La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, mandó un exhorto a cada uno de los gobernadores de los estados y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que atiendan el tema de la desaparición de personas de manera prioritaria y siempre en favor de las víctimas.
Recalcó que los gobernantes “tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humanos, que datan muchos de ellos, desde los años sesenta del siglo pasado y hasta el contexto en que se presentan hoy en día”.
En el documento se hace mención a la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Dirección General de Comunicación Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que entró en vigor a partir del 16 de enero de 2018 y que hasta el momento los avances en la materia no están a la altura de las expectativas de las víctimas, pidiendo mayor voluntad política, desde las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y apoyar a las instancias que lo conforman.
“En la actualidad existen nuevos retos, ya que además de la problemática de la búsqueda e investigación de los casos, se ha sumado una verdadera emergencia forense a nivel nacional en razón de los miles de cuerpos y restos humanos que no han sido identificados. De nada sirve fortalecer el marco jurídico, si el contenido de esas leyes no se vuelve realidad, en detrimento de las víctimas” subrayó el organismo.
La CNDH indicó a los gobernadores a escuchar a sus mandantes, la sociedad, y con ello, a impulsar, coordinar y supervisar, en el marco de sus atribuciones y funciones, los esfuerzos de investigación y búsqueda en los casos de desaparición de personas, conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias, más allá de la actual emergencia sanitaria, tal como lo demandan los mejores intereses de la sociedad mexicana.
Este exhorto contiene 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública, así como de aquellas responsables de promover el desarrollo social, el crecimiento económico, el empleo, la salud y la educación, a fin de establecer una política integral que permita prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas en todas las entidades federativas.
La CNDH aseveró que en el tema “no cabe la simulación”, debido a que se pronuncian por materializar el contenido de la ley, pidiendo que esto se refleje de inmediato en la utilización de los avances tecnológicos, en la profesionalización de los actores encargados de su aplicación y la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, para que la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas en las entidades del país cumplan cabalmente con sus funciones.
El organismo reconoce el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS – Cov 2 (COVID-19), pero afirmó que los mandatarios tienen la responsabilidad de continuar impulsando la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas tanto en vida como en campo, sin poner en riesgo la salud y la vida de quienes participen en ello y armonizando estas tareas de forma puntual con las medidas y recomendaciones sanitarias que eviten la propagación del virus mencionado.
