La propuesta del ex panista ya fue aprobada en sesión de comisión. Hoy viernes podría someterse a consideración del pleno. Legisladores de oposición objetan que la búsqueda de la elección consecutiva sin separarse del cargo podría conllevar inequidad en la contienda. Representante partidista observa que el tema quedó regulado desde la anterior Legislatura
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó el dictamen número 37, encaminado a que los diputados, alcaldes, síndicos y regidores que busquen reelegirse puedan hacer campaña y participar a plenitud en el proceso sin separarse del cargo.
El proyecto concerniente a una iniciativa de Miguel Ángel Bujanda, aprobado el 20 de abril en una sesión cuyo Orden del Día, se depuró para profundizar en el análisis del documento. Pese a ello, la votación procedió sin un debate de por medio y solo con algunas recomendaciones emitidas por el consejero electoral Daniel García y el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, quienes asistieron en calidad de invitados.
David Ruvalcaba Flores
Los votos a favor emanaron de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Juan Manuel Molina, Rosina del Villar, Víctor Hugo Navarro y Julia Andrea González. Mientras que el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo López Montes, votó en contra.
Por parte del Partido del Trabajo (PT), Julio César Vázquez presentó justificante para no acudir a la junta de la comisión.
La iniciativa de Bujanda está enfocada a reformar los artículos 16 y 78 de la Constitución Política de Baja California, los cuales establecen que para ser electo diputado o en su caso munícipe, síndico o regidor, de forma consecutiva, “los funcionarios interesados deberán separarse de su encargo por lo menos un día antes del inicio de la campaña electoral correspondiente”.
Para fundamentar su propuesta legislativa, consistente en revertir tales disposiciones, el ex panista se valió principalmente de dos recursos resueltos años atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Uno de esos medios es la acción de inconstitucionalidad 50/2017, interpuesta contra la legislación de Yucatán y a propósito de la cual el máximo tribunal concluyó “no existe impedimento para que (los diputados locales) se mantengan en el cargo mientras realizan proselitismo electoral”, en vista de no haber “mandato constitucional” que los obligue a separarse de semejantes funciones, citó Bujanda Ruiz.
El otro recurso es la acción 76/2016 (a la cual se acumularon las 79/2016, 80/2016 y 81/2016). En este caso la SCJN estableció que tomando en cuenta los artículos 115 y 116 de la Constitución federal, así como los aspectos que en materia electoral deben contemplar las constituciones y leyes locales, “no hay disposición alguna en la que se regule la temporalidad con la que los servidores públicos se deben separar de sus cargos para poder ser electos como presidente municipal, regidor y síndico del Municipio”, interpretó el diputado inicialista.
Además, recurrió a las acciones 29/2017, 40/2017 y 41/2017 (con recursos acumulados en los tres casos) para argüir que “es criterio reiterado que las entidades federativas gozan de libertad configurativa para imponer requisitos de elegibilidad de sus cargos públicos elegidos democráticamente”; igualmente apeló a la 36/2011 en el ánimo de exponer que “el derecho a ser votado, puede ser regulado en las constituciones o leyes locales en atención a la facultad de configuración legislativa de las entidades federativas”.
Conforme a la lectura que el director de Consultoría Legislativa, Francisco Javier Tenorio Andújar, hizo del proyecto de dictamen aprobado por la comisión encabezada por Juan Manuel Molina, la iniciativa de Bujanda es “jurídicamente procedente”, toda vez que la Reforma Electoral de 2014 otorgó plena libertad configurativa a las entidades federativas “para establecer la regulación de esta posibilidad de reelección (respectiva a diputaciones locales y cargos en los ayuntamientos)”.
Los comisionados pertenecientes al partido en el poder, coincidieron con quien fungiera como coordinador de gabinete en la administración de Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019), actualmente desprovisto de cobijo partidista. En resumidas cuentas, refrendaron que “de la lectura de los preceptos constitucionales no se advierte disposición alguna que regule la temporalidad con la que los servidores públicos deben separarse de sus cargos para poder ser electos, así como para regular el régimen de la elección consecutiva”.
Gerardo López Montes
A juzgar por el sentido sufragio que emitieron, Molina, Del Villar, Navarro y González se mostraron anuentes con la pretendida enmienda, en razón de que supuestamente “lo que buscan los diputados en su candidatura es demostrar que merecen el voto para dar continuidad a su actividad legislativa, función que además, si la Legislatura lo estima conveniente, tampoco debe paralizarse por la sola circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el mismo proceso en busca de la reelección”.
Esa presunción converge en cierto modo con la que el jurista Diego Valadez compartió con ZETA (edición 2399, del 20 al 26 de marzo), a propósito de una iniciativa similar impulsada en el ámbito nacional, la cual después de todo fue rechazada en el Senado de la República.
En tal sentido, el abogado mexicano manifestó que el proceso de profesionalización de los legisladores podría interrumpirse una vez pidieran licencia y los trabajos parlamentarios acaso se vieran atrofiados, habida cuenta de que las funciones correspondientes “las asumirían personas que no tienen ninguna experiencia, que son los suplentes que estarían ahí tres o cinco meses en perjuicio de la labor legislativa y política”.
Molina García comentó que cuando resultan ser varios los servidores que solicitan licencia “para la búsqueda de diferentes encargos”, los trabajos legislativos se dilatan. Dijo no tener objeción del proyecto sometido a discusión siempre y cuando quedara claro que “cualquier funcionario que busque un encargo” se debe ceñir al Artículo 134 Constitucional, el cual en su primer párrafo establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas, así como los municipios o alcaldías, habrán de administrarse “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
A ese comentario se agregó una consideración del consejero del Instituto Estatal Electoral, Daniel García García, quien sugirió “se pudiera tomar en cuenta lo previsto para estos mismos efectos en la Ley de régimen municipal, que es en el Artículo 9”. En resumen, planteó que con el ajuste legislativo quede estipulado que los candidatos que a la vez sean presidente municipal, síndico procurador o regidor, no puedan utilizar para fines electorales o electoreros recursos correspondientes al ejercicio de su encargo, como tampoco ocupar personal adscrito a la nómina del Ayuntamiento en horario laboral, estar presentes en actos públicos relacionados con la entrega de beneficios derivados de programas sociales, condicionar recursos provenientes de programas públicos, promocionar o publicar acciones de gobierno.
A su vez, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, Leobardo Loaiza Cervantes, quien estimó que “la propuesta reúne los requisitos constitucionales y legales para que sea analizada y en su caso aprobada”, recomendó emplear un “lenguaje incluyente” en el contenido del proyecto, pues por ejemplo, en lo correspondiente al Artículo 78 los cargos de presidente, regidor y síndico solo se mencionan “en masculino”, detalló el jurisconsulto.
Molina García estimó “adecuada” semejante observación, aunque “para analizarlo a detalle”, propuso votar el dictamen tal como estaba redactado, en aras de encargar a la consultoría legislativa “un planteamiento de los puntos y comas”, de manera que “en el pleno” se pudiera “hacer la reserva correspondiente en su caso”.
RONDA DE VOTOS
En el curso de la votación, la cual se definió con cuatro posiciones a favor en voz de los diputados de Morena, el del PRD, Gerardo López Montes, expresó que sufragaba en contra, toda vez que tenía “preocupación de los que se vayan a reelegir o que busquen la reelección utilicen el recurso humano o económico para hacer proselitismo”.
Consultado por ZETA, expuso que no sería “adecuado” que los contendientes tuvieran a su disposición el presupuesto de campaña, además de los ingresos correspondientes por su desempeño como servidores. “Estamos pasando por una crisis de salud y económica en el Estado y en el Municipio, para hacer todavía ese tipo de gastos”, advirtió.
La discusión del dictamen en el pleno está prevista para hoy viernes 24 de abril. A decir de López Montes, “es una probabilidad” que el proyecto termine siendo aprobado.
En tanto, el diputado priista David Ruvalcaba Flores adelantó no estar de acuerdo con la propuesta de Bujanda Ruiz. Incluso dudó que provenga del ex colaborador de “Kiko” Vega e insinuó que se trata de una tentativa de Morena por afianzarse al poder, con contendientes que pudieran obtener provecho electorero de su condición simultánea de servidores públicos.
A su modo de ver, los integrantes del partido oficial “están desesperados” en razón de no tener un sólido posicionamiento entre la población. Recientemente, una encuesta de El Financiero dio cuenta de que los niveles de aceptación de esa fuerza política decrecieron de 33 a 18% entre enero y marzo de 2020.
En términos de la modificación impulsada por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Ruvalcaba Flores agregó en entrevista con ZETA que “cada vez nos alejamos más de construir elecciones equitativas para todas y todos los participantes”.
Salvador Miguel de Loera Guardado
Observó que “si bien es cierto existe ahora el derecho a buscar reelección, también es cierto que esta iniciativa no genera condición de certidumbre y regla pareja para quienes participen”.
Ante la situación de emergencia que vive el país por la propagación del coronavirus, la cual entró en Fase 3 desde el 21 de abril (con miles de contagios por todo el territorio), el legislador opinó que “no es momento de aprovechar el descuido y preocupación de la ciudadanía para legislar al respecto”.
Añadió que el Poder Legislativo “debe estar alerta exclusivamente para coadyuvar a combatir la terrible pandemia”, con medidas como transferencia de “recursos a las áreas de salud, a petición y de acuerdo a las normas y procedimientos legislativos”, o estando “atentos a las necesidades de la gente”.
Reveló que participaría en la sesión de hoy viernes, la cual se contempló para llevarse a cabo en la modalidad de virtual, y en tal caso, votaría en contra del consabido dictamen.
ELECCIÓN CONSECUTIVA “YA ESTÁ REGULADA”
Para el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Salvador Miguel de Loera, la búsqueda de la reelección sin el requisito de separarse del cargo “no aplicaría para el caso concreto de Baja California, porque la elección consecutiva quedó regulada desde la pasada Legislatura (XXII)”.
Indicó que “ya fuimos a un proceso electoral (en esas circunstancias) y ningún partido se inconformó”.
A ese respecto abundó: “Esos precedentes que (Bujanda y quienes han avalado la propuesta) mencionan es en estados donde la Corte los obligó a que tomaran medidas para regular el derecho de la elección consecutiva”.
A su juicio, resulta haber una incongruencia en el intento de “regular o sobrerregular algo que ya existe, justificando que es un tema novedoso, cuando la realidad es que ya pasó por un proceso electoral con estas reglas”.
Finalmente, en su calidad de representante de MC, el entrevistado reflexionó que desde el Senado “se está marcando una línea de no romper la estabilidad o la gobernabilidad (a propósito de la renuencia a que los legisladores federales buscaran la reelección sin separarse del cargo)”. De modo que el hecho de que en Baja California se insista en sacar adelante esa medida, significa que en el ámbito local a Morena “no le importa”, lo que es reflejo de que sus cuadros “no traen orden ellos mismos”.
