maternidad y paternidad; en el caso de que el sistema de seguridad social al que se encuentre afiliado el Miembro no cubra el 100% de su salario, el Gobierno Municipal deberá igualar su percepción mensual en concepto de salario, a partir del monto mensual del pago realizado por el sistema de seguridad social.
Cuauhtemoc Castilla
– Apoyo económico destinado exclusivamente para la adquisición de uniformes o pago de inscripción de estudios en escuela pública, de los descendientes o dependientes, en el nivel escolar que le corresponda, mismo que deberá ser cubierto en el mes de agosto de cada año.
– Seguro de vida con una suma asegurada mínima de once mil Unidades de Medida y Actualización.
– Recibir atención médica oportuna sin costo alguno, cuando sea lesionado en cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, deberán ser atendidos en la Institución de salud pública o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos.
– Asistencia jurídica oportuna sin costo, cuando el miembro enfrente procedimientos de carácter penal o administrativo derivados de actos en cumplimiento del deber.
Antonio Navarrete Castillo, presidente de Fraternidad Policíaca, Asociación Civil de Mexicali y uno de los más longevos en la lucha por los derechos del gremio, con más de mil 400 miembros, respaldó la propuesta presentada por sus compañeros, puesto que los derechos de los policías son “letra muerta” en Baja California.
“Al policía se le exige mucho. Tenemos 18 derechos y 70 prohibiciones, es inequitativa la Ley, quieren un 007 por 2 mil o 3 mil pesos por semana”, señaló el ex comandante, para agregar que, en los más de mil artículos de la Ley Federal del Trabajo, en ninguno se mencionan derechos de los policías.
Tanto Monreal como Navarrete, aseguran que el 80% de los policías que han logrado jubilarse, mueren a los dos o tres años de alcanzar el beneficio, puesto que su estado de salud termina deshecho cuando culminan su encargo.
No cuentan con derechos elementales como créditos bancarios para vivienda o vehículos, incluso son rechazados para obtener un crédito en Coppel, refirieron de manera irónica.
ENTRE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Aunque el Ayuntamiento de Ensenada es el más avanzado legalmente, al contar con un reglamento no muy bien estructurado, en Mexicali ya se cuenta con un fideicomiso policial para el retiro, actualmente de 50 millones de pesos entre aportaciones de policías y el Ayuntamiento, comentó el ex director Alejandro Monreal Noriega.
Este esquema es el propuesto por los propios policías, donde ellos aportarían dos salarios por catorcena y el Ayuntamiento tres, con la intención de hacer frente a las necesidades inmediatas de los oficiales en retiro.
De aprobarse este esquema, el 10% de la corporación podría beneficiarse con una jubilación inmediata. Sin embargo, refirió que son conscientes de las carencias financieras de los gobiernos municipales, por lo que accederían a jubilar a diez o veinte agentes por año, hasta cumplir con esta exigencia.
Monreal Noriega agregó que incluso el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) contempla fondos federales para la creación y reforzamiento de fideicomisos que no les costarían a los ayuntamientos, no obstante, para acceder a estos se requiere de un reglamento.
El presidente de la Fraternidad Policiaca, Antonio Navarrete Castillo, no se mostró tan entusiasmado con el uso del fideicomiso, pues aseguró que durante la administración del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, se reestructuraron algunos esquemas de la norma técnica de dicho fideicomiso y al momento se desconoce cuánto dinero se tiene.
Marina Del Pilar Avila
Reclamó que hasta hubo modificaciones que podrían desaparecerlo sin responsabilidad para los gobiernos municipales, ya que el dinero que se recaba, no ingresa directo a la cuenta bancaria, sino que se pierde dentro de toda la bolsa de aportaciones municipales, lo que evidentemente es una irregularidad.
Mientras los policías luchan por una seguridad social, existen actos de corrupción como los que se cometieron en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, con el ex titular de Servicios Administrativos de la ahora Fiscalía General del Estado, Carlos Armando Ríos Treviño, a quien se otorgó una pensión humanitaria de 18 mil 172 pesos pese a que ocupaba un cargo directivo. Recibió tal beneficio que corresponde a policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, sin haber realizado una sola aportación y pese a devengar un sueldo mucho mayor que el de la tropa.
TODOS DICEN APOYAR, PERO NINGUNO LO HACE
Aunque reconocen que es urgente hacer algo por los policías de toda la entidad, ninguno se moviliza para apoyar esta iniciativa.
El 11 de marzo, la diputada Claudia Agatón presentó un exhorto para presionar a los ayuntamientos a reglamentar los esquemas de seguridad social previstos en la Ley. Pese a que ha transcurrido un año, los policías no han presentado amparos, pero reconocen que es una posibilidad para presionar a la autoridad.
El diputado Juan Manuel Molina expresó que la situación de los policías es complicada, toda vez que las pasadas administraciones exigieron mucho a estos, pero les dieron muy poco.
“Nunca aplicaron el fideicomiso bien, entra y sale dinero, pero nunca han sido claro con los policías, lo único seguro es que les descuentan y para mí es algo que deben auditar, para ver qué hacer con ese tema”, refirió Molina García, reiterando que nadie se benefició realmente con ese fideicomiso, puesto que cuando sufrían alguna situación infortunada, a los oficiales los mandaban a su casa, en lugar de brindarles la atención requerida.
Mientras que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo estar en la mejor disposición para definir un esquema que beneficie a los policías y no afecte de forma severa las finanzas municipales, “hay que analizar la situación financiera, no está en sus mejores términos, traemos varias deudas, se ha hecho un esfuerzo muy grande para ir bajando esa robusta nómina que se estuvo preguntando en la pasada administración”, declaró.
Cuestionada respecto a si el dinero de la reestructuración de la deuda pública pudiera utilizarse para beneficiar a algunos policías en retiro, reafirmó estar dispuesta a analizarlo, y que la intención es jubilar a la mayor cantidad de personal administrativo del Ayuntamiento de Mexicali.
