Pese a que el Presidente de México redujo el llamado al paro nacional de mujeres a un acto donde “claro que está la derecha metida”, lo cierto es que en BCS, en 2019 el 40% de 2 mil 816 actos criminales registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron cometidos en contra de una fémina
El lunes 9 de marzo, Baja California Sur se unirá al paro nacional denominado Un Día sin Mujeres. En los últimos meses se ha visto un incremento importante en casos de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar, en los que las víctimas han sido féminas.
En concreto, de 2018 a 2019 los delitos contra mujeres aumentaron 6%, además de que en el mismo lapso se confirmaron dos feminicidios.
Sin embargo, “claro que está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan, así también hay oportunistas”, reprochó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a BCS.
“Los lamentables acontecimientos de las últimas semanas, nos han llenado de tristeza y de dolor, hay nombres cuya sola mención convocan a la indignación y a la acción, a la respuesta contundente del Estado y de la sociedad; le proponemos, señor Presidente, convocar a una reunión especial inmediata para atender esta emergencia nacional, conjuntemos a todos los gobernadores, a todos los fiscales, a los procuradores del país junto con el Gobierno Federal, a efecto de homologar el tipo penal de feminicidio”, exhortó el mandatario sudcaliforniano y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis.
Mujeres también han sido víctimas de la delincuencia organizada, privadas de la vida de manera violenta y en algunos casos exhibidas en avenidas y tramos carreteros
Contrario al discurso del primer mandatario, Mendoza Davis hizo un llamado para “acordar acciones que prevengan la plaga de violencia de género, abatir la impunidad y garantizar a las niñas, mujeres una vida de paz y de tranquilidad. Estoy seguro, señor Presidente, que todos estamos listos, que todos y todas nos sumamos a la voz de ni una más, ni una menos”.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN AUMENTO
Acorde con el organismo Semáforo Delictivo, BCS se encuentra entre los estados del país con mayor tasa de crecimiento en el delito de violaciones, además, reconoce que deben implementarse medidas preventivas para erradicar la violencia, así como atención inmediata a las víctimas del delito.
La entidad federativa se sumó a aquellas que tipificaron como feminicidio los asesinatos de mujeres por razones odio y género.
En 2019 se registraron 2 mil 816 actos criminales, según la incidencia delictiva contenida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El 40% de esos delitos fueron cometidos contra una mujer.
Ante tal contexto, Silvia Lupián Durán, representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad y Justicia, Penal manifestó que se debe trabajar mucho en la atención a víctimas del delito, “lo que siente la víctima o lo que se siente como víctima es la impotencia de saberte amenazada, como afectada y llegar ante la institución con la fe y la esperanza de ser escuchada y atendida; sí denunciar, pero también recibir el apoyo psicológico a tiempo, para que la víctima asimile lo que está pasando y ayudarle a que no tenga miedo y permanezca fuerte, protegida para denunciar”.
No obstante, en BCS la atención a las víctimas del delito es tardía, incluso la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo sabe, por ello han efectuado una reestructuración, ya que había ocasiones en que la víctima de violación desistía de la denuncia, debido a que pasaba horas en la espera y el Ministerio Público no atendía la denuncia. Y peor aún, tardanza en la atención física y psicológica.
“No se puede generalizar, porque dentro de las instituciones hay gente que sí trabaja y apoya a las víctimas, pero hay otras que pareciera es un asunto sin importancia. Hace falta una sensibilización y sensibilidad por parte de los servidores públicos, si la víctima es mujer, lo que quisiera es que si le toca una mujer como servidora pública, por lo menos sea empática, que crea en la víctima y no ponga en tela de juicio lo denunciado”, lamentó la representante del Consejo Ciudadano.
La PGJE dio a conocer la detención de Kevin N imputado por el delito de violación en contra de una joven, localizada con signos de violencia el 7 de febrero en la colonia El Tezal de Cabo San Lucas y actualmente hospitalizada
Asimismo, ha habido víctimas del delito que murieron en la espera de justicia, casos en que se determinó una orden de restricción y, pese a ello, el agresor cobró la vida de la denunciante.
“Una orden de restricción no te garantiza que (el victimario) no se te va a acercar, que no te pueda pasar algo”, externó Silvia Lupián.
Para mejorar la atención y reducir el alto número de incidencia que no se denuncia, el Consejo Ciudadano pretende realizar encuestas de salida para conocer el sentir de los ciudadanos en calidad atención y tiempo de respuesta. Al inicio se hará sólo en Los Cabos, pero se extendería a La Paz.
“Las encuestas las vamos a hacer en Los Cabos, a la salida del Ministerio Público del 9 al 13 de marzo, el objetivo es promover una mayor participación de las víctimas en la denuncia, pero también evaluar la atención que reciben todas las personas que acuden a esa instancia en busca la justicia, si su asunto fue atendido en tiempo y en forma, y la atención que recibieron del servidor público”, agregó la activista.
CIFRA NEGRA
“La intención del Consejo Ciudadano es abatir el 87% de cifra negra que se obtuvo en 2019, y que conozcan que existen otras instituciones que defienden sus derechos, como (Comisión de) Derechos Humanos, que existe la Dirección de Atención a Víctimas por parte de la propia Procuraduría”, expuso Silvia Lupián en torno al esfuerzo que actualmente se está haciendo para proteger a las víctimas de actos criminales.
“La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con psicólogos, profesionistas en el tema. Entiendo que (PGJE) está rebasada, que no hay presupuesto suficiente, pero eso a las víctimas no les importa; ellas quieren una atención integral”, argumentó la representante del Consejo Ciudadano.
En breve sostendrán una reunión para buscar que la Dirección de Atención a Víctimas no dependa de la PGJE y obtenga presupuesto independiente.
Respecto a los feminicidios, violaciones y todo delito en agravio de las mujeres, Leonel Cota Montaño, del SESNSP, afirmó que desde hace muchos años estos crímenes han existido, la diferencia es que ahora se comparten cifras que antes se ocultaban.
En cuanto a la posibilidad de establecer una Alerta de Género, “hay muchos temas sobre la mesa que deben ser analizados, el hecho de que se den estadísticas y aparentemente incrementos, (se debe a) que antes se negaban estadísticas y se mentía a la sociedad sobre violencia familiar, violencia de género, feminicidios; había una actitud de los gobiernos por esconder problemas, hoy que el Gobierno de la República decide con toda claridad informar al pueblo de México, vienen los escándalos”, declaró el funcionario, para rematar:
“El problema ha existido y quienes critican al actual gobierno, lo debieron haber resuelto en tiempo y forma. Debe el problema ponerse arriba de la mesa, y los gobiernos, trabajar en conjunto para resolverlo”.
Postura que coincide con la del Presidente de México, en que existe el riesgo de que la marcha del 9 de marzo se convierta en una bandera de la oposición, se politice y no se atienda el problema de fondo.
En días pasados, la Ciudad de México fue escenario de manifestaciones violentas, ya que por años las mujeres se han sentido reprimidas y hoy más que nunca han alzado la voz para que las autoridades erradiquen la violencia contra ellas.
“Es un riesgo real que se convierta más en bandera política que en solución, lo que tenemos que construir, los que gobiernan este país, es soluciones a un problema real de la sociedad”, opinó el secretario, a la par de celebrar que Carlos Mendoza Davis esté al frente de la Conago para trabajar en conjunto y mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos.
“Los esfuerzos en todos los niveles en esta materia de violencia familiar, violencia contra mujeres, que particularmente no llegue al extremo del feminicidio, se deben dar en coordinación; es parte de mi labor en el Gobierno Federal, buscar coordinación con los gobernadores, con presidentes municipales, para que las cosas en seguridad puedan mejorar”, lanzó Leonel Cota Montaño desde el SESNSP.
HOMICIDIOS SIN JUSTICIA
A casi un año de que en Baja California Sur se tipificara el homicidio en contra de las mujeres, y dejara de ser una agravante para convertirse en feminicidio, expertos en la materia confiaron a ZETA su postura, avalada por 90 expertos en justicia penal.
Arturo Rubio Ruiz, representante de Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines, definió que se cometió un error en el Congreso del Estado al tipificar el delito, pues como agravante era suficiente para castigar al delincuente; el error técnico se debió a una moda y no velando por el castigo del delito.
“El delito de feminicidio debería seguir las reglas genéricas del homicidio, matan a una mujer y son de 30 a 50 años de prisión; la matan por motivos de odio, la pena aumenta de 30 a 60 años. Desde la academia consideramos que fue un error técnico, un
Veinte días de tandeo de agua en Los Cabos
El 21 de febrero, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo su tradicional conferencia de prensa mañanera en La Paz, Baja California Sur, adonde llegó un día antes.
Una vez en Sudcalifornia, lo pusieron al tanto de los principales problemas por los que atraviesa la población, empezando por la inseguridad, abuso a mujeres, problemas de contaminación con la termoeléctrica en La Paz, y desde luego, la falta de agua en la Capital y en Los Cabos.
López Obrador hizo un anuncio importante para los habitantes de ambas municipalidades:
“Hemos hecho el acuerdo con el gobernador Carlos Mendoza de aumentar el abasto de agua tanto en La Paz como en Los Cabos, con plantas para tratar el agua de mar es una inversión en los dos municipios de alrededor de mil millones de pesos; es un compromiso que tenemos”, expresó AMLO.
De último minuto y como si fuera una carta Santa Claus, la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, hizo su petición en una hoja de papel a puño y letra, presumiéndola en sus redes sociales con todo y faltas de ortografía:
“Presidente Andres Manuel Lopez Obrador.
La problematica de Los Cabos, con el suministro de Agua, No podemos solucionarlo sino invertimos en eficientar la actual planta. Urge hacer la ampliación de un modulo mas y paralelamente avanzar con la desaladora.
No podemos seguir así. Tandeos de hasta 20 días. Urge que Conagua Nos apoye invirtiendo recursos, en infraestructura.
Este tema no puede esperar. Me apena molestarlo pero Sinceramente es necesaria su intervención”.
La alcaldesa cabeña prefirió dar prioridad a una cartelera con un costo superior a 20 millones de pesos para las tradicionales fiestas de San José del Cabo, antes que llevar agua a los habitantes, en cuyos hogares pasan hasta veinte días sin el vital líquido.
Eso sí, hizo la petición para que el Presidente de la República le resuelva ese problema, mientras ella disfruta de artistas y viste ropa de diseñador, goza de una caja chica de 40 mil pesos, e invierte más de 2 millones de pesos mensuales en comunicación e imagen, así como 67 millones en gastos personales, para seguir siendo tendencia en redes sociales.
error de moda que hizo el Congreso, al adicionar el título Vigésimo Sexto del Código Penal, donde añadieron el texto por razones de género, se incorporan al feminicidio como un tipo autónomo”, recalcó.
En marzo de 2019, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, integrada por las diputadas Daniela Rubio, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez y el diputado Esteban Ojeda, se dejaron llevar por los reclamos sin avalar su propuesta de reforma con expertos.
Hoy, ese “error” -como le llaman los expertos- mantiene atada a la PGJE, ya que de no probar el feminicidio, el delincuente saldrá con total impunidad, pues ya no se puede juzgar dos veces por el mismo delito.
“Técnicamente hablando, el feminicidio es una modalidad de homicidio, es el homicidio cometido en agravio de una persona del sexo femenino, el problema es que es un calificativo del homicidio; al ser un delito autónomo, si tú no pruebas que asesinaron a una mujer por motivos de odio o de género, entonces ya no hay delito, eso es lo grave de hacerlo autónomo al feminicidio”, reconoció Rubio Ruiz.
Para el Colegio de Posgraduados en Derecho, es claro que el feminicidio debe regresar a ser una agravante, y lo explican de esta manera:
- Si el agresor mata a una mujer, es acusado por homicidio y, de probarse el delito, recibirá una pena de entre 30 y 50 años de prisión.
- Si además se prueba que hubo agravante de feminicidio, se suman mínimo 10 años más.
- Actualmente la Ley establece que de cometer feminicidio, la pena es de 30 a 60 años de prisión, pero si no se prueba, el agresor queda en libertad automáticamente.
“Para que un sujeto sea condenado por feminicidio autónomo, no solo hay que probar que privó de la vida una mujer, también es indispensable por el principio estricto de aplicación de la Ley, acreditar que lo hizo por razones de género”, indicó el representante del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS.
Y advirtió:
“Probar que una persona fue asesinada no es tan complejo, es un porcentaje muy alto que se obtiene de condenas por ese delito; el problema es cuando el tipo tiene una característica específica, alta subjetividad, como es la razón de género, si no puedo probar yo como parte acusadora que fue por razones de género, ese delito queda impune”.
Cojo ejemplo, aun cuando haya una confesión de homicidio, la fiscalía debe probar que existieron razones de género, de otra manera el agresor quedaría libre.
“Ocurrió en Ciudad Juárez, donde un asesino confeso fue dejado en libertad porque el Ministerio Público no pudo probar que mató por razones de género, es un retroceso en el punto de vista técnico, hacer delito autónomo el Feminicidio”, subrayó Rubio Ruiz.
La recomendación en materia penal es que el Congreso del Estado rectifique y tome en cuenta que de por sí probar un homicidio es complicado, probar el feminicidio generaría impunidad.
“Tenemos que rectificar, el tipo penal es homicidio, A mata a B, una persona mata a otra, si además la mata por razones de género, entonces es un homicidio calificado por feminicidio, no un tipo autónomo. Ese es el consejo que se da desde la academia, los que conocemos la complicación que resulta acreditar una modalidad del tipo penal. Debería quedarse como calificativa, así, si no podemos probar que fue feminicidio, por lo menos que se pague una condena por homicidio”, concluyó el abogado.
DESAPARECIDOS, OTRO ASUNTO PENDIENTE EN VISITA DE AMLO
Baja California Sur contabilizó 81 homicidios dolosos en 2019, de los cuales 68 fueron contra hombres, 13 a mujeres, con dos tipificados como feminicidios -en octubre y noviembre- en Los Cabos.
Sin embargo, hay otra incidencia de la cual poco se habla: las desapariciones, que prácticamente tienen que ver con privaciones ilegales de la libertad cometidas por la delincuencia organizada.
Por primera vez, el gobernador Carlos Mendoza Davis habló abiertamente de la disputa entre cárteles por el control de la plaza de venta de droga: “En el tema de la incidencia en homicidios dolosos, al arranque de la administración en 2014 iniciaron los primeros hechos violentos que terminaban en ejecuciones, por la primera disputa que se dio de una plaza de venta de drogas, que fue precisamente en La Paz, después la violencia se extendió a todos los municipios del Estado”.
Ciudadanos como Gabriel Álvarez Manríquez siguen en la búsqueda de sus desaparecidos. En su caso, su madre, Elvira Yolanda Manríquez Pérez, lleva más de dos años y medio sin aparecer.
“Fue privada de su libertad el 12 de julio de 2017 en La Paz, y todavía no tengo respuesta de nada, no sé nada de ella, las investigaciones siguen en blanco, no avanzan; por eso pido ayuda al señor Presidente, a que nos ayude que avancen”, externó a ZETA.
El año 2018 fue crítico en cuanto a desapariciones, además de que la violencia alcanzó el pico más alto en la media península. Incluso fue el periodo en que más fosas clandestinas se localizaron.
“El número de personas desaparecidas ha crecido y, en lo que va de 2020, tenemos reportadas 16 personas desaparecidas; ese nada más es el registro que tenemos en el colectivo, tenemos registradas 250 personas desaparecidas, pero obviamente la cifra es más alta de 2011 a la fecha”, añadió Gabriel Álvarez, quien es parte del colectivo Búsquedas por La Paz. En este, familiares de desaparecidos hacen recorridos en distintas zonas, incluso el movimiento se ha extendido a Los Cabos, Comondú y la zona norte de BCS.
“Antes no se miraba nada de esto, La Paz y Baja California Sur eran lugares tranquilos, donde nada pasaba, y de la nada empezaron las desapariciones. Nosotros salimos los miércoles y domingos a las búsquedas en campo, igual salimos a búsquedas a centros de rehabilitación y los penales de la entidad”, detalló Gabriel.
Pese a la situación, la Comisión de Búsqueda de Personas no ha recibido presupuesto, la Federación lo mantiene interrumpido y por ello los colectivos piden bajar el recurso para seguir buscando a sus familiares.
“Si no ha llegado o bajado el recurso a Baja California Sur, lo necesitamos, es una ayuda que vamos a necesitar los colectivos de búsqueda”, insistió Álvarez Manríquez.
Datos del Colectivo Búsquedas por La Paz indican que 15% de las desapariciones han sido de mujeres, y 85% de hombres.
