El juez Ramon Reyes Jr, de la Segunda Sala de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, rechazó de nueva cuenta este martes 31 de marzo, los dos millones de dólares que la defensa de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, había otorgado como paquete de fianza para que el ex funcionario federal mexicano llevara su proceso en libertad.
“Creo que voy a rechazar el paquete de fianza. No creo que haya una combinación de condiciones para garantizar la presencia del señor García Luna en esta Corte cuando se le requiera”, dijo el juez Reyes Jr. en una audiencia celebrada por teleconferencia.
El magistrado comentó que la “significativa” sentencia a la que se enfrentaría García Luna, que podría ser de cadena perpetua, haría difícil que García Luna se “resistiera” a huir a México. Según Reyes Jr., “la seriedad de los cargos” contra el ex titular de la SSP mexicana son demasiado importantes.
Asimismo, durante la audiencia, los fiscales de Brooklyn repitieron los argumentos de que el acusado podría fugarse en automóvil a México para ser protegido por el Cártel de Sinaloa, una vez que cruzara la frontera.
Sin embargo, César de Castro, abogado de oficio de García Luna, insistió en que la vida de su cliente se encuentra en Estados Unidos y que el ex funcionario federal mexicano no tendría ninguna motivación de ir a México.
“Él es ciudadano norteamericano, vive aquí desde el 2012 y sus hijos van a la escuela en este país y ahora rentan un departamento en Washington, DC. Todos están dispuestos a entregar sus pasaportes al Gobierno [de EE.UU.]”, indicó el defensor de oficio al juez.
Según De Castro, el Gobierno estadounidense “minimiza extraordinariamente el peligro” en el que se encuentra García Luna por la propagación del coronavirus COVID-19, al rechazar la libertad del ex funcionario federal mexicano durante el tiempo que dure la pandemia.
Sin embargo, el juez Reyes Jr. respondió que el Gobierno de EE.UU. se está tomando la higiene en los recintos carcelarios “muy seriamente”, además de que aseveró que García Luna no tiene una condición respiratoria crónica que lo ponga entre la población de riesgo.
La próxima audiencia del ex titular de la SSP mexicana se celebrará el 4 de junio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, fecha reajustada para sortear las medidas extraordinarias que provoca la propagación del coronavirus COVID-19 en Estados Unidos, y especialmente en Nueva York, el actual epicentro de la pandemia.
Ayer lunes 30 de marzo, la Fiscalía de Brooklyn pidió por tercera vez a los jueces de la Corte del Distrito Este de Nueva York, negar la libertad bajo fianza a García Luna por la pandemia del coronavirus COVID-19, ya que consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle dicho beneficio.
El Gobierno de Estado Unidos señaló en una petición judicial, que el riesgo de fuga del ex funcionario federal, es mayor que el que tiene García Luna de contagiarse del coronavirus COVID-19, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), donde lleva detenido casi cuatro meses.
Según con el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, los fiscales señalaron que aunque hay un caso del coronavirus COVID-19 en la cárcel federal, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón”, y al igual que otros reclusos, pueden “autoaislarse”, permaneciendo en su celda.
“No obstante la Oficina de Prisiones ha implementado medidas nacionales para mitigar la propagación de Covid-19 dentro de las prisiones”, sostuvieron los fiscales neoyorquinos, en un escrito dirigido al juez Ramón Reyes con fecha de este lunes 30 de marzo.
La Fiscalía de Brooklyn alegó que, a pesar de que García Luna asegura tener un alto riesgo de morir si contrae el coronavirus COVID-19, no encaja en los grupos de alto riesgo como las personas mayores de 60 años de edad -ya que él tiene 51-, ni de personas con enfermedades crónicas.
Asimismo, los fiscales estadounidense advirtieron que nuevamente dos de los posibles avales de García Luna “ya no están dispuestos a firmar el bono” de la fianza, que ahora se estima en dos millones de dólares.
Además insistieron que el ex funcionario federal mexicano, tiene acceso a fondos significativos a través de prestanombres, los que podrían ser usados para facilitarle un vuelo que lo saque de Estados Unidos y así eludir el juicio en su contra.
El pasado 25 de marzo, a través de sus abogados, García Luna pidió enfrentar su proceso en libertad, debido a que teme contraer el coronavirus COVID-19, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), donde lleva detenido casi cuatro meses.
En una carta dirigida al juez federal Brian M. Cogan, el abogado defensor del ex funcionario federal mexicano, César de Castro, propuso fijar una fianza de dos millones de dólares para García Luna -de 55 años de edad y con presuntos antecedentes de enfermedades respiratorias-, en vez de la propuesta de un mdd, que fue rechazada por la Corte del Distrito Este de Nueva York el pasado 27 de febrero.
La defensa de García Luna argumentó que el ex funcionario federal mexicano estaba “en alto riesgo de muerte” si era expuesto al coronavirus COVID-19, pero la Fiscalía señaló que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado”, y que no tiene una enfermedad crónica continua.
“La liberación [bajo fianza en espera de juicio] del Sr. García Luna también es necesaria para proteger su salud física a la luz del devastador número de víctimas de la pandemia de COVID-19 en el mundo y ciertamente en la comunidad de detenidos en el Centro de Detención Metropolitano [de Nueva York] donde se encuentra el Sr. García Luna detenido”, sostuvo el abogado de oficio en la misiva dirigida al juez federal.
El pasado 21 de marzo, uno de los internos de dicha cárcel neoyorquina dio positivo a la prueba del coronavirus COVID-19, luego de que se quejara de dolores en el pecho, según con lo esgrimido por el equipo legal de García Luna en la exposición de motivos ante Brian M. Cogan.
“El Sr. García Luna ahora propone que se le libere con un bono de reconocimiento personal de dos millones de dólares garantizado por diez personas [siete financieramente responsables y tres para su persuasión moral] todas las cuales han sido aprobadas por los servicios pretribunales como cofirmantes apropiados”, abundó la defensa del ex funcionario federal mexicano en un escrito hecho público ese día.
El pasado 27 de febrero, el juez Robert M. Levy rechazó durante una audiencia llevada a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la oferta hecha por los abogados de García Luna, de que el ex funcionario federal mexicano saliera en libertad bajo fianza de un millón de dólares y un dispositivo de localización, debido a que existe “un riesgo de fuga inaceptable”.
César de Castro, abogado de oficio de García Luna, pidió el pasado 25 de febrero al juez Brian M. Cogan, que dejara en libertad al ex funcionario federal mexicano, bajo una garantía de un millón de dólares, monto que en parte representa el valor de propiedades que tiene.
El litigante afirmó en una carta disponible en el sistema electrónico de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que García Luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, tres de los dos garantes de la fianza ofertada por la defensa de García Luna se retractaron, luego de que el juez Levy les explicó que debían asumir una responsabilidad personal de que el acusado siga su proceso.
Ese mismo día, Richard Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York, se opuso a que García Luna, saliera en libertad bajo fianza de un millón de dólares y un dispositivo de localización, porque existe “un riesgo de fuga inaceptable”.
En una carta registrada en el juzgado, el fiscal Donoghue argumentó que la “combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez [Brian M.] Cogan”, por lo que solicitó que se le mantenga en prisión.
El fiscal neoyorquino señaló que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo”, porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad.
Además, según indicó Donoghue, “la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán respecto a cómo el acusado “acordó ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.
Por otra parte, el fiscal neoyorquino argumentó que García Luna tiene “recursos poderosos en México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado”.
Donoghue recordó que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por la Corte del Distrito Este de Nueva York, misma a la que ahora se enfrenta García Luna, estuvo fugitivo en México durante quince años, y Rafael Caro Quintero, otro capo sinaloense, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.
La Fiscalía señaló que el ex funcionario federal mexicano dijo tener “dificultades financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”, pero el Gobierno de EE.UU. averiguó que en los últimos años García Luna “ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares”.
“La investigación del Gobierno [estadounidense] ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él”, agregó Donoghue.
El ex funcionario federal mexicano -que fue detenido el pasado 9 de diciembre, en Dallas, Texas- está acusado de cuatro delitos: tres por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y uno por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018, de los cuales García Luna se declaró inocente.
