Alfonso Arzate García pide protección federal contra orden de aprehensión por homicidio calificado y tentativa de homicidio cometidos en 2012. Juez tijuanense envía copias del expediente de “El Aquiles” ilegibles e incompletas. Pablo Edwin Huerta tiene orden de captura por secuestro agravado en Ensenada. Otros dos presuntos integrantes de su célula piden amparo. Durante el juicio de garantías se exhiben procesos incompletos de la conformación de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, pues las áreas señaladas en el organigrama aún no existen
Los señalados como narcotraficantes, líderes visibles de organizaciones criminales antagónicas en Baja California, Alfonso Arzate García “El Aquiles” por el Cártel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, del Cártel Arellano Félix (CAF), hoy tienen aspectos en común ante la supuesta persecución del Estado. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión, presentaron demandas de amparo y sus asuntos serán resueltos en un mismo Juzgado.
Foto: Cortesía.- Alfredo Arteaga González, “Alfonso Arzate García”, “Alfredo Arzate”, “El Poncho”, “El Aquiles”, “Akiles
Después de ocho años, “El Aquiles” decidió enfrentar una orden de captura que pesa en su contra -la única que se conoce en México- por delitos contra la vida e integridad de las personas; mientras que “El Flaquito”, como ZETA lo informó el mes anterior, promovió un juicio de garantías contra algún mandamiento judicial que pretenda privarlo de la libertad. En ambos casos, las autoridades responsables respondieron que sí existen los actos reclamados.
“EL AQUILES”
Alfonso Arzate García, de 45 años de edad, quien asegura en su escrito que su nombre real es Alfonso Zárate García, pero es conocido también con la primera de las identidades, presentó a través de sus abogados la demanda constitucional ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Reclama que el gobierno pretende detenerle.
El originario de Sinaloa señala como autoridades responsables al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, al fiscal general de Justicia de Baja California y a diversos mandos del Ministerio Público y de la Policía Ministerial.
Del juzgador reclama la orden de aprehensión, detención presentación o pretensión de privarlo de la libertad. Del resto de autoridades, la ejecución de dicho mandamiento.
Los abogados del mafioso, identificados como Alejandro O. y Luis Felipe F., solicitaron y obtuvieron la suspensión provisional en favor de su cliente, quien debió exhibir una garantía de 10 mil pesos que surtiera efecto la protección parcial y no fuera detenido de manera inicial. Después obtuvo la suspensión definitiva que le protege hasta en tanto se dicte la sentencia del amparo.
El Juez Tercero Penal de Tijuana respondió con su informe justiciado. Sí existe orden de aprehensión contra el representante del Cártel de Sinaloa en Baja California, hechos derivados de la averiguación previa 0001/2012 y su acumulada, dentro de la causa penal 122/2012 por los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación y homicidio calificado en grado de tentativa en grado de coparticipación, sin que por el momento se conozca el nombre de las o los agraviados.
El juez responsable de emitir la orden de captura anexó copias certificadas de las actuaciones; sin embargo, el juez de amparo advirtió que las documentales -en más de 500 fojas- se encuentran incompletas. De la lectura del legajo, el juzgador señala que hay hojas parcialmente legibles, otras en blanco y que no guardan relación entre sí, por lo que devolvió dichas constancias a la autoridad responsable y dio un plazo perentorio para remitir copia certificada completa, con actuaciones en orden cronológico, debidamente selladas, foliadas y legibles.
También se le solicitó al juez de la causa, informe los nombres y domicilio de la parte ofendida (directa o indirecta), “a fin de que se les llame al juicio de amparo como parte tercero interesada”. El Juez Tercero Penal cumplió con el dato, y el juzgador de amparo ordenó se les emplace con copia de la demanda, “a fin de no vulnerar los derechos de la víctima y ofendidos, y proteger sus datos personales”.
“El Aquiles” inició sus actividades en el narcotráfico en esta frontera en la década anterior, cuando se convirtió en proveedor y colaborador de la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, otrora líder del CAF, pero tras la detención de este, decidió enrolarse en las filas del Cártel de Sinaloa y encabezar una poderosa célula al lado de su hermano René Arzate García “La Rana”, del que después habría de desvincularse.
En Estados Unidos, Arzate es señalado junto con otros miembros del Cártel de Sinaloa y su hermano, de traficar grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, en denuncias formales reveladas en enero de 2015 en San Diego, dentro del caso 14CR0722-DMS.
“EL FLAQUITO”
A inicios de febrero pasado, ZETA dio a conocer del juicio de amparo promovido por el presunto narcotraficante Pablo Edwin Huerta Nuño, líder de una de las células del CAF.
La acción legal ocurrió a unos días de la detención del que fue jefe de esa misma facción criminal, José Luis Escudero
“Secretario” de “El Chapo” Guzmán pelea su casa
Un Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Ciudad de México, concedió un amparo a Carlos Manuel Hoo Ramírez alias “El Cóndor” o “El Wache”, quien se autonombraba “secretario” del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, cuando ambos fueron detenidos el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.
El amparo directo ordena dejar sin efecto la procedencia de la extinción de dominio decretado sobre una residencia propiedad de la esposa del pistolero, que apenas el año pasado, el único Juez de Distrito Especializado en esa materia, determinó pasara a dominio de la Federación, por ser producto de ganancias de actividades ilícitas.
El domicilio afecto a este procedimiento se ubica en Calle Brasiles, Colonia Progreso o Proyecto Alfa de Culiacán, Sinaloa, se encuentra asegurado por la Fiscalía General de la República en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/189/2014. El inmueble tiene un valor actual de millón y medio de pesos, según peritos oficiales.
De acuerdo con investigaciones de la autoridad ministerial, la finca está inscrita a nombre de Julia Graciela Leyva Quintero desde el 9 de enero de 2009 ante el Registro Público de la Propiedad en Sinaloa. La mujer y Hoo Ramírez contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2011, pero al parecer vivían juntos desde por lo menos tres años antes.
El precio original del terreno y la construcción inicial eran de 40 mil pesos, pero durante los dos años previos a la captura de “El Cóndor”, el inmueble sufrió una transformación que multiplicó su valor inmobiliario. Según la mujer, de las ganancias de su oficio como estilista fue destinando dinero a las mejoras de la casa, por lo cual asegura, es falso el señalamiento de que es producto de recursos ilícitos.
El Ministerio Público federal argumentó que Carlos Manuel Hoo Ramírez fue condenado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por el delito de delincuencia organizada, y quedó acreditada su pertenencia al Cártel de Sinaloa, donde estaba bajo las órdenes directas de su detenido líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De esa forma, el 14 de marzo de 2019, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción en la República Mexicana y Residencia en Ciudad de México, declaró procedente la extinción de dominio. La resolución fue confirmada en apelación por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito el 12 de julio del mismo año.
Tanto “El Wache” como su esposa Julia promovieron el amparo directo, que al ser resuelto por un Tribunal Colegiado en Materia Civil, determinó que existieron violaciones formales al debido proceso y, por lo tanto, deberá reponerse el procedimiento de extinción de dominio, subsanándose los vicios detectados por los magistrados federales. La finca continuará asegurada hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva.
Escandón “El Quieto” o “El Pelos”, atrapado por la Policía Federal en Cancún, Quintana Roo.
La demanda de garantía promovida por “El Flaquito” por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral con sede en Ensenada y de otras autoridades, señala como actos reclamados: orden de aprehensión, detención, presentación y/o pretensión de privarlo de la libertad. Sus abogados, Elías L. y José S., le consiguieron la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran.
Además del juzgador ensenadense, se señaló entre las autoridades inmiscuidas en el asunto al fiscal adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), con residencia en Ciudad de México.
La autoridad judicial de Ensenada respondió en su informe justificado que sí existe orden de captura en contra de Huerta en la causa penal 06/2020, por el delito de secuestro agravado. De inmediato, el juez de amparo solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, -en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal- en el Estado de Baja California, “informe el nombre y domicilio de la parte ofendida en dicha causa penal, a fin de que sea llamado al presente juicio de amparo como parte tercero interesada, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello”.
La víctima de identidad reservada está en actuaciones como R.V.M.S. Al parecer se trata del secuestro de una mujer de Ensenada ocurrido en agosto de 2019, hecho por el cual fue detenido y se encuentra vinculado a proceso José Luis Escudero, quien quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 en Gómez Palacio, Durango. La plagiada, que fue agredida físicamente, fue liberada horas después de la privación de su libertad el 25 de
Firme condena a capataz colombiano del CJNG
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito negó el amparo directo a un hombre de nacionalidad colombiana, encargado de vigilar que trabajaran y no escaparan 24 de sus compatriotas en un invernadero de marihuana del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), descubierto por la Policía Federal en 2015, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a 20 kilómetros de Guadalajara.
Con esta resolución, quedó firme la sentencia condenatoria de diez años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Oliver Bolívar Villada alias “El Chavo”, a quien el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales -con residencia en Puente Grande, Jalisco- encontró responsable en la comisión de delitos contra la salud en las modalidades de cultivo de plantas de marihuana y posesión con fines de comercio del mismo enervante, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Castrenses Nacionales.
El fallo dictado el 19 de junio de 2018, dentro de la causa penal 117/2018, fue confirmado en segunda instancia en el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito el 14 de diciembre de ese año. La sanción incluye una multa de 166 días de salario equivalente a 11 mil 636 pesos 60 centavos. La condena empezó a computarse a partir del 10 de julio de 2015, fecha en que el inculpado fue detenido.
Bolívar Villada, a quien inicialmente se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada, no quedó conforme con la sentencia y gestionó el amparo directo que ahora le fue denegado.
“El Chava” fue detenido hace casi cinco años, cuando agentes federales realizaban labores de patrullaje en el Camino Rancho a La Teja, entre los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A las cinco de la tarde, frente a un predio rural rodeado de maya ciclónica cubierta con tiras de plástico verde, le encontraron armado con un fusil AK-47. Aunque el colombiano corrió, fue detenido con el arma y 16 cartuchos.
Los aprehensores observaron que dentro del jacalón laboraban varias personas en el cultivo de marihuana, quienes realizaban diversas actividades, consistentes en regar, limpiar y poner fertilizantes a unas plantas de color verde de tamaños variados.
Con orden de cateo en mano, el 12 de julio de 2015 los federales constataron la existencia de tres invernaderos en cuyo interior había plantas sembradas en el piso, en macetas y en recipientes de unicel. En total fueron detenidas 25 personas de nacionalidad colombiana, quienes declararon trabajar en un proyecto de cultivo de plantas de marihuana, al efectuar actividades como proporcionar a la tierra y a las plantas los cuidados necesarios para su desarrollo y fructificación, como e, abonarlas utilizando algún fertilizante, proporcionándoles riego de agua.
En el invernadero Número 1 fueron aseguradas 820 plantas de marihuana, en tanto que en el invernadero 2, había 2 mil 632 matas del mismo enervante, y en 3, otras 2 mil 700 matas de la hierba. En un laboratorio contiguo se contabilizaron 2 mil 111 plantas de marihuana más. Las autoridades ministeriales estimaron que el peso neto de todas las matas era de 3 toneladas 985 kilogramos.
Oliver Bolívar aseguró a los federales que el arma la usaba para controlar las labores de la gente asignada a la producción de cannabis, ya que él se encargaba de administrarlo por órdenes de su jefe “El Profe”, también colombiano, no detenido y quien era jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga para el CJNG. Agregó que en ese lugar laboraban por lo regular treinta personas adiestradas en el cultivo de la hierba, la mayoría originarias de Sudamérica.
Sin embargo, lo dicho por “El Chava” no quedó asentado en la averiguación previa, así que ante el juez de la causa aseguró que no sembró ni cuidó la marihuana, sino que solamente limpiaba la tierra o quitaba la hierba, y fue durante un lapso muy corto. En una ampliación de declaración preparatoria, afirmó que al momento de su detención fue maltratado y lesionado.
El hombre de 41 años al instante de su captura, oriundo de Quindio, Colombia, dijo haber estudiado hasta tercer año de educación primaria y que se dedicaba a la obra civil en su país. Indicó que tanto él como sus compatriotas llegaron al invernadero con engaños y los obligaron a permanecer allí, manteniéndoles incomunicados y sin pago por su labor, incluso les quitaron el chip a sus teléfonos y no podían salir.
Hernán Alonso Yepes Rincón, otro de los aprehendidos, declaró estar encargado de controlar la clonación y producción de las plantas de marihuana en el invernadero. Los demás manifestaron que se encontraban cultivando y cuidando plantas de “El Profe”, a quien ya no volvieron a ver desde días previos a su detención.
agosto del año próximo pasado.
El juicio de amparo de Huerta Nuño en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, sigue su curso. En tanto, en los Juzgados Séptimo y Noveno de Distrito en la entidad, otros dos individuos han solicitado el amparo y protección de la justicia federal por el mismo caso: Gorky Manuel Zavala Rodríguez y Bernardo Olivier Pozo Romero, según trascendió en la fiscalía bajacaliforniana.
Durante el juicio de garantías promovido por “El Flaquito”, se advierte una deficiente estructura en la naciente Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, ya que el presunto narcotraficante señaló como autoridades responsables a la Dirección General de la Policía de Proximidad Social; Dirección General de Protección Institucional y de Personas; Dirección del Grupo Especial de Operaciones; así como a la Dirección General de Policía Procesal. La dependencia de la Fiscalía General del Estado respondió que “si bien se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la FGE del Estado de Baja California como parte de la Guardia Estatal de Seguridad, también lo es que dichas autoridades no han entrado en funciones, toda vez que se encuentran en proceso de transición”.
Con 28 años de edad y originario de esta frontera, Pablo Edwin es señalado de dedicarse al trasiego de droga y control territorial para el cártel arellanista. A pesar de su juventud, las autoridades le consideran como un gran negociador, ya que presuntamente ha llegado a acuerdos con jerarcas del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, y ha obtenido pactos de no agresión con gente de los hermanos Arzate García. Pese a lo anterior, “El Flaquito” es mencionado como autor intelectual de homicidios de sus operadores y de agresiones armadas contra policías.
