Quizá recuerde Usted cómo en varias ocasiones, reporteros han solicitado vía transparencia, los gastos que efectúan los diputados del Congreso del Estado. En este Semanario y durante varios ejercicios en la materia, o los legisladores no proporcionan la información, o pretenden vender las copias, o invitan a una revisión en persona sobre documentos tan diversos como opacos.
Todos los diputados, aparte de su sueldo, reciben recursos para apoyar a la ciudadanía, realizar obras menores, adquisición de materiales, productos y otras dádivas, recursos que sumándolos, son millones de pesos mensuales que no se comprueban adecuadamente.
Pero en esta ocasión, un fraude en el Congreso del Estado llamó la atención de los nuevos legisladores. Particularmente de la Contraloría Interna ahora en manos de Hugo César Amador Núñez, quien el 17 de marzo presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público del Fuero Común en Mexicali, contra por lo menos tres ex empleados del Congreso del Estado, que desde 2017 y hasta diciembre de 2019, defraudaron las arcas del legislativo por más de un millón de pesos. Dos de los tres empleados habían estado comisionados al servicio de la ahora ex diputada Alfa Peñaloza.
Efectivamente, de acuerdo a la denuncia, se trata de los ex empleados Luis Carlos López Verdugo, analista contable desde el 6 de marzo de 2004 hasta el 9 de diciembre de 2019, quien ganaba 53 mil 758.86 pesos mensuales. Nancy Ávalos Cuevas, asistente de Recursos Humanos, trabajó en el Congreso desde el 2 de enero de 2008 hasta el 31 de enero de 2020 con un sueldo mensual de 30 mil 154.37 pesos, al tiempo que estuvo comisionada al servicio de la diputada Peñaloza en la pasada legislatura. Y Lorena Gissel Lomelí López, analista especializada en Recursos Humanos, laboró en la Cámara local del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2020, cobrando 28 mil 83.91 pesos por mes y, al igual que Ávalos, estuvo comisionada con Alfa Peñaloza.
La denuncia contra los ex empleados, que por cierto tenían base laboral, fue por los delitos de corrupción, cohecho y peculado, más los que resulten.
Fue en la Contraloría, al hacer una conciliación contable al segundo semestre de 2019, que se dieron cuenta que los tres ex trabajadores habían tramitado y cobrado ocho cheques en total por un monto de 314 mil 479 pesos.
La cuestión era que daban curso a la petición de recursos a nombre de personas que buscaban un beneficio para comprar material, pagar una receta o servicios públicos básicos, llevaban toda la tramitología y cuando salía el cheque a nombre de las “personas solicitantes”, el documento era endosado y cobrado por alguno de los tres ex empleados.
Todos los cobros los hicieron en Banco Santander México, y en la denuncia de hechos, revelan que sospechan que los cheques no fueron endosados por los beneficiarios para el cobro por parte de terceros, por lo que solicitaron pruebas grafoscópicas y caligráficas para determinarlo.
La denuncia, que se amplía a quien resulte responsable, es porque el procedimiento para la emisión de un cheque del Congreso del Estado ni es un proceso corto, ni inmiscuye a pocas personas. Funciona más o menos así: el solicitante hace un oficio del recurso que requiere y anexa justificantes, lo entrega al director de Administración, quien lo revisa y envía oficio al director de Contabilidad y Finanzas, si es aprobado, este firma la autorización.
El coordinador general de Presupuestos revisa la documentación autorizada y la turna a coordinadores o analistas para generar la autorización presupuestal, se obtiene un número de folio y se hace el cargo a las partidas presupuestadas para ello. Se imprime una autorización presupuestal, después los analistas llevan la documentación al coordinador general de Presupuestos, quien lo revisa y autoriza y lo turna al coordinador de Finanzas para elaboración de cheque o transferencia bancaria.
Una vez elaborados los cheques, los firma el director de Contabilidad y Finanzas, así como el titular de la Dirección Administrativa.
Una vez pasado ese proceso, se entregan con todo y documentos a la Secretaría Ejecutiva, de donde salen al Departamento de Pagaduría para su entrega a los beneficiarios.
De acuerdo a la investigación del Congreso, en ninguno de los ocho procedimientos que hicieron para finalmente cobrar los cheques, los tres ex empleados sustentaron o justificaron la expedición, con ello suponen, “se pueda estar actualizando algún tipo de responsabilidad penal por parte de los hoy denunciados, ya que hasta la fecha, ninguno ha manifestado el destino del dinero cobrado, y mucho menos quién les entregó dichos cheques y les dio instrucciones de acudir ante la citada institución bancaria a cobrar los referidos cheques, máxime que no eran de su propiedad por haber sido expedidos a favor de otras personas”.
Pero también fueron documentadas otras transas.
En otra ocasión, al Congreso del Estado se presentó una factura de la empresa GM Transport México por un valor de 21 mil 840 pesos, que a saber, debían por concepto del arrendamiento de una camioneta a nombre de Luis Carlos López Verdugo, cuyo trámite realizó Nancy Avalos Cuevas.
Igual localizaron una factura por 22 mil 631 pesos de la empresa Compuland, por concepto de resmas de papel, memorias, tintas y tóneres. Sin embargo, al investigar, encontraron que López Verdugo solicitó se elaborara esa factura por esas compras para ocultar la factura original por la adquisición de un iPhone XS. El mismo ex empleado adquirió una laptop a nombre del Congreso por 48 mil 641 pesos. En otra transacción por 17 mil 665 pesos, compraron una computadora de escritorio, y por mil 392 dólares, otro teléfono celular iPhone XS.
Invariablemente solicitaban a la empresa cambiar las facturas para demostrar la adquisición de otros productos como papelería y artículos de oficina, para así tramitar el cheque correspondiente. Todo lo hacían entre López Verdugo y Ávalos Cuevas, con las empresas referidas y sin orden de compra, pues ya los conocían y les tenían confianza.
De hecho, al seguir el modus operandi, en el Congreso se localizó un estado de cuenta a nombre de Nancy Ávalos con 17 facturas, siete notas de venta y 30 remisiones, por 265 mil 534 pesos por la adquisición de 27 artículos diversos; otra por 173 mil 957 pesos; 142 mil 539 pesos por la adquisición de 22 artículos entre 2017 y 2018; y 18 mil 852 dólares por 14 artículos diversos.
Ninguna de las compras realizadas por los ex empleados cumple con las políticas administrativas del Congreso del Estado o con los procedimientos de compra y entrega de mercancías. Aparte, que no hay en el Congreso evidencia física de lo adquirido.
Ahora sí que los diputados “gastan” el dinero sin saber en qué, y las facturas que puedan entregar a Transparencia no significa necesariamente que sean legítimas o se haya comprado lo que ahí se describe. Como que les hace falta aplicar más rigor para cuidar el dinero público entre sus empleados.
Por lo pronto, esta transa evidenciada y documentada desde la fracción de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara legislativa local, ya está siendo investigada. Y seguirán por más empleados desleales, con todo y que tengan base laboral.
Advertidos están, dicen, tanto diputados como empleados… ¿Será?
