Luego del punto de ebullición registrado durante los días previos al 9M, fecha en que miles de mujeres en Baja California -incluyendo las de esta casa editorial- pararon labores para protestar por la violencia de género en México, el tema dejó los encabezados de los diarios y comenzó a relajarse. Sin embargo, la tarea aún no se lleva a cabo.
El golpe social y mediático no se ha reflejado en políticas públicas reales en beneficio de la equidad, del cese a la violencia de género y la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres.
El ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid dejó el trabajo tirado, pese a que se le recomendaron acciones directas que podía implementar para mejorar el panorama y así evitar una Alerta de Género.
La promesa de Jaime Bonilla Valdez, actual mandatario estatal, es promover esta medida que rechazó “Kiko”, en busca de recibir apoyo federal. Sin embargo, parece insuficiente ante las cifras registradas de manera oficial.
Mientras en la entidad se analiza una Alerta de Género, en congresos como el de Ciudad de México recién acaba de aprobarse una medida sumamente polémica: el Registro Público de Agresores Sexuales.
El diputado de la Capital del país, Eduardo Santillán Pérez, propuso esta medida como un acto inhibidor -y preventivo- para las agresiones de carácter sexual, que son especialmente altas en CDMX. Sin embargo como entidad, Baja California no está muy lejos de esta realidad.
En países como España y Estados Unidos, este esquema funciona de diferente forma, pero existen grandes similitudes, como el tener acceso fácil e inmediato a la información sobre agresores sexuales sentenciados por un juzgador, los cuales son exhibidos a través de diversos medios durante cierto periodo. En el caso de CDMX se contempla de 10 a 20 años, dependiendo del hecho delictivo.
A raíz de que en Mexicali se dio un caso de agresión sexual en el transporte público por parte de un individuo que supuestamente se masturbaba frente a una joven, la cual video grabó al sujeto cuando se bajaba de la unidad, algunos colectivos sugieren que todo atacante sexual en los camiones -sentenciado- sea exhibido en el transporte público, con imagen y nombre, para que las personas a su alrededor tomen medidas al respecto.
La propuesta es polémica, pero podría ser una verdadera política pública implementada en busca de reducir ataques de esa índole.
No estamos muy lejos de esa realidad, pues solo en 2019, Baja California recibió 2 mil 772 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, convirtiéndose en la sexta entidad federativa de mayor incidencia en ataques sexuales en general, solo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.
Si bien las cifras de la Capital casi triplican las de BC, esto se equilibraría de compararse con la población y, en caso de desglosarlas, en la región no registramos mejores datos, pues en violaciones equiparadas -contra menores- se ocupa el cuarto lugar, con 336 querellas, solo por debajo de Estado de México, Puebla y Nuevo León.
En abuso sexual también se ocupa el cuarto lugar, con mil 384, por debajo de CDMX, Estado de México y Jalisco, cuya población es muy superior. En violaciones de carácter “simple”, se alcanza el noveno local a nivel nacional.
Con estos datos en mente, no es descabellado pensar que Baja California podría adoptar este tipo de medidas como una acción urgente para erradicar la violencia sexual, de la que las féminas son víctimas diariamente.
