BBVA estima que por lo menos 18 millones de empleos podrían perderse en los sectores comercio, restaurantero, de transporte y turismo. Medidas de AMLO no ayudarán a empresas y con ello crecerá el desempleo y la informalidad, alertan especialistas. La administración de Bonilla Valdez sigue sin presentar plan pese a que en la industria manufacturera se perderían casi 30 mil trabajos
“Va a estar muy difícil la situación cuando menos de aquí al resto del año”, vaticina Daniel, uno de los empleados de Cinépolis Plaza Río, ubicado en el corazón financiero de Tijuana.
El establecimiento -que apenas un mes atrás recibía hasta 4 mil asistentes al día- ahora luce vacío. Mientras limpia la barra de la dulcería, el joven cuenta que desde el 18 de marzo la empresa hizo grupos de 30 empleados para trabajar una semana y descansar otra.
“A las personas que están descansadas es como si tuvieran falta, no se les da dinero. Ningún tipo de apoyo”, relata con preocupación, ya que en casa lo esperan un hijo de siete meses y su pareja, quien desde hace unos días perdió su empleo ante la disminución de ventas de calzado.
“A mí sí me pega bastante, porque el sueldo de aquí no es muy alto, estábamos viviendo con lo mío”, alrededor de 3 mil 400 pesos a la quincena, comenta Daniel, quien descarta que su hermana, el único familiar que pudiera ayudarle, tenga esa posibilidad, ya que “ella está teniendo problemas para cruzar” a Estados Unidos. “No creo que pueda trabajar allá”.
Un día después de la entrevista concedida a ZETA, Cinépolis anunció que desde el 25 de marzo cerraría cerca de 4 mil salas en el país ante la contingencia del virus COVID-19.
De acuerdo con un reporte BBVA México, en el país están en riesgo 18 millones de empleos en los sectores comercio, restaurantes, transporte y turismo, que corresponden al 32.7% de las personas ocupadas.
El sector turismo -cuyas pérdidas se calculan en más de 2 mil millones de pesos- es uno de los más afectados, señala el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, quien apunta que desde hace días hoteles y restaurantes están trabajando al 10% de su capacidad, lo que hace “insostenible” su operación.
En el sector industrial, Luis Alfredo Cisneros Mata, gerente administrativo de la empresa Sohnen, comparte que, como una medida sanitaria, a partir del 23 de marzo se les dieron vacaciones a los mil 050 empleados que tiene la compañía en tres naves industriales en el Parque Industrial Pacífico de Tijuana.
“Las maquiladoras tenemos empleados que están pegados unos a otros. No podemos tener el distanciamiento social que nos piden, y eso hace que pueda ser más elevado el contagio”, señala el ejecutivo, quien afirma que la decisión fue por iniciativa propia, al no tener “no tenían una dirección a nivel federal, ni de autoridades estatales y municipales” sobre qué hacer ante esta contingencia.
FOTO: Ramón T. Blanco Villalón/ Luis Alfredo Cisneros Mata, gerente administrativo de SOHEM
Pese a que la producción está detenida, a los empleados se les pagará por las dos semanas de vacaciones el equivalente del sueldo que percibían normalmente por una semana de trabajo, monto que incluye la prima vacacional.
Las acciones que están tomando los empleadores depende del tamaño de la empresa y del tiempo que dure la contingencia. Mientras unas empresas han estado trabajando parcialmente, otras han cerrado. Algunas como Toyota decidieron pagar 100% el salario, pero otras no tienen la capacidad financiera.
En caso de declararse una contingencia sanitaria en la que ya ningún empleado pueda acudir a los centros de trabajo, la obligación del empleador se limita a un salario mínimo por cada día que esté cerrada la empresa durante un mes.
“Nosotros no queremos hacer eso. Estamos analizando qué alternativas podemos tener para que las personas puedan tener mayor ingreso. Estamos pensando adelantar salarios, hacer préstamos (que puedan ir pagando), después, cuando se reincorporen a trabajar, mediante descuentos mínimos a través del tiempo”, expuso Cisneros Mata.
SIN PLAN ECONÓMICO
Un día después que la Organización Mundial de la Salud considerara que en México ya había contagio comunitario de COVID-19, el 24 de marzo, la Secretaría de Salud federal anunció que el país se encontraba en Fase 2, sin que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentara un plan para apoyar y reactivar la economía, ya que “se está trabajando” en este.
En la conferencia matutina de ese día, el mandatario declaró que el gobierno dispone de 400 mil millones de pesos derivados de “ahorros” para enfrentar la pandemia, e informó que se duplicará 8 millones el monto de la pensión que reciben los adultos mayores, con lo que el gobierno dispersará 42 mil millones de pesos.
El 25 de marzo, el político tabasqueño anunció que también se adelantarán cuatro meses las becas a niños y niñas con alguna discapacidad.
Al afirmar que 90% de las pequeñas y medianas empresas en el país generan el empleo en México, AMLO prometió que se otorgarán un millón de créditos (500 mil de los cuales al sector formal de la economía) por un monto máximo de 25 mil pesos, mediante el respaldo de Nacional Financiera.
Dichos empréstitos tendrán una vigencia de tres años, a una tasa de 6.5% anual. Luego de tres meses de periodo de gracia, los deudores tendrán que pagar mil pesos al mes.
También se otorgarán un millón de créditos adicionales bajo el esquema de Tandas de Bienestar (cuyos montos oscilarán entre 6 mil y 20 mil pesos) sin cobrar intereses, ya que están destinados a la población que labora en la economía informal. Sin embargo, no precisó cuándo darían tales apoyos, limitándose a decir que “en su momento” lo dará conocer.
Por tercera vez consecutiva, López Obrador negó la posibilidad que se prorrogue el pago de impuestos, una de las medidas que habían solicitado organismos empresariales como CCE, Coparmex, Canacintra, Conacamin y AMDA.
A “toda la actividad productiva se le apoya no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción”, aseveró.
Ante la insistencia de la prensa respecto a las medidas solicitadas, con un dejo de molestia, el Ejecutivo federal aseguró que “el modelo neoliberal ya no se aplica”.
Sobre ello, el presidente de la Concanaco (López Campos) y el director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, manifestaron su preocupación debido a que la iniciativa privada ha hecho planteamientos concretos para que las empresas tengan liquidez y se proteja a las más vulnerables, que son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), y con ello a los trabajadores.
López Obrador también descartó que el Gobierno de México recurra a la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), “afortunadamente tenemos reservas (suficientes) y no vamos a endeudar al país”.
Respecto a las medidas anunciadas por el Presidente, tres especialistas consultados por ZETA consideraron que la estrategia federal no es integral ni está acorde con la realidad que están enfrentando miles de personas, ni las finanzas públicas del país, estas últimas debilitadas ante el decrecimiento (-0.1%) de la economía en 2019, y la reciente caída del precio del crudo, que cerró en 15.33 dólares por barril el miércoles 25 de marzo, por debajo de los 49 dólares previstos en el presupuesto.
Ramsés Pech, analista en economía y en energía, estimó que por la medida de aislamiento, el consumo de gasolina podría caer 24%, con lo que “van a dejar de circular alrededor de 250 mil millones de pesos”. Esta cantidad impactará negativamente en los ingresos del Gobierno Federal, por lo que dudó que este no vaya a endeudarse.
La Federación le está apostando a la recaudación de impuestos, pero no se da cuenta si el empresario no tiene ingresos ni pagará los gravámenes, o tendrá que despedir a las personas. Esto último también reducirá la captación de impuestos, por lo que no habrá programas sociales que pueda dispersar los recursos que necesitan las personas si no se apoya a las empresas.
Por su parte, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías observó que de continuar el Gobierno de México en la misma postura y no otorgar beneficios fiscales, se “engrosará” la informalidad. Previó que en lugar de 6, habrá 7 de cada 10 personas en esa condición.
Datos de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresarios advierten que si no se cuenta con estímulos fiscales, estas unidades económicas podrían perder hasta 250 millones de pesos y 100 mil de estas podrían cerrar permanentemente.
En la perspectiva del gerente administrativo de Sohnen, Luis Alfredo Cisneros Mata, no solo hacen falta beneficios fiscales para las empresas, sino apoyos directos a los empleados. “Hay quienes tienen créditos Infonavit, del Fonacot que están muy preocupados. Hay personas que rentan y si no tienen dinero, cómo le van a hacer para pagar”, planteó.
Mientras que el economista Roberto Valero reconoció que si bien el Presidente de México “tiene buenas intenciones”, su estrategia “no tiene pies, ni cabeza”, ya que sigue menospreciando el impacto de la crisis económica mundial, con la que también el país recibiría menos remesas, pues los connacionales en Estados Unidos tampoco encontrarán empleo.
En cuanto a la solicitud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que el sector financiero (bancos) tengan liquidez, el especialista se dijo en contra de la medida, ya que “en 1994, con el rescate financiero se apoyó a los grandes empresarios a costa de los pobres”, aunque consideró adecuado que haya prórroga en el pago de créditos hipotecarios, empresariales y de tarjetas de crédito, tal como lo anunciaron Banorte y HSBC; además de condonaciones de impuestos.
El martes 24 de marzo, trascendió que la Asociación de Bancos de México envió un documento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para replicar dichas medidas en las 21 instituciones financieras que operan en el país. El jueves 26 la CNBV determine por medio de un comunicado que “En términos generales, el apoyo consistirá en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales, respecto a la totalidad del monto exigible incluyendo los accesorios”.
Esto significa que los cuentahabientes podrán congelar sus saldos sin intereses aunque la medida sólo será válida si el crédito está considerado vigente al 28 de febrero de 2020.
BC PODRÍA PERDER HASTA LA MITAD DE EMPLEOS EN SECTOR MANUFACTURERO
En una estimación conservadora, Baja California podría perder 30 mil empleos tan solo en la industria manufacturera por la crisis derivada del COVID-19, según la asociación civil Deitac.
En el peor escenario, este sector prescindiría de hasta 40% de las 300 mil fuentes de trabajo con las que cuenta. A ello se sumarían las bajas en el sector comercio y turismo, aún sin determinar por la Canaco.
Si bien, el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha contemplado la pérdida de miles de empleos, su administración -como la federal- sigue sin un plan económico, aunque había prometido que lo anunciaría a más tardar el lunes 23 de marzo.
Fuentes cercanas a los CCE comentaron que el gobierno estatal había asegurado que finalmente anunciaría las medidas económicas al mediodía del 25 de marzo, pero fue pospuesto un día, debido “a una emergencia”.
Para algunos empresarios consultados por este Semanario, el gobierno “está dando largas porque no tiene claro el impacto ni las necesidades de apoyo” que requiere la iniciativa privada.
En días pasados, durante una reunión con integrantes de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, quienes pidieron prorrogar el pago de impuestos, el secretario de Hacienda se mostró reacio tomar la medida, argumentando que el Servicio de Administración Tributaria no ha prorrogado el pago de gravámenes y que los empresarios bajacalifornianos habían sido beneficiados con los estímulos fiscales que redujeron el IVA al 8% y el ISR al 20%.
Aunque BC fue el Estado donde más empresarios hicieron la solicitud para acceder a dichos estímulos, menos de la mitad pudo obtener ambos beneficios fiscales.
En tanto, el secretario de Turismo, Mario Escobedo Carignan, citó que las empresas tienen mayor posibilidad de tener acceso al financiamiento que el Estado, aunque prometió analizar las propuestas.
Jorge Macías, presidente de la Canaco, aseguró que al gobierno “no se les está pidiendo regalado nada, sino prórrogas, o que se alarguen los plazos para ciertos cumplimientos”, porque ante una crisis de esta magnitud todos tienen que trabajar en el mismo camino “para tratar de salir lo menos afectados”.
La falta de liderazgo del mandatario estatal contrasta con la de sus homólogos de Durango, Zacatecas, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, quienes han establecido planes específicos en favor de las PyME.
Entre las medidas resalta la condonación de 100, 50 y 30% del pago del Impuesto Sobre Nómina, anunciada el gobernador de Zacatecas, conforme al número de empleados de las empresas. Entre menos empleados tenga una empresa, más se les exenta.
El gobierno de Sonora estableció la suspensión de actos de fiscalización estatal y el descuento de 100% en el impuesto sobre hospedaje, entre otras medidas. Nuevo León condonará el pago de agua a las empresas que acrediten que mantienen su planta laboral.
Oaxaca y Durango consideran algunas de las acciones anteriores y han anunciado inversión por 3 mil 500 y mil 800 millones de pesos, respectivamente, para proyectos de infraestructura.
Por último, entre las medidas que aplicará el gobierno de Quintana Roo se encuentra el diferimiento de pago de impuestos estatales y la promoción turística del Estado.
Prórroga en pago de rentas de viviendas, negocios e Infonavit
El Congreso de Baja California avaló de forma unánime suspender durante abril y mayo los pagos en arrendamiento de vivienda y negocios, y que no se considere mora o incumplimiento la ausencia de pago de estas en dicho lapso.
Pese a que pretende dar respiro a las personas que renten inmuebles inferiores a los 120 metros cuadrados ante las afectaciones económicas por la pandemia del COVID-19, la medida es “ambigua y genera incertidumbre legal”, consideró Andrés Soriano, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (API)
Sobre este punto, la diputada morenista Montserrat Caballero aseveró que la medida considera la generalidad y defendió: “La gente que vive de sus rentas no vive de una sola casa”, mientras que la medida contempla “casitas muy humildes”.
“En caso de que una persona de 70 años viva de una casita de 3 mil pesos al mes, pues ya se vería qué hacer con estas personas que se verían afectadas. ¡Ojo! (la prórroga aprobada) es para gente que compruebe que a raíz del coronavirus no tiene dinero para pagar la renta”, advirtió, para luego alertar que el texto no se especifica que un arrendatario tendrá que comprobar que fue afectado en sus ingresos por el COVID-19.
En opinión del presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Sergio Carbajal Franchini, en el “juego de palabras” del Gobierno de México no se ha decretado la contingencia sanitaria y los trabajadores no pueden comprobar que no tienen ingresos, por tanto, lo avalado el miércoles es “inconstitucional” y viola los derechos de quienes rentan sus propiedades.
Para el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, la medida es necesaria debido a que “los arrendatarios estaban en un punto de quiebre con un dólar en la cima y sin que la actividad económica les beneficiara por el cierre parcial de su operación”; pero también es “preocupante” que los arrendadores tengan que asumir el costo de esta disposición.
Carbal Franchini y Solís Farías coincidieron en que es urgente que el gobierno implante un plan económico que apoye a diversos sectores.
Por otro lado, Infonavit anunció que a partir del 15 de abril aplicará el seguro de desempleo hasta por tres meses y otorgará diferimiento de pago hasta por seis meses.
Para los trabajadores cuyas empresas hagan paro técnico, el acreditado podría reducir el pago de su mensualidad en 25% por un periodo no mayor a 12 meses, siempre y cuando exista una solicitud de autorización de convenio de modificación temporal de condiciones de trabajo ante la autoridad laboral.
El apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas sobre el pago de aportaciones quedó supeditado a que el Gobierno de México emita la declaratoria de contingencia sanitaria y oficialmente suspenda las actividades. Mientras que el Fovissste suspendió hasta nuevo aviso los plazos límite para que los acreditados elijan vivienda y firmen escrituras.
Decálogo del CCE para mitigar crisis
Con el fin de apoyar a Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y preservar el empleo de 21 millones de personas, el 19 de marzo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó un decálogo al Gobierno de México, sin que hasta el cierre de esta edición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado un plan económico para reducir la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19.
Los diez planteamientos del organismo empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín son:
- Asegurar la liquidez en el mercado financiero. La prioridad es que la intermediación financiera sea fluida en el corto y en el largo plazo.
- Abandonar el objetivo de lograr el 1% del PIB de superávit primario, para utilizar recursos para apoyos a la reactivación de la economía, “si es necesario, tomar deuda de una forma responsable”.
- Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el Sector Privado y el Gobierno y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
- Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio 2020.
- En los casos que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a esos trabajadores se les otorgue por lo menos un salario de subsistencia.
- Respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones ya hechas.
- Acelerar los pagos pendientes a proveedores de CFE y Pemex. Es urgente el pago de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal.
8.Apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas y restaurar la compensación universal. Las empresas necesitan mayor liquidez que el gobierno en este momento.
- Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el gobierno para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.
- Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados. El papel contracíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis ha sido fundamental para preservar la planta productiva.
Empresarios de BC piden suspensión temporal de impuestos locales
En Baja California, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió las siguientes medidas en apoyo a los pequeños y medianos empresarios. Algunas plantean prórroga de plazos para pagar impuestos y derechos, sin que ello implique una exención.
- Suspender temporalmente (por lo menos tres meses) el cobro de gravámenes locales como el Impuesto Sobre Nómina, el Impuesto sobre Hospedaje, así como el incremento y creación de tributaciones aprobadas por el Congreso de Baja California, en diciembre de 2019.
- Suspender por lo menos tres meses, el pago de derechos por suministro de agua y por construcción.
- Suspender por lo menos tres meses, el cobro de impuestos federales, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como las cuotas de Infonavit y obrero-patronales al IMSS. El monto prorrogado se pagaría en 12 meses.
- Extender y/o suspender los plazos de vigencia de: licencias, permisos y autorizaciones hasta por 90 días adicionales. Así como suspender los plazos en los actos de fiscalización y recursos administrativos por parte de la autoridad local y federal.
- Dar período de gracia de hasta 90 días en el cobro de cualquier crédito otorgado por el gobierno estatal y el federal, sin que implique afectar el historial crediticio y sin acumular intereses moratorios.
- Dispensa de 90 días del pago del servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dividiendo el saldo de ese periodo en los 12 meses siguientes.
- Que las empresas que están efectuando obras al Estado o Municipio puedan cobrar una estimación hasta la obra efectuada para que estas tengan ingresos y flujo para sufragar el pago de nóminas.
- Financiamientos para Micro, Peñas y Medianas Empresas (MiPyME) mediante Nacional Financiera (Nafinsa) para reactivar la economía.
- Permitir la apertura inmediata de pequeños negocios en los hogares, derivado de la escasez de productos de consumo básico en algunas zonas de mayor vulnerabilidad.
- Constituir un Comité de Emergencia Estatal, integrado por diversos líderes de organismos empresariales, con el fin de brindar apoyo en la medida que las necesidades vayan surgiendo.
- Brindar el debido soporte y monitoreo a las plataformas informáticas para llevar a cabo trámites administrativos y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Garantizar la cadena de suministro y evitar abusos; que la Procuraduría Federal del Consumidor garantice precios justos y sancione incrementos injustificados de precios derivado de la crisis del coronavirus.
Adicionalmente, la Concanaco solicitó al Servicio de Administración Tributaria prorrogar hasta el 31 de mayo la presentación de las declaraciones anuales de impuestos para las empresas y las personas físicas, las cuales vencen el 31 de marzo y 30 de abril, respectivamente.
S&P Global Ratings baja calificación soberana de México
Ayer jueves 26 de marzo, la calificadora S&P Global Ratings bajó la calificación soberana de México, de BBB+ a BBB, y la situó con perspectiva negativa, ante “un impacto pronunciado” en la economía nacional por la propagación del virus COVID-19.
En un comunicado, la agencia calificadora expuso que aun cuando los shocks son temporales, “empeorarán” la ya débil dinámica de la tendencia de crecimiento para 2020-2023, que en parte refleja “menor confianza del sector privado y el poco dinamismo de la inversión”.
Con la perspectiva negativa, S&P Global Ratings consideró factible un recorte de la calificación del soberano durante los siguientes 12 a 24 meses.
Ramsés Pech, analista en economía y energía, explicó que esta rebaja indica que la percepción de la calificadora “es que no tenemos el dinero suficiente para enfrentar el COVID-19 y para que la economía no se contraiga más de lo que han dicho., lo que dice es: ‘no vemos cómo podrás pagar tu deuda actual y tener dinero para no estancarte económicamente’”.
Ante esta baja de calificación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “tiene una decisión difícil: manda dinero a lo social, que las calificadoras no verían bien, o manda a Pemex para que cumpla con su programa de 2020”, por lo que el gobierno terminará endeudándose, previo el especialista.
Recientemente, S&P Global Ratings bajó su expectativa económica para México en 2020, de 1% del Producto Interno Bruto a menos 2.5%. Estimaciones señalan que si la economía baja 3%, se perderían 650 mil empleos, y si cae 5.7%, 900 mil.
