En febrero de 2020, el estado mantuvo el primer lugar en México en el delito de robo de vehículo. El diputado Luis Moreno propone aumento en las penas, algo que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública considera que no funciona para disminuir la incidencia
En el mes de febrero de este año, Baja California se colocó en el primer lugar a nivel nacional en incidencia de robo de vehículo, con un total de 963 denuncias realizadas ante la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo del estado, del total de robos reportados durante el segundo mes del año, un 54 por ciento corresponde a Tijuana (515 robos); 22 por ciento a Mexicali (214 robos); 14 por ciento a Ensenada (133 robos); seis por ciento a Playas de Rosarito (61 robos); y cuatro por ciento a Tecate (40 robos). En este mes, se desglosa que 129 robos fueron cometidos con violencia.
En enero se reportaron un total de mil 145 robos en Baja California: 629 corresponden a Tijuana, 244 a Mexicali, 169 a Ensenada, 62 a Playas de Rosarito y 41 a Tecate. De esta cifra, 133 fueron cometidos con violencia.
Basado en estas cifras, el pasado 13 de marzo, el diputado local Luis Moreno propuso una reforma al Código Penal de la entidad, para incrementar la pena por cometer este delito, con la expectativa de que la pena mínima aumente a cinco años y la máxima a15 años de cárcel; si el delito se comete con violencia, se podría agregar entre seis y nueve años más de condena.
Aunque el mismo legislador admitió que el aumento a la penalidad no resuelve los temas de seguridad, aseguró que se busca garantizar que el presunto delincuente no circule por las calles, dado que los delitos que tienen penas menores se les permite seguir su proceso en libertad (y se retrasa la impartición de justicia).
Añadió que esta reforma fue pensada para fortalecer el marco normativo de la entidad y que sea un respaldo para la labor que realiza la Fiscalía del Estado, sobre todo en materia de impartición de justicia, y hacer que “los delincuentes paguen con prisión el descaro que tuvieron de quitarle a alguien el derecho que por ley le corresponde”.
En 2019 se registraron un total de 13 mil 995 denunciar por robo de vehículo en Baja California, de los cuales 12 mil 316 fueron sin violencia y mil 679 con violencia. En la modalidad sin violencia, enero del año pasado fue el mes que tuvo mayor incidencia, con mil 210 robos; mientras que, en la modalidad con violencia, fue el mes de diciembre el que tuvo un índice mayor, con 179 reportes.
“No sirve aumentar las penas”: CCSP
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, coincidió con Moreno Hernández en que el aumento a las penalidades no merma en la incidencia delictiva. Comentó con este Semanario que en 2018 se impulsó una reforma -también en el Congreso Local- que permitió que se elevara a tres años de prisión por el delito de robo de vehículo, debido a que anteriormente era una pena de entre uno y tres años de cárcel. Después de la reforma se elevó a tres, con un agravante a seis años si se comete con violencia.
“Con lo de 2018, más que tratar de evitar que se cometa este delito, se buscaba que los delincuentes no regresaran a las calles. Cuando el delito tiene una penalidad menor a los cinco años de cárcel, es muy común que al presunto delincuente se le deje en libertad; y la probabilidad desde que continúe cometiendo este tipo de actos es muy alta”, expuso Hernández Niebla.
“Y esto es más que nada porque al delincuente no le atemoriza que se incrementen las penas, en el entendido de que existe un índice de impunidad del 98 por ciento, en este y todos los demás delitos. Esto es que las probabilidades de que te vayan a agarrar por cometer estos hechos son prácticamente nulas”, añadió.
El empresario argumentó que la tarea que más urge, es que el Congreso local se concentre en revisar los presupuestos, no solo de la Fiscalía del Estado, sino también del sistema judicial.
“Se necesitan más jueces, se necesitan más salas de audiencias, se necesitan más ministerios públicos, dejando de lado que también se necesitan más policías, que es otro déficit importante que hay en Baja California. El aumento a los presupuestos de seguridad y de justicia, es algo que no está pasando, sabemos que quedaron igual a los del año pasado”, expuso.
“Realmente aquí hay un problema de falta de investigación. De falta de integración de carpetas, de falta de elementos en el área de Inteligencia, y básicamente, de mejor infraestructura en el sistema de justicia. Es algo que no se debe dejar abandonado”, añadió.
A pesar de que en los últimos meses se pudo apreciar una diminución en la incidencia delictiva del estado, Hernández Niebla afirmó que desconoce a ciencia cierta lo que está ocurriendo, si en realidad están funcionando las estrategias de las nuevas administraciones (estatal y municipales), debido a que el gobierno en general no ha sido transparente con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, al grado que considera que la administración anterior tuvo más apertura para colaborar en las mesas de seguridad.
