El ex presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, José Luis Ovando Patrón, negó que en su momento haya maniobrado para retener parte del salario de personas que se desempeñaron en administraciones panistas, para canalizar las retenciones a las arcas del partido blanquiazul.
Afirmó que la acusación en su contra -por presunto abuso de autoridad- carece de fundamento, en vista de que el cargo que ocupó mientras parte de las percepciones de esos trabajadores fueron a dar al PAN, fue el de dirigente estatal partidista, por tanto, “no aplica como autoridad”, pues esas personas no trabajan para él.
Con todo y que reconoció que el Partido Acción Nacional (PAN) recibió recursos provenientes de tales salarios, Ovando aclaró que se trató de aportaciones voluntarias. “Hay documentos que prueban que así fue” sostuvo, y agregó que “todo se hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma”.
De acuerdo con el otrora líder partidista, el delito que se le atribuye tiene que ver con que el actual secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, lo había acusado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de “simulación de operaciones financieras”, acusación que la UIF rechazó. “Les dijo que ellos no pueden conocer de ese tema, que no existe eso; y lo mandó precisamente a la Fiscalía”. De ahí que se le haya señalado de abuso de autoridad, según el panista, “para intentar mantener el tema vivo”.
Ovando Patrón asumió que, en ese contexto, Rodríguez Lozano “pretende tender cortinas de humo con esta persecución política en mi contra; para distraer la atención sobre la inminente sentencia que habrá de ratificar la gubernatura de dos años (en lugar de cinco), que estamos esperándola todos en este mes… Para desviar la atención de temas de corrupción tremendos que se han presentado en este gobierno, y que él ha manchado este gobierno con esos temas de corrupción”.
En tal sentido, el ex presidente aludió a los supuestos sobornos a proveedores a cambio de contratos, en la antesala del arribo de la actual administración, así como la contratación -como director penitenciario- de Marcos Esteban Juárez, quien supuestamente estuvo involucrado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero).
Finalmente, afirmó que no existe orden de aprehensión en su contra; añadió que no hay un juez que la haya liberado, toda vez que la etapa del proceso que se emprendió en su contra por el caso de la asociación (en la cual también participaron Omar Murillo Salgado y la diputada federal Lizbeth Mata Lozano) se encuentra en una etapa en la que “la fiscalía está haciendo citatorios” ante los cuales ha comparecido.
“En esta etapa en la que nos encontramos, ni siquiera han llegado a un juez los temas”, afirmó; también dijo sentirse con la conciencia tranquila frente a las imputaciones en su contra. “Todo se hizo de acuerdo a la ley”, recalcó. A su vez, el gobernador Jaime Bonilla, contrario a lo que afirmó el ex dirigente, manifestó que el caso de Ovando ya se consignó ante un juez.
