El Gobierno Federal logró que los empresarios que están a favor de la operación de la planta cervecera Constellation Brands y los colectivos ciudadanos que se oponen a su funcionamiento, en defensa del agua, en Mexicali, Baja California, se pusieran de acuerdo en un punto, ambos están en contra de la consulta ciudadana y lo manifestaron judicialmente promoviendo amparos en contra del ejercicio.
A pesar de tener una construcción muy avanzada, desde 2017, la empresa cervecera ha tenido complicaciones para instalarse en Baja California, debido a las protestas de colectivos en defensa del agua, quienes argumentan que su instalación agravaría el estrés hídrico que padece la región, derivado de la sequía que afecta a toda la zona.
Las protestas han pasado de plantones hasta enfrentamientos de los inconformes contra policías y guardias de seguridad de la empresa.
Tanto integrantes de los colectivos en defensa del agua, como representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), acudieron el 17 de marzo del 2020, ante la justicia federal, con el objetivo de suspender la ejecución de la consulta, promovida por la Secretaría de Gobernación, y programada para realizarse los días 21 y 22 de marzo.
Francisco Fiorentini, ex presidente de la COPARMEX, y el representante de los colectivos Armando Salinas, expusieron argumentos:
El primero de ellos busca que se resuelva una inconstitucionalidad, mientras que el segundo es en contra de un acto administrativo del Estado. Ambos ubican como tercer interesado a la cervecera, pero los representantes de Copamex identifican a la empresa como Constellation Brands, mientras que los colectivos hacen referencia a la Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.
En entrevista, el abogado de la resistencia ciudadana, Armando Salinas aseguró que su argumento recae en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce que existen violaciones en la materia, y establece el uso del agua como un derecho primordial, por lo que invita a realizar una serie de medidas para garantizarlo. Recalcó que al ser reconocido como un derecho humano, no debe ser sometido a una consulta ciudadana.
Los empresarios encabezados por Francisco Fiorentini Cañedo, arguyeron que la sociedad mexicalense no se encuentra debidamente informada al respecto, por lo que someter un tema a consulta sin tener las bases para tomar una decisión, resultaría perjudicial para la ciudadanía. También refirió que el proceso de consulta no se ampara bajo ninguna ley de participación ciudadana, lo que se vuelve otra irregularidad.
Serán los juzgados Sexto y Quinto, con residencia en Mexicali, los que se encarguen en definir sí otorgan o no los amparos y la consulta sigue o no adelante.
Con Baja California inmersa en la etapa de distanciamiento social para reducir el contagio por el Covid-19 , hasta el momento, la Secretaría de Gobernación, no ha emitido información sobre una suspensión de la consulta anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
