Tan sólo en 2017 las mineras en Sonora obtuvieron más de 120 mil millones de pesos en ventas, pero el Fondo destinado a mitigar los efectos de esa actividad en los pueblos mineros sólo se ha traducido en obras inexistentes o mal construidas, en desvío de recursos y en comunidades que siguen en el olvido
Por Erika Llaguno, Ismael Meza y Refugio Velázquez / Libera Radio
De hace 20 años a la fecha, el territorio sonorense concesionado a las mineras aumentó casi 20 veces, lo que significa que hoy, más de la quinta parte del subsuelo del estado podría ser explotado por empresas extractivas, empresas que tan sólo en 2017 obtuvieron ventas superiores a los 120 mil millones de pesos, sin que ello haya representado una mejor calidad de vida para los pueblos mineros.
El Fondo Minero, que se creó para invertir de manera directa en los municipios dedicados a esta actividad, lejos está de haber cumplido sus objetivos. Esta investigación revela que el uso de los recursos del Fondo dejó a los pueblos mineros una herencia de mil millones de pesos sin comprobar, dos denuncias por peculado, obras inexistentes y reportadas como concluidas, un fuerte olor a impunidad.
La primera señal de alerta fue emitida por el Centro de Análisis e Investigación de la organización FUNDAR, a través de la investigadora Beatriz Olvera, quien reveló que las cuentas reportadas por Sonora entre 2014 y 2017 (períodos más recientes disponibles) no cuadran:
Si se compara la suma de los montos de los Proyectos de Inversión en Infraestructura Física (PIF) aprobados, con los reportados como obras terminadas por el Estado y Municipios, la diferencia es de mil 100 millones de pesos, diferencia que hasta ahora no se ha podido esclarecer, reveló su estudio.
Además de la falta de comprobación, FUNDAR encontró deficiencias en todas las etapas del proceso: gestión, aplicación de los recursos y en los mecanismos de participación en los Comités de Desarrollo Regional.
Por otra parte, a pesar de que en los lineamientos se prevé la posibilidad de infraestructura educativa, preservación ambiental, rellenos sanitario, etc., en Sonora el 73% del dinero se invirtió en pavimentación y/o mantenimiento de calles y caminos (ese porcentaje es de 70 a nivel nacional).
El camino recorrido por los recursos, desde la ineficiencia en su captación hasta su conversión en infraestructura en beneficio de la población, fue largo y sinuoso. La SHCP transfería los recursos a Bansefi después de quedarse con el 20%, después Bansefi transfería a las Secretarías de Hacienda de las entidades y/o a los municipios lo correspondiente a los PIFs aprobados.
La última parte del proceso, las licitaciones de las obras, la ejecución y la comprobación de las mismas tampoco estuvieron exentas de anomalías, según consta en la revisión que hizo este equipo, en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en Sonora.
Un gran porcentaje de las obras tuvieron recomendaciones, muchas de ellas sin solventar, en lo referente a los documentos mínimos para garantizar el avance de las obras previstas en la Ley y Reglamento de Obras Públicas de Sonora. En Cananea, Nacozari y Sahuaripa, tres de los municipios revisados, los faltantes promedio más significativos son: el 25% no tenía residente designado por escrito, el 20% carecía de proyecto ejecutivo, un tercio sin planos ni especificaciones, a más del 40% le faltaba una o más estimaciones, el 70% sin reportes de control de calidad, la mitad no llevó en tiempo y forma la bitácora electrónica de obra y el registro fotográfico, dos terceras partes sin acta de entrega recepción y finiquito. Quizá las insolvencias más importantes, incluso peligrosas, son las reiteradas faltantes de garantía de vicios ocultos, que en el caso de esta muestra representan más del 65% de las mismas.
Estas mismas auditorías pusieron el foco sobre la mala de calidad en un número considerable de las obras, incluso discrepancias de volúmenes pagados y no ejecutados.
A raíz de estas inconsistencias, el equipo de Libera Radio buscó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, quien a través de su vocero, Salvador Ávila Cortés, confirmó que actualmente están abiertas dos carpetas de investigación por un monto aproximado de 25 millones de pesos y los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con el Fondo Minero.
El vocero se reservó el derecho por ley a proteger los nombres de los municipios y funcionarios involucrados, pero explicó que se trata de dos denuncias en curso:
“Una se trata de una obra no culminada de la rehabilitación de un camino vecinal, el supuesto monto desviado es de 400 mil pesos, de un total de un presupuesto asignado de siete millones de pesos, al parecer se realizaron diversos pagos anticipados a la obra entre mayo y septiembre de 2018”.
“En la segunda denuncia, presentada el 12 de julio del 2018, se encontraron irregularidades en cinco de los proyectos de inversión financiera donde se realizaron transferencias de diversas cuentas de fondos federales a las cuentas de gasto corriente y al parecer no fue reintegrado este recurso, por lo que se afectó la realización de las obras que a continuación señalo: mejoramiento físico y equipamiento de diversos planteles del municipio, recarpeteo de más de 9 mil metros cuadrados de diversas calles del municipio y pavimentación con concreto hidráulico por una longitud de más de 20 mil metros cuadrados, estamos hablando del posible desvío de un monto de 24 millones 456 mil pesos”, explicó.
En ambos casos, las investigaciones van avanzadas y como son fondos federales los que presuntamente se desviaron, la investigación puede turnarse a la Fiscalía General de la República.
Siguiendo la pista de los mil millones de pesos que siguen sin ser comprobados, el equipo de FUNDAR, solicitó además por transparencia a la Secretaría de Economía y a la Subsecretaría de Minería, los documentos sobre los informes de cumplimiento de los Comités de Desarrollo Regionales (CDR), con cargo al Fondo Minero. La respuesta fue que la información es inexistente.
Durante el proceso de esta investigación, se buscó reiteradamente entrevista con el Secretario de gobierno de Sonora y que fue Secretario del Comité Regional del Fondo Minero en Sonora, sin obtener respuesta
Debido a la suma de todos estos escenarios, el equipo de investigación de Libera Radio, seleccionó cinco de los 30 municipios mineros de Sonora, para hacer una visita de inspección y revisar la calidad del manejo de los recursos en las obras. Las irregularidades encontradas en las obras y contratos rayan en la burla para los ciudadanos que han dejado su vida en las minas.
CANANEA, LA CAPITAL MINERA DEL DESVÍO
Una historia de obras fantasma, una guardería a medias, aulas sin terminar en el Conalep, miles de metros de pavimentación con irregularidades y un alcalde que le da contrato a su propio hermano
En Cananea se encuentra Buenavista del Cobre (BVC), la sexta mina de cobre más grande del mundo. La mina era propiedad estatal y se llamó Mexicana del Cobre hasta 1989, año en que fue declarada en quiebra por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y vendida a Germán Larrea Mota Velazco. Ahora la BVC junto con la mina “La Caridad”, situada en Nacozari de García, conforman la parte mexicana de su División Minera en México, que produce más de tres cuartas partes del cobre generado en el país.
La BVC produjo en 2018 más de 415 mil toneladas de cobre y 160 toneladas de plata; tiene concesiones de cobre, oro, plata y otros metales hasta el 2062. La Industria Minera México (IMM) ha mantenido su producción y aumentado sus ganancias de manera significativa del 2015 a la fecha, el derrame de desechos de lixiviado en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto del 2014, que fuera calificado como el peor desastre natural en la historia de México y que significó pérdidas tremendas para 7 poblados, no hizo mella alguna en sus ganancias: en 2018 la División Minera reportó 7,884 millones de dólares en ventas, una suma muy similar en 2019.
Cananea es un pueblo minero desde su fundación a mediados del siglo XIX, toda su tradición y su cultura está impregnada de ello. También los techos, árboles y hasta los postes de luz están impregnados del hollín y del polvo que generan las explosiones del tajo abierto que se encuentra muy cerca de las colonias del Cananea Viejo. Todo lo que no se mueve está amarillento: los postes, los cables, las banquetas, incluso el Palacio Municipal tuvo que ser pintado de un color que mimetizara el ocre, pues el tradicional color blanco tenía que ser retocado constantemente. Además, uno de los problemas que más denuncia la ciudadanía, es la sospecha de que el agua que reciben en sus casas podría contener arsénico.
Eduardo Quiroga Jiménez llegó a la presidencia municipal de Cananea montado en la figura de “independiente”, aunque en el año 2000 la buscó con el PRI. “Nos la quitaron”, dice. Es un empresario bien conocido en la región, antes ganadero, ahora se le conoce como “El Rey de la turquesa” pues él y su familia tienen 40 años en ese negocio, compran la piedra a los gambusinos y productores independientes y lo venden a mercados extranjeros.
Quiroga Jiménez ha hecho público que dinero del Fondo Minero fue desviado por el alcalde anterior, Fernando Herrera Moreno. “Sabíamos de 70 millones, pero ahora salió que hasta 135, según el ISAF”, dice. Han sido pocos los alcaldes que se han atrevido a hablar abiertamente sobre el desvío de estos recursos, por lo que fuimos a entrevistarlo. Cananea ha sido el único municipio del país donde se estableció un programa municipal de participación ciudadana para que la población presentara iniciativas y decidiera las obras a realizar con el Fondo. Con intervención del Banco Mundial, el programa se llamó “Cananea Tú Decides” y tuvo lugar en 2017, en el cual la ciudadanía hizo hasta 377 propuestas, de las cuales fueron 13 las más votadas. Se tuvieron más de 5 mil votantes, lo que para un municipio de poco más de 31 mil habitantes fue todo un éxito. Las obras se enviaron al CDR y se organizaron comisiones de seguimiento por cada Unidad Territorial de Participación, también se colgó una página en la red para ir publicando los avances.
En entrevista, Quiroga dice: “De 21 obras de la administración pasada, 12 ó 13 están en observación. Le tumbamos obras que no son necesarias, como un gimnasio de 132 millones de pesos que le aprobaron dos días antes de salir, así como otras obras de suministro de agua con costo de 5 millones, pero para qué, si del agua se encarga el Gobierno del Estado. Nosotros visitamos a los barrios, tenemos Comités de Barrio y ahí vemos cuáles son las verdaderas necesidades de la gente”. “¿Es verdad que dio de baja la página web donde se le daba seguimiento a las obras?”- “Mentiras. Hubo desvíos en la administración anterior”, dice tajante.
“Encontramos mucho desaseo y muy poca información. Pero ya pusimos las denuncias correspondientes”. Quiere hablar en tiempo pasado, pero Cananea fue uno de los municipios peor calificados por el ISAF en la cuenta pública del 2018; 3.3 de calificación. Solo le ganó Empalme, con 2.9.
“¿Cómo fue que se hicieron los desvíos? ¿En qué obras?”, se le pregunta. “La federación deposita en cuentas vehículo, son recursos etiquetados. De las obras no terminadas, debieron dejar el dinero en las cuentas, pero el dinero ya no estaba, es lo que podemos decir“, contesta Daniel Manríquez, director de obras públicas municipal. “Pero ya se pusieron las denuncias, ya todo está en la cancha de la fiscalía anticorrupción”.
El portal del Ayuntamiento actual ofrece micrositios para transparentar todo lo relacionado a la obra pública. Ahí mismo se jactan de llevar una inversión de casi 260 millones en lo que va del trienio. Una muy buena parte de esos millones se ha ido en metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico.
Al preguntarle al alcalde que si alguno de sus familiares tiene o ha tenido contratos en las obras del Fondo Minero, él contesta: “No, ningún familiar tiene contratos con el Ayuntamiento. Tengo un hermano, René Quiroga, que tiene una concretera, una de las dos que hay en la región y pues los contratistas, los que ganaron las licitaciones, lo contratan. Es un empresario local, se supone que también el Fondo es para beneficiar a los locales. Así que no vemos nada de malo en ello”.
– Se trata de la empresa Q&M Concretos S. A. de C.V. “¿No cree que haya un conflicto de interés en este caso? Es decir, uno de las empresas que más se benefician de la obra pública es de un hermano del presidente [municipal]…”
– “No, no hay conflicto. Nosotros no lo contratamos, los constructores lo hacen porque les sale más barato, pues es una opción local, pero pasa los laboratorios. Hay otras concreteras, pero a veces sus muestras no dan las resistencias y les hemos levantado algunos colados, los tienen que volver a hacer. Por eso los contratistas no se arriesgan”.
El alcalde fue el último presidente del CDR del Fondo Minero de Sonora tal como funcionaba, pero en la entrevista se niega a dar información precisa sobre la periodicidad o el contenido de las reuniones del Comité.
“Hay contratos cuyo recurso vino retrasado, como el que se destinó a la colonia Leyes de Reforma y la 1ro de Junio”, dice Quiroga, “y otras que están a medias porque así estaba el contrato, como las aulas del Conalep. También se quedó a medias la guardería, que iba a costar 32 millones y sólo se invirtieron 18 millones, pero ahí hubo desvío”, agrega.
En el Informe Individual Financiero del 2018 del municipio, el ISAF encontró el traspaso sin explicación de 23 millones de pesos de la cuenta etiquetada a otras cuentas. También, en su Informe de auditoría a la Obra Pública, el ISAF se encontró con que más de 20 millones de pesos fueron pagados por conceptos no ejecutados en diversas construcciones. De esa forma, poco a poco, iba aumentando la cantidad de recursos del Fondo Minero que se usaban de manera irregular.
La calle Cuitláhuac, por otro lado, cruza un vado de arroyo por lo que el cambio de nivel es constante. Ahí se gastaron 73 millones de pesos. La vía conecta unas colonias del suroriente con la ciudad y ha sido señalada por su falta de calidad, lo que se puede constar a simple vista, las grietas y el asentamiento irregular hacen que el tránsito se sienta inseguro.
Hasta 4 obras cuya suma es de más de 126 millones de pesos presentan observaciones importantes no solventadas (falta de planos, conceptos pagados no ejecutados, etc.) que persisten entre 2016 y 2017. Son solo muestras de las irregularidades en las obras del Fondo Minero en Cananea, cuyo presupuesto municipal es de 380 millones de pesos anuales.
NACOZARI, EL PUEBLO QUE MAL VIVE DE LA CARIDAD
Transformadores desaparecidos, obras a modo, una casa de cultura innecesaria y vacía y un gran problema del agua, es el saldo que tiene el Gobierno y la minería con los pobladores.
Nacozari de García es el otro bastión de Grupo México en la sierra sonorense. Es mucho más chico, cuenta sólo con 12.7 mil habitantes y la mina llamada “La Caridad” está lejos del pueblo, a 6 kilómetros de distancia al nororiente, muy cerca de la presa “Lázaro Cárdenas, La Angostura” y el tajo no es visible para los pobladores ni los viajantes, aunque quien lo ha visto dice que el hoyo es impresionante.
Aquí, como en Cananea, el poder de “la compañía” se hace patente en todos los aspectos de la vida cotidiana, como la recolección de basura y los espacios deportivos y de entretenimiento. Grupo México tiene una Casa de la Cultura envidiable para cualquier poblado similar, donde se exponen archivos del antiguo mineral. No faltan las muestras de los elementos que se extraen de la tierra, junto con presentaciones en pantallas de video que exhiben las bondades de la compañía y de todo los beneficios dejados a través del tiempo. El inmueble tiene además áreas de estudio, biblioteca y hasta una sala de cómputo con ordenadores Mac. Todo esto en una casa antigua remozada con hermosos acabados de madera y herrería.
Aquí es donde empiezan los problemas. En 2017 se sometió y aprobó en el Comité de Desarrollo Regional del Fondo Minero, la construcción de otra Casa de la Cultura, misma que se terminó en 2018 y que costó 5 millones de pesos. La distancia entre uno y otro espacio es menor a 300 metros. Una está en el centro de la ciudad, frente al monumento a Jesús García y enseguida del Ayuntamiento y la otra a unas cuantas cuadras. El proyecto lo ganó la empresa “Don Rafael Méndez Constructora S.A. de C.V.”, cuya particularidad es que ha ganado licitaciones de obras del Fondo Minero en varios municipios. Unos relativamente cercanos y otros situados a más de 200 kilómetros de distancia. La nueva Casa de la Cultura está desocupada, pues sólo se gestionó su construcción pero no todos los muebles y material necesarios. Lo que se proyecta ahora es que funcione como guardería.
La empresa CONSEIN Edificaciones, S.A. de C.V., también obtuvo varios contratos de pavimentación con recursos del Fondo Minero. El representante legal de CONSEIN es Francisco Beltrán Villanueva, conocido como “El Chaco”, quien fue presidente municipal del mineral entre 2009 y 2012 por la coalición PRI-PANAL y que actualmente es suplente del diputado local por el PANAL en el Congreso de Sonora, Fermín Trujillo, ligado políticamente a la gobernadora Claudia Pavlovich.
Las irregularidades también están presentes en las obras de la empresa Metal Master Industrial, S.A. de C.V., que en 2016 ganó el contrato de fabricación de una línea de conducción y un tanque de almacenamiento de agua potable en la parte sur del poblado. La esposa del dueño de Metal Master es prima de la esposa de Beltrán Villanueva, lo que habla de la red de conexiones de las empresas asociadas a los contratos del Fondo Minero. El tanque de almacenamiento de agua se localiza a unos cuantos metros de los talleres de la misma empresa. Esta, como tantas otras obras, presentó varias irregularidades al ser auditada por el ISAF, como la presentación fuera de tiempo de garantías de vicios ocultos, actas de entrega recepción y plazos de ejecución.
Sin embargo, las obras con mayores irregularidades ante las auditorías del ISAF, que van desde la no presentación de planos, proyectos ejecutivos, especificaciones y hasta falta de análisis de precios unitarios fueron proyectos realizados y facturados por la citada CONSEIN y por MC Sonora River S.A de C.V.
Decenas de millones de pesos fueron invertidos sin la menor fiscalización y sin un proceso de evaluación de avances y resultados. Las recomendaciones “no atendidas” y “recurrentes” en los Informes del ISAF terminan con la frase “deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables”. Sin embargo, ni una sola empresa ni dependencia ha sido amonestada.
“¡No son léperos, son leperísimos!”, exclama el maestro José Dolores Yocupicio Rábago, “hay un sinfín de irregularidades. Ejemplos: hacen falta 20 transformadores para electrificación, son más de 60 familias afectadas, si averiguas te dicen que ese dinero ya se ejerció, pero están los postes pelones, sin un solo cable”. Se trata de las colonias Linda Vista y Luis D. Colosio, al sur del pueblo, en zonas donde el intemperismo se acentúa.
Pero no es todo: “Hay varias calles pavimentadas de muy mala calidad, luego está el asunto de las lámparas LED por las que cobraron 12 mil 200 pesos por cada una. Contratamos a un eléctrico para que nos hiciera el presupuesto, las lámparas nuevas e instaladas como las que pusieron no cuestan más de 6 mil pesos, la mitad. A Nacozari se le otorgaron 280 millones entre 2015 y 2016, y al ex presidente municipal le decían el “5 millones”, porque todos los proyectos metidos al Fondo Minero costaron un monto parecido, sin importar si fuera la remodelación de un gimnasio, una casa de la cultura o un pequeño estadio”, agrega Yocupicio Rábago.
Nacozari tiene un presupuesto de 200 millones de pesos y a la comunidad se le otorgaron casi 120 millones del Fondo Minero en 2019. “Los proyectos que se presentaron al CRD se aprobaron en Cabildo, no se tomó en cuenta para nada a la población. Fueron nada más 3 obras: 72 millones para un acueducto, 24 millones para unos paneles solares y 2 millones para un techo del Cobach. Los paneles solares se instalaron en la presidencia municipal, a lo mejor si ahorran energía pero pues nomás ellos. Con lo que nunca estuvimos de acuerdo fue con el acueducto”, nos cuenta Alejandra Zuñiga, regidora y ex candidata a alcaldesa de Nacozari por Morena.
“Nosotros habíamos pedido que se etiquetaran 50 millones para terminar la presa El Centenario, que sería la solución para la falta de agua, pero no quisieron, prefirieron hacer un acueducto que pasará justamente a un lado del que está ahorita, no se entiende para qué. Como algunos tramos son enterrados y no se ven, lo que pensamos es que se van a conectar con el que ya está”, tercia Yocupicio. “Han demostrado ineficiencia e irresponsabilidad con el tema del agua, con la crisis que tuvimos este año (2019) nos dimos cuenta de que no se había hecho lo mínimo, que es clorar el agua, parece que no tienen dinero ni para eso”.
“La presa es de la Compañía”, se le sale decir a un trabajador del organismo del agua. Aunque la presa La Angostura está muy cerca, el control de la dotación la tiene, en los hechos, Grupo México. A pesar de que con dinero del Fondo Minero se construyó una planta potabilizadora y su línea de conducción hacia el ramal principal con un costo de 31 millones de pesos, en el año que transcurre [2019] la contaminación del agua domiciliaria se volvió crítica. El problema aún no se resuelve del todo, hay colonias en las que todavía el agua sale chocolatosa” y con un olor a drenaje.
“Desde el 2015 estamos conectados al tubo que alimenta a la Fundición de La Caridad, es agua que viene de La Angostura”, dice Yocupicio Rábago.
“La empresa constructora que está haciendo la presa El Centenario es de Samuel Fraijo, aquél amigo de la gobernadora que le prestaba el avión privado en la campaña, que le hizo unas obras allá en su rancho familiar”.
ÁLAMOS, OBRAS INACABADAS Y GENTE SIN EMPLEO
Obras que no cuadran con los presupuestos y ¡hasta les sobra dinero!
El municipio de Álamos está enclavado en la sierra del extremo sur oriente de Sonora, sus fronteras colindan al sur con el estado de Sinaloa y al oriente con el de Chihuahua. Tiene una Reserva Natural Protegida y una presa, nombrada Adolfo Ruiz Cortinez o Mocúzari, sobre el cauce del río Mayo, inaugurada en 1959. Cualquiera pensaría que un municipio con estas características no podría pasar desabasto o problemas de agua. Sin embargo, lo pasa, tanto que la principal obra que pretende construir el actual presidente municipal, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, es un acueducto desde la presa porque los actuales volúmenes no alcanzan.
Álamos es considerado el pueblo colonial del Estado, con un importante festival artístico que cada año ofrece espectáculos de canto y artistas de todo tipo. Históricamente el turismo era la principal fuente de ingresos de la población local, hasta hace 15 años que llegó la primera mina, “Corner Bay”. Ahora la principal compañía, “Piedras Verdes”, se encuentra al noreste del municipio, a unos cuantos kilómetros de la presa y muy cerca también de los territorios ancestrales del pueblo Makurawi o Guarijío.
Muchas de los proyectos realizados en este municipio se hicieron en las comunidades lejanas a la cabecera municipal, con distancias de hasta 2 horas por caminos vecinales, lo que vuelve difícil su auditoría. Sin embargo, en las obras visitadas en el pueblo se encontraron también irregularidades.
Las más emblemáticas son el Parque Colosio, cuya cancha de futbol, barda perimetral y alumbrado costaron poco más 3 millones de pesos. La “barda” en realidad es un cerco de malla ciclónica montada en una dala de concreto que pareciera destinada a colapsar en la próxima lluvia.
La cancha de pasto sintético tiene alumbrado, pero se enciende sólo mientras hay partidos, cuando se acaban, la cancha y el resto del Parque se vuelven la boca del lobo. Algo similar ocurre en la Colonia Loma Linda, donde el proyecto de electrificación con cargo al Fondo Minero costó 3 millones de pesos, pero no incluyó el alumbrado público
También aquí se encuentran irregularidades en las obras ejecutadas en el período 2015-2017, según las auditorías del ISAF. Durante ese tiempo, el actual presidente municipal era el Secretario de Gobierno del entonces alcalde, Axel Omar Salas Hernández.
Los auditores “son demasiado estrictos”, dice Balderrama Cárdenas. “Por ejemplo, si hay un concepto de obra cuyo volumen se excede en un sitio, pues lo llevamos a otro, tenemos que aprovecharlo. También ocurrió que se hicieron mal los cálculos y al final se ejecutó más volumen que el contratado, es decir, estuvo sobrado, pero eso el ISAF ya lo toma como irregularidad”.
En los sitios hay algunos proyectos cuyos números no cuadran, como por ejemplo los más de 400 mil pesos pagados por conceptos no ejecutados según lo consigna el ISAF en la obra de “Ampliación de 1800 m2 de relleno sanitario…”, y cuya observación no fue solventada. También hay algunos proyectos aprobados que se empezaron a ejecutar, sobre todo calles por pavimentar, que se quedaron a medias pues a partir del 2019 el recurso ya no fluyó por el cambio a los lineamientos del gobierno federal. Quedaron los apisonamientos y las guarniciones colocadas y listas para recibir el concreto de las vías. Por estos trabajos secundarios se ejerció hasta la tercera parte del monto de los contratos.
El presidente Balderrama Cárdenas quiere pasar a la historia como quien resolvió la falta de agua potable en la cabecera municipal. Para ello, según dijo en la entrevista, se proyecta un acueducto que conduzca el agua desde un área muy cerca de la presa el Mocúzari hasta el poblado, aunque de momento no se puede costear del todo la obra. Para reunir el fondo suficiente, el alcalde compartió la idea de reunir una sola bolsa de remanentes o “sobrantes” de otras obras hechas con el Fondo Minero, sumarlos a montos reajustados de otras partidas y esperar que el gobierno estatal ponga el resto. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo Minero, el recurso va etiquetado.
SAHUARIPA, EL PARAÍSO SECUESTRADO POR EL NARCO
Obras que no coinciden con los presupuestos ejercidos y que no alcanzan para subir la calidad de vida de una población sometida por la metanfetamina y el crimen organizado
Sahuaripa es el ejemplo perfecto de cómo la minería y el narco han dañado a las poblaciones. En otros tiempos, no hace mucho, nombrar a Sahuaripa equivalía a invocar la apacible vida campirana del norte de México. Basadas económicamente en la ganadería y agricultura, las comunidades de la sierra media cuentan con clima envidiable y agua suficiente todo el año, aun en los años de poca bonanza por las heladas y la falta de lluvia, el ambiente rural era tranquilo, amigable con todos los extraños, el pueblo amanecía con olor a estufa de leña y niños corriendo por sus callejones para llegar temprano a clases.
La mina Mulatos es explotada por Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V., propiedad del grupo Canadiense Álamos Gold Inc. Es una mina de tajo abierto donde se extrae y procesa oro y plata desde 2003, aunque la exploración empezó desde el año 2000. El tajo está junto al lecho del Río Mayo, ese que serpentea entrando y saliendo de Chihuahua y que llega hasta la presa Mocúzari, justo donde está el territorio Makurawi.
La mina “La India”, propiedad de Agnico Eagle Mines Limited, está muy cerca de aquella, también explota oro desde 2011, su producción anual ha rondado en las 100 mil onzas de oro. Las minas ahora son fuente de empleo y de contaminación en toda el área, pues hay antecedentes de la muerte de ganado y de por lo menos una persona fallecida aparentemente después de tomar agua en depósitos naturales cerca de las instalaciones de Mulatos, a unos 60 kilómetros con dirección a Chihuahua, sierra arriba.
Pero las afectaciones que produce la mina no se dicen en voz alta, los que ahí trabajan no quieren ser estigmatizados y quedarse sin empleo, sus familiares no quieren afectarlos, y los demás no quieren meterse en problemas. En un pueblo chico y lejano, el control de daños es mucho más eficiente.
Otro gran problema que trastocó la realidad de los sahuaripenses, así como de buena parte de la sierra sonorense es la presencia de las bandas del narcotráfico. Primero entró la droga sintética conocida como el cristal, hace unos 6 ó 7 años, según cuenta un comerciante que prefiere omitir su verdadero nombre. El enganche rápido de los jóvenes con la droga se tradujo en robos constantes en casas y comercios, pues es común que quienes consumen metanfetamina busquen obtener dinero como sea para pagarse la siguiente dosis. Entonces llegaron “los sicarios”, que es como les llaman en los pueblos a los miembros de las bandas del narco, e “impusieron el orden”. Querían una plaza tranquila y lo lograron con secuestros y homicidios a jóvenes que se dedicaban al hurto, mientras que otros tantos eran reclutados fácilmente por ellos mismos, mientras la autoridad municipal se limitó a salir lo mejor librada posible.
Ahora el ambiente que se respira en Sahuaripa es de tristeza, la gente mira con desconfianza, las respuestas son hoscas, se respira el temor. Son pueblos sin alma.
A Sahuaripa se le habían aprobado proyectos por más de 141 millones de pesos desde el 2014 al 17, la mayoría en pavimentaciones y alguna infraestructura de servicios. Las obras visitadas en esta investigación nos revelaron situaciones similares a los otros poblados, con algunas construcciones realizadas en tiempo y forma, pero con mucha documentación faltante según el ISAF, y otras, como la entrada pavimentada a la comunidad de Santo Tomás, que presentan deterioro y agrietamiento característico de concreto con insuficiente resistencia para el uso requerido.
La “entrada monumental”, facturada en 3 millones de pesos, que pudieron haberse utilizado para cubrir necesidades más básicas y urgentes, consiste en tres marcos altos que convergen en el centro en otra estructura, con geometría y acabados comunes, que dan la bienvenida a los visitantes en el entronque principal sur.
Otras más son imposibles de revisar a simple vista, pues son colectores sanitarios, aunque los vecinos reportan su mal funcionamiento pues cada vez que llueve el sistema se satura por entrada de agua pluvial y se les inundan las casas, como el caso de la colonia Nuevo Sahuaripa. Por cierto, esta colonia con más de 10 años de antigüedad no está aún en los mapas del municipio, la tienen que dibujar a mano.
AQUÍ PUEDE CONSULTAR LOS ASESINATOS DE 2016 https://bit.ly/2WtBaO0
De las pocas obras que no son pavimentaciones o trabajos relacionados, resalta la remodelación y ampliación del Centro de Salud Regional. La obra fue supervisada por la gobernadora Claudia Pavlovich en octubre, para ello se dio la consabida “manita de gato”, pues semanas antes, con el agua de lluvia trasminada por las goteras, los muros nuevos fueron afectados. “Llovía más adentro que afuera”, reclama nuestra fuente, el comerciante, “luego pusieron a las enfermeras a pintar con su propio dinero para que no se notara”. Se construyeron 10 baños y algunos cuartos para urgencias, pero “el cuarto de oxígeno es tan pequeño que sólo cabe una persona, los baños están muchísimo más grandes que el cuarto de oxígeno, no se entiende. Además es un solo médico, necesitamos más personal de la salud”, dice el comerciante. La ampliación, que incluye cambio de acabados, muebles y pintura costó 4 millones de pesos gastados con cargo al Fondo Minero.
HERMOSILLO GASTÓ EL FONDO EN BENEFICIAR A QUIENES MÁS TIENEN
Invirtieron el dinero para vías que conducen a un parque industrial, a colonias de alta plusvalía y a un club hípico, ¿qué pensaría un minero de esto?
En Hermosillo las obras hechas con el Fondo Minero han sido contratadas por el Gobierno del Estado, con recursos del 37.5% que le toca a los Estados según los lineamientos. Actualmente son 8 obras las que se reportan detenidas, por la misma razón de que el Gobierno Federal ya no hizo ministraciones en el 2019; todas son de pavimentación y obras relacionadas, como embovedados de arroyos que correrán debajo de las calles.
Algunas obras no parecen tener un beneficio directo para la población vulnerable o con las mayores necesidades. Este es el caso de obras realizadas en el Parque Industrial Norte, ubicado rumbo a la planta minera Nyco. El equipo de periodistas vio que ahí se están pavimentando algunas calles con un monto de 16 millones de pesos.
Otras obras similares son el embovedado y pavimentación de la sección final del Blvd. Navarrete, una de las vías principales de centro a poniente pero que cruza por colonias de alto nivel económico. Algo parecido sucede con el Blvd. Arq. Gustavo F. Aguilar, también al poniente, cuando las colonias populares de la ciudad se encuentran al norte y al oriente.
La obra que sí está al norte es el embovedado de la prolongación del Bulevar Quiroga, cuyos trabajos recomenzaron hace poco. En una visita al sitio pudieron verse las condiciones de inseguridad que generó la obra en pausa: excavaciones muy cercanas a las banquetas donde transitan diariamente cientos de estudiantes, armados de varillas corrugadas expuestas en forma peligrosa y donde la única protección es una cinta plástica amarilla.
La obra proyectada por el CDR costaría 20 millones de pesos, según la información proporcionada por la SIDUR. Sin embargo, sin contar aún con la información de los cambios en el proyecto inicial y de dónde saldrá el recurso, la constructora responsable ha declarado que el nuevo monto de inversión será de 90 millones de pesos.
La obra de infraestructura que más recursos hubiese absorbido por sí sola es la “Ampliación del Bulevar Serna”, un proyecto de 6 carriles que conectará el Bulevar Quiroga con el Bulevar Héctor Espino, justo a la altura del Vado del Río Sonora.
Esta área de la ciudad tiene en su mayor parte viviendas de alto nivel. Nombres como Corceles Residencial, Riviera, Las Provincias, son las colonias que se beneficiarían directamente con la nueva ruta, así como quienes se trasladan cada temporada de beisbol a ver los partidos en el nuevo Estadio Nuevo Sonora, la mega obra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías.
Con un costo de 200 millones de pesos, la obra se inició en 2018 y aunque se supone que está suspendida, el equipo de investigación encontró maquinaria y cuadrillas de trabajadores laborando.
La fabricación de las plataformas hasta nivel de sub-rasante hace claramente visible por dónde es el trazo en los primeros cientos de metros, para luego doblar un poco al sur si se sigue el camino de terracería existente, luego pasaría por un lado de un club hípico para llegar casi directamente al estadio.
El problema es que en ese camino están 5 terrenos con sus respectivas viviendas, justo por donde pasarían los carriles. Se trata de 5 familias dueñas de lo que antes era el ejido “Los Choros”, y que no están dispuestos a dejar sus casas si no es por una indemnización justa.
“Primero nos dijeron que nos darían la casa que pidiéramos, menos en La Joya (colonia de lujo), pero cuando les hemos propuesto donde, nos dicen que no, que está muy caro. Yo les dije que me quería cambiar aquí enfrente, en un terreno de mi papá, pero se les hizo mucho. Las propuestas que hacen son de muy bajo presupuesto, nuestros terrenos son de 100 metros cuadrados en promedio, con casas en buenas condiciones con todos los servicios, no vamos a irnos a una casa de interés social”.
“El otro día vino el señor Dagnino, nos preguntó que si ya habíamos llegado a un arreglo con la Secretaría de Desarrollo Urbano (SIDUR), nos platicó que era nuestro vecino y que a él tampoco le han hecho una buena propuesta.”
Se trata de Javier Dagnino, ex diputado local por el PAN y cuñado del ex gobernador Padrés Elías. A pesar de lo dicho, no hay pruebas de que el Club Hípico El Chanate, por donde pasará el boulevard en construcción, y los terrenos aledaños sean de Padrés y su familia, pues en los registros figuran a nombre de otros.
A espaldas del Club está una construcción a la que llaman “El Palacio de Padrés”, pues se trata de una enorme vivienda de más de 200 metros cuadrados de construcción y lujosos acabados externos, además de 3 hectáreas de terreno cercado.
¿Qué tiene que ver el fondo minero con las zonas residenciales y el club hípico presuntamente de un ex diputado? Estas son las postales de un fondo que a pesar de que no ha podido sustentar mil cien millones de pesos, está lleno de irregularidades en el ejercicio del gasto sin que hasta el momento haya consecuencias.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
