Conocí y conozco abogados defensores de narcotraficantes. Unos han sido muy profesionales contestando mis preguntas. Otros y llamándoles telefónicamente desde Tijuana a Toluca nunca regatean información. Por eso supe cómo ganaron juicios de amparo para sus clientes mafiosos. Llegó un momento cuando reportaron tantos que por descuido o costumbre nunca llevé la cuenta. Pero tanteando no exagero al escribir “cientos”. Y eso nada más en los últimos dos o tres años. Hace algunas semanas cierto abogado me sorprendió. Le creo porque nunca sus datos resultaron inválidos. Además, está considerado como catedrático de alta seriedad en cierta universidad del norte mexicano. Platicamos sobre ciertos prisioneros y no, reclamados por Estados Unidos. “Nada más para tu información, nunca he perdido un juicio de extradición”. Y antes de soltarle un admirado “¿queeeeé?” simplemente dijo: “He ganado 16 casos consecutivos”. Me dio nombres de sus clientes favorecidos. Uno por uno. Pero al señor abogado no le gusta andarse pavoneando ante periodistas. “Me interesa mi defendido. Mi trabajo no es para presumirlo”. Eso sí, aclarando: Si algún reportero le solicita información concreta, no la niega. Pero le encorajina mucho cuando no escriben o transmiten las noticias sobre asuntos legales sin conocer los procedimientos. Por eso en ocasiones a quien se lo pide, hasta le transmite un mensaje detallado por fax. Y como sabe que no está impartiendo clase, lo escribe sencillo. Entendible.
“Así es que gracias a ti esos 16 solicitados en extradición se salvaron. No pudo llevárselos el gobierno estadounidense”. A mis palabras su advertencia: “Ni podrán”. Luego explicó: “Mira, esto no es cosa del otro mundo, ni andar sobornando jueces y menos amenazarlos. Yo no trabajo así”. Con toda la paciencia y claridad siguió: “Lo que pasa es que casi todos los procesos contra acusados de narcotráfico o crimen organizado tienen grandes fallas de origen”. Escuché su aclaración: “Me da mucho coraje cuando personas notables de este gobierno les achacan a los jueces incapacidad y hasta complicidad con los procesados”. Y según este abogado no es así. Su explicación fue llana. “Al señor juez le llegan los expedientes con acusaciones de la Procuraduría y los alegatos de la defensa. Inmediatamente se da cuenta: Los cargos de la PGR no tienen base. Muchos ni siquiera pruebas. Tampoco testigos y lo más triste: Los cargos son tan confusos y, perdón por la redundancia, bastante imprecisos”. Entonces me dijo: “Claro, eso lo favorece a uno como abogado defensor”. Pero insistió “…entonces créemelo, el juzgador no puede fallar contra los acusados sin elementos. Ni su papel es andar investigando los delitos o confirmarlos”. Le oí desilusionado cuando me comentó: “Se ve muy mal el Presidente. Fíjate bien, cuando andaban con el desafuero a López Obrador, entonces el Gobierno del Presidente Fox insistió en la capacidad de los jueces. Pero ahora con ese caso del hijo de Guzmán Loera, prácticamente fueron insultados porque concedieron el amparo a este muchacho. Lo más triste: Que la Presidencia de la República informe oficialmente “sospechamos mal del juez”. La máxima institución no puede andar en esas. ¿Cómo que sospecha? En Los Pinos y para el caso esa palabra no cabe. Debería ser contundente: El juez es culpable por esto y por esto. O no es culpable. Pero eso de andar diciendo ‘sospecho’ resulta inadmisible en la Presidencia. Se pierde la seriedad. Hay incertidumbre que al fin y al cabo esa es la sospecha. Ahora te digo una cosa: Yo no he tenido acceso al expediente. Pero por lo que sé, las acusaciones de la PGR no tenían ni pies ni cabeza”.
No me quedé con las ganas y pregunté: ¿Acaso no hay buenos abogados en la PGR para justificar sus acusaciones? La respuesta me anonadó: “Claro que hay buenos abogados. Pero cuando capturan a una persona para acusarla de crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero, sucede lo que ya es costumbre: No tienen pruebas. Podría suponer sin conceder que el acusado cometió el delito. Los investigadores de la Procuraduría simplemente saben de oídas sobre violaciones a las leyes. Pero cuando consignan al Ministerio Público le acusan de vagamente ‘crimen organizado’. Ni especifican el motivo y menos lo prueban. Entonces el fiscal para no enemistarse con sus compañeros de la Procuraduría remite el asunto lleno de errores al señor juez. Allí es cuando nosotros los abogados entramos. Fácilmente vemos fallas. Promovemos los juicios de amparo. Y poco a poco vamos ‘tumbando’ una a una las acusaciones”. Puso como ejemplo otra vez al hijo de Guzmán Loera. “Fíjate bien, lo detienen en Guadalajara; allí debió ser procesado. Hay muchos acusados por lo mismo pero en gran escala. Pero no. Lo trasladan a una casa de arraigo en la Ciudad de México. Luego al Reclusorio Sur manejado por el Gobierno del Distrito Federal y estando bajo proceso federal. Luego lo excarcelan con pretexto de fuga. Para eso violan un amparo. Lo internan en “La Palma”. Y como no hay mucho que estudiar, el juez concede la libertad”. Por eso, me explicó, en la PGR ya sabían que sería liberado. Entonces sacaron por allí un testigo protegido. Rápidamente confesó varios delitos. Es de notarse que no lo hizo anteriormente. No. Se sacaron un naipe bajo la manga y en cuanto este joven sale de “La Palma” otra vez al arraigo”. El abogado consideró todo eso como una aberración jurídica. “Es el detenido que ha sido más movido de un Estado a otro y con gran costo. Nunca se vio en los últimos años. De Guadalajara al arraigo. Del arraigo al Reclusorio Sur. Del Reclusorio Sur a La Palma y de La Palma otra vez al arraigo”. Por eso me dijo con cierta desilusión “…no, mi amigo. Les falta seriedad. Y no lo dudes. A como van las cosas, el hijo de Guzmán Loera saldrá libre. Como dicen ustedes los periodistas ‘tiene ya muchos reflectores’. El problema será cuando su defensor reclame pruebas fehacientes. O lo más delicado: Careo con el testigo protegido. Allí los quiero ver”.
Sin decirlo el abogado, siento este caso de “El Chapito” como un capricho. Tenerlo a fuerza encarcelado. Algunos compañeros periodistas me han llamado. Y el tono de su pregunta es tan coincidente como asombroso: “¿Crees justo lo que le están haciendo a ‘El Chapito’ Guzmán?”. La forma de interrogar lo dice todo. Guardando las proporciones. Pero al hijo del afamado narco lo están convirtiendo en mártir, no en igual escala, pero sí parecido a López Obrador.
Precisamente recibí recientemente informes sobre un expediente en los Estados Unidos. Está radicado en cierta corte californiana. Los acusados son: Alberto Benjamín Arellano Félix, Eduardo Ramón Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez y Armando Martínez Duarte. Expediente grande. Delitos detallados. Dónde, cómo y a qué horas. Declaraciones de oficiales refiriendo y exhibiendo pruebas. Así, en el caso de ser detenido alguno de ellos o extraditado, el juez al recibirlos les informará sobre los cargos. Fijará fecha para que su abogado presente pruebas contrarias. Y en menos de dos meses ya estarán sentenciados. Mínimo 30 años. Nada de chuecuras. Comenté esto a mi amigo abogado y su respuesta fue: “Así debería ser aquí. No andar inventando cargos”.
Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en junio de 2005.
