Dos temas de peso en la democracia mexicana han quedado pendientes ante las medidas de prevención y de precaución que están tomando instituciones del Estado Mexicano, ante la pandemia anunciada por la Organización Mundial de la Salud, provocada por el contagio del SARS-CoV2, conocido como COVID-19 en el mundo.
Aun cuando el Poder Ejecutivo no ha anunciado medidas especiales o recomendado el distanciamiento social, pues incluso el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantiene su agenda de actos públicos en los cuales incluye besos y abrazos a pesar de las recomendaciones de no hacerlo para no propagar el virus, otros poderes del Estado Mexicano como el Judicial y el Legislativo, sí han tomado decisiones importantes al respecto.
En la Cámara de Diputados acordaron dejar de sesionar por más de tres días a partir del 20 de marzo, además, si la contingencia de salir permanece más allá del 30 de abril, sea la directiva de la Cámara la que decrete la clausura del segundo periodo de sesiones. El Congreso de la Unión sigue en funciones a través de la Comisión Permanente.
Mientras en el Poder Judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, de manera unánime, suspender labores del miércoles 18 de marzo y hasta el 19 de abril. Durante ese periodo, dijo el ministro Arturo Zaldívar, no se celebrarán sesiones, ni audiencias, ni correrán plazos procesales. Se determinará una guardia para recibir demandas de controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión.
En ambos poderes, existen respectivos casos de suma importancia para la democracia mexicana, cuyas decisiones con estas medidas han quedado suspendidas también.
Efectivamente ante la contingencia por el COVID-19, el promovido trabajo desde casa y el distanciamiento social para disminuir el riesgo de contagio en la fase 2, cuando pasa de contagio por importación a contagio comunitario, los Poderes Legislativo y Judicial, están minimizando las reuniones, la presencia física de trabajadores y titulares.
En las últimas semanas de marzo, dos decisiones importantes se tomarían en esos poderes para abonar a la democracia mexicana. En el Legislativo, la selección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y en el Judicial, la deliberación sobre las controversias constitucionales para tumbar la conocidísima e inconstitucional Ley Bonilla, aprobada por el Congreso local el 8 de julio de 2019, para modificar el periodo de mandato de gobernador de Baja California de dos a cinco años, cuando ya se habían celebrado las elecciones y había resultado electo Jaime Bonilla Valdez para un periodo de dos años.
Sobre el primer caso, el 4 de abril concluyen los periodos para los cuales fueron electos consejeros del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade González y Benito Nacif.
Hace algunas semanas la Cámara de Diputados, ente encargado de la selección de los consejeros del INE, emitieron la convocatoria para elegir, antes del 4 de abril para que pudieran tomar posesión, a los nuevos consejeros.
Para tan enorme responsabilidad, fue integrado un comité técnico de evaluación y selección, con Diego Valadez, Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, José Roldán, Sara Lovera y John Ackerman, a propuesta tanto de la Cámara de Diputados como del Instituto de Transparencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos hombres y estas mujeres han estado laborando desde el 28 de febrero, analizando una lista que originalmente fue de más de 380 aspirantes. Después de calificar la entrega de requisitos y otras variantes en la selección, una lista de 60 personas quedaron en la lista hasta hace unos días cuando en la Cámara de Diputados, pospusieron la decisión hasta una vez transcurrida la contingencia de salud.
Así que es muy probable, dado que las estimaciones científicas determinan que entre el 20 de marzo y el 20 de abril, México entrará a la fase 2 del contagio de COVID-19, y por lo tanto, ampliará sus recomendaciones de aislamiento y prevención, que lleguemos al 4 de abril sin que en la Cámara tomen una decisión.
Esto dejará un INE “mocho”, con siete de once Consejeros funcionando, así sea en modo oficina de hogar, en la organización y planeación de la elección más grande de México, la cual sucederá en 2021, cuando se elegirán más de 3 mil cargos, entre estos, quince gubernaturas, 300 diputados federales y renovaciones en alcaldías y congresos locales, cuyo arranque será el 20 de septiembre. Ojalá para entonces ya estén electos los consejeros del INE.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la medida de no laborar en las oficinas del 18 de marzo al 19 de abril, los ministros atrasan la determinación que extraoficialmente se sabía, tomarían en estos días y antes que concluyera el mes, para determinar si el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez es por dos años, tal cual como fue convocado por el INE y votado por los bajacalifornianos el 2 de junio de 2019. O si es de cinco años como votaron los diputados del Congreso de Baja California a iniciativa de un diputado de Movimiento Regeneración Nacional.
Para el bonillazo, el plazo vence hasta el próximo año, pues en 2021 debe dejar el cargo para el que fue electo por dos años, e impuesto por cinco por los diputados, para dar paso a la contienda electoral para sucederlo en el Gobierno del Estado.
Pero nada, las dos decisiones se han atrasado, debido a las medidas de contingencia que los poderes del Estado han tomado para ayudar a disminuir la propagación del COVID-19 entre los mexicanos. Ni hablar, otra vez nos toca esperar. Con los brazos cruzados, sin besos ni abrazos porque contagian.
