Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, criticó este domingo 26 de abril, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que contiene los lineamientos generales del plan con el cual el país enfrentará la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 y la caída de los precios del petróleo.
“No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las PyMEs y establecer una Renta Básica Universal. Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacerle ojales”, señalado el diputado del grupo legislativo de Morena en San Lázaro.
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El pasado 22 de abril, el titular del Poder Ejecutivo Federal anunció el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2020, en el que se establece, entre otras medidas, la disminución de sueldos de los altos funcionarios públicos.
Ello hasta en un 25 por ciento de manera progresiva, es decir el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, según lo indica el decreto presidencial.
Según el documento oficial, con “eficiencia, honestidad y austeridad”, las medidas presidenciales aumentarán el presupuesto en 622 mil millones de pesos, con lo que “se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares; además decreta que “se crearán 2 millones de empleos”, sin sustento o plan para lograrlo.
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Entre las acciones de austeridad decretadas por el político tabasqueño destacan, además, la cancelación del 75 por ciento del gasto de servicios generales, materiales y suministros. Asimismo, en el decreto continúan intocables y sin recortarles un solo peso, a los proyectos prioritarios para el mandatario nacional, como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) difundió en fechas recientes una carta pública donde hace cuatro llamados para que empresas, trabajadores y autoridades lleguen a un llamado Acuerdo Nacional, en el que se privilegie la implementación del “salario solidario”.
Dicha propuesta consiste en que “durante el periodo de la emergencia económica, “el Gobierno de la República autorice recursos extraordinarios de las arcas gubernamentales para pagar una parte del sueldo de los trabajadores que se encuentren en paro ante la contingencia sanitaria”.
Según la COPARMEX, la “medida progresiva beneficia a quienes reciben un salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso lo aportarían las empresas junto con el Gobierno a través de un subsidio temporal. Se reconoce la viabilidad financiera para la Hacienda Pública”.
La confederación especifica que para que su propuesta “Salario Solidario” funcione, se requiere de una inversión gubernamental mensual de 96 mil 311 millones de pesos que beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.
La organización empresarial afirmó que el financiamiento del “salario solidario” se podría llevar a cabo a través del uso de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adquirió a finales del 2019, Arturo Herrera Gutiérrez, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cifra que asciende a los 61 mil millones de dólares.
“El monto máximo de aportación del Gobierno para cubrir el salario solidario [3 meses en caso de prolongación de la pandemia] equivale al 20 por ciento de la línea de crédito”, detalló el organismo empresarial dirigido a nivel nacional por Gustavo de Hoyos Walther.
La otra opción que presentó la COPARMEX para evitar la contratación de deuda pública, es la “reorientación del gasto público de obras no esenciales [como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya], dejando intacto el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios”.
