El ex Oficial Mayor Jesús Damián Núñez Camacho y la ex secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, denunciados por presunta solicitud irregular de 24 o 28 millones de pesos a cambio de contratos en el gobierno en Baja California del ingeniero Jaime Bonilla, no serán juzgados. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado de prensa a las 21:37 horas del miércoles 15 de abril.
El traslado de parte de ese dinero, fue atestiguado en septiembre de 2019, por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el retén de militar El Centinela, ubicado en la carretera Mexicali-Tijuana.
En diciembre 2019, fue el ex priísta Rosendo Colorado -quien colaboró en el equipo morenista durante la campaña y en los primeros días del gobierno-, quien interpuso una denuncia administrativa ante la Secretaría de Honestidad, donde exhibió a Jesús Nuñez, a Cynthia Gissel y en menor medida a Amador Rodríguez Lozano -actual Secretario General de Gobierno-, como partícipes de una red que cobró sobornos a empresarios mexicalenses.
De acuerdo a las declaraciones incluidas en el expediente, estos y otros personajes incluidos dentro del equipo de transición bonillista, pidieron y recibieron el dinero en septiembre, antes de tomar posesión de sus cargos. Los descubrieron la primera semana se noviembre, les ordenaron regresar el dinero, y cuando el tema se dio a conocer en la prensa, renunciaron y el gobierno informó que había iniciado una investigación.
Después de casi cuatro meses, la fiscalía decidió que no podían hacer nada al respecto: “Luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal”.
Fuentes allegadas al caso indicaron que se citó a declarar a los dos exfuncionarios, a los empresarios implicados, y a Rosendo Colorado, entre otros personajes, pero al final todos negaron los hechos, por lo que no se tuvo una ruta para la indagatoria.
Pese a que también fue señalado, Amador Rodríguez Lozano nunca fue requerido por la autoridad ministerial.
En una entrevista realizada por ZETA en enero del 2020, a las afueras de la FGE de Mexicali, García Soberanes adelantó que en la carpeta de investigación en su contra solo había recortes de periódico y mensajes de whatsapp, por lo que minimizó los posibles resultados de la indagatoria de la Fiscalía en su contra. En esa conversación agregó que todo se trataba de un golpeteo político porque algunos integrantes de la Cuarta Transformación querían su cargo.
Este fue el primer escándalo de corrupción en la administración del mandatario morenista de Baja California, el cual fue hecho público un mes después de asumido el cargo.
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