Para enfrentar la emergencia generada por la propagación del coronavirus, la XXIII Legislatura de Baja California contempla transferir recursos al Gobierno del Estado, de aquellas partidas que en menor medida se estén utilizando; también está previsto integrar una reserva económica con presupuesto destinado a la gestión social que llevan a cabo los diputados. A decir del nuevo presidente de la Mesa Directiva, Luis Moreno, la prioridad en el Congreso local es la epidemia, por lo que otros asuntos pasaron a segundo plano
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Luis Moreno Hernández, la administración estatal encabezada por Jaime Bonilla Valdez requerirá financiamiento extraordinario para atender casos de coronavirus, cuya propagación actualmente se encuentra en Fase 2. De manera que la XXIII Legislatura está trazando un esquema para reorientar el presupuesto.
Ello tan solo constituye una de las medidas previstas por el Poder Legislativo para proceder en consecuencia de la contingencia, ya que, por otro lado, las fracciones partidistas acordaron integrar una reserva procedente de los fondos destinados a gestión social.
“Hemos estado hablando ya con autoridades de salud en el Estado y con el jefe de Epidemiología (Óscar Efrén Zazueta Fierro), tuvimos una reunión y él ya nos señaló que el Estado va a requerir recursos emergentes para el tema de emergencias médicas y es ahí donde nosotros en próximos días tendremos que ver, y ver de qué partidas vamos a poder transferir recursos para salud”, manifestó en entrevista con ZETA el legislador emanado del (hoy extinto) partido Transformemos.
Aclaró que aún no está definido de cuánto dinero se dispondrá para llevar a cabo la reorientación presupuestaria, pues para tales efectos, la Secretaría de Salud debe presentar una proyección financiera, de modo tal que los diputados locales puedan realizar “los movimientos adecuados”. Contempló que a más tardar “los primeros días de la siguiente semana”, el cálculo estará listo.
También dijo que no se descarta que el dinero a transferir se destine a la prevención, “al cuidado para evitar la propagación del coronavirus”, aunque admitió, hay una corriente de opinión “muy fuerte”, la cual refleja “que es muy importante poder destinar los recursos mejor a la emergencia médica”, toda vez que “es muy difícil el poder evitar que el virus se transmita, por su alto grado de contagio”.
Sobre las futuras adecuaciones, mencionó que desde el 30 de marzo él y los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, se abocaron a revisar qué partidas del presupuesto general de gobierno pudieran ser afectadas “sin disminuir los planes de operación” de la administración.
Por la misma situación a la que ha llevado la crisis viral, “muchas áreas de gobierno no van a requerir mucha movilidad”, y en ese sentido “tampoco van a ser necesarios los gastos”.
El 31 de marzo, el Gobierno de México dio a conocer que el Consejo de Salubridad General, encabezado por Jorge Carlos Alcocer Valera, “reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, lo cual implica “medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social”.
Moreno Hernández, quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva el miércoles 1 de abril, planteó que, a nivel estatal, las partidas relativas a “gasolina, viáticos”, entre otras, “pueden ser las primeras en ser revisadas para una mejor disposición del recurso”.
CON RECURSOS PROPIOS
A decir de la presidenta de la Jucopo, Montserrat Caballero Ramírez, los integrantes de ese órgano legislativo se dijeron dispuestos donar de su propia asignación para servicios a la comunidad 100 mil pesos (un millón 100 mil pesos en total), de tal forma que se pueda integrar un depósito del que la Secretaría de Salud disponga cuando sea propicio.
Foto: Cristian Torres.- Dip Monserrat Caballero
“Queremos hacer una reserva de la gestión social que tenemos con el fin de que esa reserva en el momento que el secretario de Salud (Alonso Pérez Rico) diga ‘la necesito’, ayudarle en equipamiento médico”.
Estimó que no tendría caso hacer contribuciones en especie. “La realidad de las cosas es que los médicos son los especialistas en saber qué van a necesitar, y probablemente, si nos aventuramos a comprar cubre bocas o gel antibacterial, ellos en esta fase ya no lo necesiten”, ejemplificó vía telefónica.
A su modo de ver, los diputados se deben constreñir a “tener un plan de contingencia en razón de eso”.
A propósito de valerse de los fondos en cuestión, la también coordinadora de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional negó que ello vaya a impactar en el trabajo comunitario: “Si bien es cierto, salimos, no es tanto la salida como se hace generalmente, que se hace a las colonias en nuestros distritos”.
Destacó que en el ánimo de mitigar las afectaciones económicas que conlleva la pandemia, semejante disposición se sumaría al ajuste que se hizo al Código Civil para que no constituya una mora dejar de pagar renta durante abril y mayo en lo referente a casas con dimensiones máximas de 120 metros cuadrados, empresas pequeñas, como tampoco en el caso de personas que no cubran las cuotas correspondientes tras haber empeñado alguna prenda.
En cuanto al exhorto a los tres órdenes de gobierno encaminado a que no se suspendan servicios públicos por falta de pago (durante el mismo periodo) y en vez de ello se concedan prórrogas, Caballero Ramírez asentó que “eso todavía está pendiente”, en razón de que “el Ejecutivo va a revisar sus finanzas y su plan”.
ESTÍMULOS FISCALES
Ante el resguardo domiciliario que se debe mantener por espacio de un mes, conforme a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de México, las empresas están obligadas a no despedir a sus trabajadores y seguir pagando salarios.
Luis Moreno reveló que en ese contexto se habrá de procurar un plan de estímulos fiscales para la iniciativa privada.
Afirmó que próximamente tendrá lugar un encuentro con el sector productivo. “Nos pusimos en comunicación con el diputado Rodrigo Otáñez. Él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y acordamos la próxima semana tener una conferencia virtual con algunos de los sectores empresariales para que sean ellos quienes nos propongan acciones legislativas”.
Tales propuestas habrán de consultarse “con la Secretaría de Economía del Estado, para poder apoyar sobre todo a los micro y medianos empresarios, aquellos emprendedores que en estos momentos se están viendo ya muy afectados”.
También expuso que “en este momento” están contemplados para acceder al programa de apoyo “quienes están levantando la voz con mayor preocupación, aquellas personas que decidieron acumular su capital invertido en algunas empresas o en algunos comercios, y que ahora por la crisis que se está viniendo de consumo y por disposiciones de salud por parte de la autoridad, están viendo los negocios que no están generando ingresos”.
PRIORIDADES
El entrevistado sostuvo que los asuntos vinculados al tema del coronavirus constituyen prioridad en la XXIII Legislatura. De cualquier manera, en la sesión del 31 de marzo, la cual se distinguió por ser la primera que el Congreso celebró en línea (dada la crisis viral), quedó aprobado un refinanciamiento para Mexicali por 965 millones 042 mil 323 pesos.
“Fue una petición que nos hizo la presidenta municipal (Marina del Pilar Ávila Olmeda) antes de que se disparen más las tasas de interés”, arguyó Moreno Hernández.
La legisladora panista Eva María Vásquez Hernández objetó que el dictamen correspondiente (el número 61 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto) no era prioritario “en plena contingencia sanitaria” y acusó conflicto de intereses. En ese tenor señaló que el tesorero del Ayuntamiento trabajó con el consultor que por 10 millones de pesos delineó el plan de refinanciamiento y, en alusión al funcionario, denunció que gestionó ante Oficialía Mayor la contratación de ese servicio “vía adjudicación directa”.
Asimismo, criticó que cuando el adeudo anterior estaba presupuestado para pagarse en ocho años, el plazo para cubrir la nueva deuda se incrementó a 18 años, “con más de 500 millones de pesos de intereses adicionales”. Aparte se mostró en desacuerdo con que el dinero que se libere de la reestructuración será utilizado para pagar pensiones y jubilaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando originalmente estaba estipulado a “pavimentación, equipamiento e infraestructura municipal”.
Entre otros asuntos pendientes, Moreno mencionó que la seguridad “es el otro gran reto que tenemos en el Estado, más muchísimos temas de naturaleza medio ambiental”.
Montserrat Caballero y Eva María Vázquez refirieron por separado que faltaría por abordar el proceso de designación del auditor superior.
VOTACIONES, DETENIDAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
En el ámbito federal, algunos puntos a tratar igualmente tuvieron que aplazarse ante la contingencia por el coronavirus.
El diputado emanado de Encuentro Social por el Distrito 8 de Baja California, Héctor Cruz Aparicio, profirió a pregunta expresa de ZETA que está por discutirse la reforma judicial, la legalización del uso del cannabis, “una verdadera reforma electoral y una nueva Ley de Protección Civil”.
Explicó que las comisiones pueden elaborar proyectos de dictamen, trabajando vía conferencia virtual con el pormenor de que “la legislación que regula el trabajo del Congreso no permite el voto a distancia”, de modo que “todo se votará ya que podamos sesionar (de manera presencial)”, remató.
Tomando en cuenta que el periodo ordinario finaliza el 30 de abril, Cruz Aparicio habló de la posibilidad de establecer un calendario de sesiones extraordinarias, el cual cobraría vigencia “hasta en tanto lo permitan las condiciones de la contingencia”.
Desde el 20 de marzo, las sesiones ordinarias en San Lázaro quedaron suspendidas.
Finalmente, el miércoles 25, la presidente de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma para que los diputados puedan votar a de manera remota en “casos excepcionales”. El proyecto guarda estatus de “pendiente”.
