Con 19 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el 11 de marzo, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen que reforma la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con la que las empresas extranjeras y foráneas tendrán que depositar una fianza para instalarse e iniciar actividades en la entidad.
Dicha garantía será establecida conforme al número de empleos, según el Dictamen 33 previamente aprobado por la Comisión de Gobernación.
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El 2 de marzo, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó la iniciativa con la que pretende dar una “protección legal” a los trabajadores cuando una empresa deje de operar en la entidad, y ante la instalación de las llamadas empresas “golondrinas”.
El documento también señala que la modificación estará vigente un día después de que se publique en el Periódico Oficial. La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo realizará una campaña informativa, así como un estudio para identificar las empresas golondrinas o de riesgo, “para que sean considerados por los funcionarios responsables de dar a trámite a las autorizaciones de nuevas empresas para la aplicación de la presente reforma”.
Montserrat Caballero, una de las diputadas que votó a favor, justificó la medida: “Muchas empresas extranjeras llegan al Estado y se sirven de nuestra mano de obra barata, y si las condiciones del Estado son adversas, se va dejando a la deriva a los trabajadores”.
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Tal fue el caso de la fábrica de juguetes Imperial Toy, cuyo dueño, Peter Tiger, cerró en Tijuana sin pagar aguinaldo y liquidación a 433 empleados.
Por su parte, la panista Eva María Vázquez se dice a favor de erradicar a las empresas “golondrinas”, sin embargo, considera que dichas modificaciones no son las idóneas, ya que podrían generar menor inversión y empleos en la entidad, al haberse reformado la Ley que pretende facilitar la apertura de empresas.
