Del año 2015 al 2019, en el periodo en el que me desempeñaba como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, observé en 15 Recomendaciones algunas de las carencias que desde entonces ya tenían las diferentes instituciones del sistema de salud pública. Muchas de esas insuficiencias, en algunos casos siguen presentes y atentan directamente contra la protección a la salud de las bajacalifornianas y los bajacalifornianos; de cualquier persona que se encuentre en este territorio.
Ahora que nuestro estado es flagelado en mayor medida que las demás entidades de la República por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se hace más evidente la necesidad de hospitales con la suficiente infraestructura para atender a todas las personas que así lo requieren, para garantizar su derecho a gozar del más alto nivel de salud posible.
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Hace apenas unos días se hacía público que Tijuana tiene un CFR (Case Fatality Ratio) o tasa de letalidad de 15.5, por encima de Bélgica (14.6), Italia (13.4), España (10.4), Honduras (9.3) y otros países en donde la enfermedad provocada por el nuevo virus ha sido devastadora. Pero el sistema de salud de nuestro estado ya estaba enfermo cuando le llegó COVID-19.
En la Recomendación General No. 02/2018, señalé que el Hospital General de Tijuana no brindaba una adecuada atención médica a las personas usuarias, ello por carecer de recursos esenciales y presentar un constante desabasto de medicamentos; desde el 2018, el órgano autónomo de derechos humanos dio a conocer la insuficiencia de mascarillas de ventilación y mascarillas de intubación, por mencionar algunos de los materiales.
Aunque en ese pronunciamiento solicité, entre otras, se realizaran las acciones necesarias para que se ampliara la capacidad de camas censables, se pusieran en funcionamiento los equipos médicos y se abasteciera la farmacia, la Recomendación aún está en vías de cumplimiento.
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Como titular del organismo protector de derechos humanos, emití las Recomendaciones 2/2016, 5/2016, 14/2016, 3/2018 y 15/2018, que acreditaron a la autoridad como responsable de privar del derecho a la vida a las víctimas, derivado de la negligencia médica; en la última, señalé la falta de atención médica en el área de urgencias del Hospital General de Mexicali, advirtiendo que al ingreso una persona tuvo que esperar aproximadamente seis horas para fuera atendida por primera vez, lo que conllevó a su muerte.
Las últimas Recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fueron dirigidas a las autoridades de salud; estas las dirigí en mi último día como presidenta del organismo por diversos temas: entre otras, la no garantía a la salud de los manifestantes víctimas en el derrumbe en la Colonia Lomas del Rubí; sobre la protección de la salud mental en el Estado; y por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas que viven con VIH o sida, algunas provocadas por la falta de medicamentos retrovirales en los hospitales públicos.
Esta última Recomendación expuso la importancia de que se garantice el derecho humano a la protección de la salud de manera universal y progresiva para las personas que viven con VIH/sida, quienes hoy se encuentran en mayor vulnerabilidad ante la posible vigencia de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, la cual les otorga menos posibilidades de que se les brinde la atención médica integral cuando la emergencia de salud pública genere una demanda en los recursos de medicina crítica que no sea posible satisfacer.
De manera urgente, las autoridades han de tomar mayores y mejores medidas para garantizar la salud en nuestra entidad; no es reiterativo decir que deben garantizar también a las médicas y médicos, así como a todo el personal que trabaja en los hospitales. Es la efectiva prevención y protección de la infección por el virus SARS-CoV2.
Varias decenas de personas que laboran en las áreas de salud pública, enfrentan en estos momentos las consecuencias de haber sido contagiados. Este sector, en el que recae la gran tarea de hacer frente de manera directa a la pandemia, que merece apoyo y reconocimiento, forma parte de un cuerpo que ya estaba debilitado -quizás podríamos decir inmunosuprimido- cuando le llegó el COVID.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
