Colaboración invitada
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Zaira González Rodríguez
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“Los que menos tienen son los que más pagan y menos servicios tienen”.
La muy comentada demanda del gobernador del Estado hacia los empresarios a que se sumen al aumento de impuestos implementados a principios de este año, ha suscitado mucha indignación en la sociedad y en los medios, a raíz de la despectiva comparación que el gobernador hace de los empresarios con animales. Sin embargo, el exclusivo enfoque que se le dio a sus palabras resulta desafortunado, pues nos previene de discutir la problemática que se plantea, que es la del alto nivel de desigualdad en nuestro país y nuestro estado, la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad para terminar con ella y la necesidad de cambiar las políticas que están contribuyendo al crecimiento de esta.
Para medir la desigualdad en una sociedad, el indicador más utilizado por los economistas es el coeficiente de Gini, que nos indica el nivel de concentración de riquezas en la sociedad; entre mayor sea este coeficiente, mayor es la desigualdad.
A pesar de que en Baja California este coeficiente es menor que el promedio nacional (.40 vs .47 en 2018, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval), sigue reflejando un altísimo nivel de desigualdad en la región, muy por debajo del índice promedio de países de la OECD (.31), incluyendo países nórdicos como Dinamarca o Noruega (.26). Esta disparidad de la riqueza se refleja en el acceso a servicios de la población en el estado, pues el 39.8 por ciento de los bajacalifornianos es vulnerable debido a carencias sociales, medidas en acceso a servicios de salud y a servicios básicos de la vivienda, entre otros.
México es -por mucho- el país que menos recauda para su presupuesto por concepto de impuestos de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), conformada por 36 países. En nuestro país, los impuestos componen apenas el 16.2 por ciento del PIB: menos de la mitad del promedio de los países de la OECD. Esta cifra sitúa a México por debajo incluso de países con menores ingresos per cápita como Bolivia, Nicaragua y Honduras.
A raíz de esto, ha habido una creciente presión por parte de académicos y la sociedad civil por una reforma tributaria que permita acrecentar la participación de los impuestos al ingreso dentro del gasto público. Estas propuestas hacen hincapié en la importancia de un mayor impuesto sobre la renta a las grandes empresas y grandes capitales. La actual desigualdad en la recaudación se refleja directamente en el nivel de inversión social del estado, pues todo lo que no aportan las empresas, recae sobre la ciudadanía, quien tiene que pagar servicios de salud o educación privados, o mayores impuestos.
No obstante, la recaudación de impuestos sobre la renta es competencia del Gobierno Federal, y por lo tanto, es a este nivel que las reformas tributarias deben de hacerse. Dado que la federación ha reducido sus aportaciones para los estados este año, como parte del plan de austeridad republicana, los gobiernos estatales de todo el país están buscando alternativas de ingresos para cumplir con sus necesidades de gasto. Por ello, en lo que va del año, al menos 12 estados se han visto en la necesidad de incrementar, ya sea sus impuestos o su endeudamiento público.
En el caso de Baja California, las aportaciones de parte del Gobierno Federal se redujeron en mil millones de pesos. Hay que recordar que Kiko Vega dejó al estado endeudado por siete mil 305 millones de pesos; debido a esto, gobernador y diputados decidieron que habría un aumento en los impuestos y no en el endeudamiento, continuando con el compromiso de sanear las cuentas públicas del estado. El resultado fue la creación -o aumento de impuestos- a combustibles, hoteles, moteles, casas de empeño, impuesto sobre nómina y a plataformas digitales de hospedaje como Airbnb. Impuestos iguales o similares fueron implementados este mes en los estados de Yucatán, Veracruz, Puebla, y Oaxaca.
En general, un alto gasto público tiene el potencial de convertirse en un motor económico y distributivo; pero es importante que los recursos para este sean obtenidos por medio de impuestos progresivos, tal como lo es el impuesto sobre la renta. De otra manera, al imponer impuestos regresivos sobre el consumo (como el IVA), se disminuye el porcentaje de la renta de los deciles de menor ingreso, pues el pago del impuesto es mayor para las familias de menor ingreso como proporción de este.
El problema con la Ley de Ingresos para 2020 impulsada por Morena, es que no queda claro que todos los impuestos propuestos vayan a ser de carácter progresivos. Los impuestos a las gasolineras son particularmente preocupantes, pues potencialmente calificarían más como un impuesto al consumo, al no haber garantías de que este impuesto no será trasladado a los consumidores. A pesar de que los otros impuestos también califican como impuestos al consumo, un impuesto a la gasolina es un impuesto al que el ciudadano corriente no puede decidir no incurrir -como sería en el caso, por ejemplo, de los impuestos a los hoteles-, pues aunque puedo decidir viajar o no hacerlo, la necesidad de transportarme al trabajo o a la escuela es inflexible.
El impuesto sobre nómina también es considerado por muchos economistas como regresivo por dos razones. Primero, debido a la inelasticidad de la fuerza de trabajo en México, lo más probable es que la mayor parte de este impuesto sea transferida gradualmente sobre los trabajadores. Segundo, dado que los sueldos disminuyen como porcentaje del ingreso total entre más crecen los ingresos, las personas con ingresos por medio de alquileres, beneficios, dividendos, etc., se verán afectadas por la gradual transferencia un impuesto de nómina a su salario en menor medida que aquellas personas para las que su sueldo es su única fuente de ingresos. Este último sector de la población está generalmente conformado por personas en los deciles de ingreso menores.
Finalmente, es posible que las empresas ajusten sus planes de futuras contrataciones al verse su presupuesto afectado.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con datos del Inegi, en Baja California el 92 por ciento de las empresas son de carácter micro, lo que significa que emplean hasta 10 personas; este tipo de empresas son además las que experimentan una menor esperanza de vida en relación a las de mayor tamaño. Por otro lado, las grandes empresas que emplean más de 250 personas conforman solo el .5 por ciento del total de las empresas de nuestra entidad, por lo que cualquier impuesto con impacto a las empresas tiene que tomar en cuenta las características de las primeras para no resultar en el cierre de estas.
Hay que reconocer que también hay argumentos a favor del incremento al impuesto sobre nómina. Por ejemplo, son las grandes empresas las que generan el mayor porcentaje de empleo en la entidad (38.2 por ciento), seguidas por las medianas empresas (18.1 por ciento), y por lo tanto, son estas las empresas que más generarían ingresos públicos con este impuesto.
El incremento al impuesto sobre nómina del 2.43 al tres por ciento no es mayor al de la mayoría de los otros estados fronterizos, pues Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León también mantienen un impuesto del tres por ciento sobre nómina, mientras que Sonora está analizando incrementarlo a este monto para el 2021, dejando solamente a Coahuila como el único estado sin intenciones de homologar su impuesto sobre nómina del dos por ciento.
En mi opinión, sí hubo una falta de análisis al momento de decidir el tipo y nivel de impuesto que se iban a implementar este año. ¿Bajo qué justificación se decidió que esos seis serían los impuestos a aumentar y no, por ejemplo, a bebidas alcohólicas? ¿Por qué el aumento a moteles fue de siete por ciento y no de cuatro o diez por ciento? ¿Qué mecanismos se utilizarán para evitar que el aumento al impuesto en combustible pase de los dueños de las gasolineras a los consumidores? ¿Se podría implementar un mecanismo para que el impuesto sobre nómina tenga un menor impacto sobre las micro y pequeñas empresas, cómo un subsidio o una estratificación del impuesto? ¿Cuál ha sido el impacto sobre el empleo y los salarios después de aumentar el impuesto sobre nómina en otros estados del país?
Para poder contestar estas preguntas es importante incorporar análisis de costo beneficio para cada una de las propuestas de leyes. También es útil evaluar los resultados que otros estados y países han tenido con reformas parecidas. Los hacedores de políticas públicas tienen la obligación de tomar decisiones de manera responsable e informada, al igual que el hacer pública la manera en la que llegan a sus conclusiones, permitiéndonos a los ciudadanos informarnos y analizar estas políticas.
La premisa del Coneval es “lo que se mide se puede mejorar.” Yo agregaría que lo que se evalúa se puede defender, como es el caso de un alza en los impuestos.
Zaira González Rodríguez cuenta con una maestría en economía y ha trabajado para los gobiernos federales de Estados Unidos y México. Actualmente reside en Mexicali, B.C. Correo: gonzalez.r.zaira@gmail.com
