De cumplir con su promesa de dar un desayuno a cada uno de los más de 687 mil estudiantes de primaria en Baja California, el gobierno estaría erogando más de mil 800 millones de pesos por ciclo escolar. Por lo pronto, entregó sin licitación un contrato a por lo menos dos empresas. Los documentos permanecen en la opacidad. Ningún secretario de los encargados sabe de los contratos o no los quisieron hacer públicos. Por transparencia fue obtenido uno de ellos, pero igual, no aparece monto total de lo contratado, ni cantidad de desayunos a entregar; tampoco la calidad nutrimental de los alimentos
El secretario de Hacienda del Estado, Adalberto González, asegura que no tiene los contratos que de forma directa se han adjudicado para el servicio de desayunos escolares en Baja California a estudiantes de nivel primaria, pese a ser él, responsable de los pagos.
De hecho, refirió que la secretaria de Integración y Bienestar, Laura Torres, los tenía y sería la encargada de darlos a conocer. Pero ninguno de los dos lo hizo. Los documentos se mantienen en la opacidad, de tal forma que la transparencia prometida por el mandatario Jaime Bonilla Valdez como candidato, no se ha consolidado en el ejercicio del gobierno.
A través de una solicitud de ZETA vía Transparencia, el 25 de febrero se logró conocer uno de -se supone- dos contratos que se han entregado para la preparación y distribución de desayunos para estudiantes de primaria en el Estado. Sin embargo, en tal documento tampoco se define la cantidad de desayunos que se servirán, como también se omite la cifra de estudiantes que recibirán el alimento entre las 7:00 y 8:20 de la mañana, cinco días a la semana.
MÁS OPACIDAD
Lo que sí refiere el contrato que fue entregado a esta casa editorial, es que cada desayuno tendrá un costo de 13.50 pesos.
Si se toman como ciertas las cifras que proporcionó la secretaria de Integración y Bienestar
Social, Laura Torres, de que al 25 de febrero se daba el alimento a 287 mil 716 niños, una simple operación aritmética da como resultado que por día, el Gobierno del Estado paga 3 millones 884 mil 166 pesos por desayunos; a la semana serían 19 millones 420 mil 830 pesos, y si se considerara que esos niños recibirán su desayuno los 152 días del ciclo escolar 2019-2020 a partir del 4 de noviembre de 2019 y hasta el 13 de julio de 2020, cuando finaliza, entonces la administración de Bonilla estaría gastando 590 millones 393 mil 232 pesos.
Sin embargo, la cantidad será mayor. La propia Torres declaró a ZETA que antes de que concluya el ciclo escolar 2019-2020, se estará sirviendo el desayuno a la totalidad de niños inscritos en las primarias de Baja California, los que dijo, son 687 mil 407 estudiantes. Así, para esa fecha se estarían pagando 9 millones 279 mil 994 pesos por día por desayunos, 46 millones 399 mil 972 pesos por semana.
Pero en la opacidad gubernamental, ningún funcionario de los consultados sabe a ciencia cierta cuánto se gastará en desayunos, cuántos se proveerán, o de dónde saldrán los recursos para ello.
De continuar el programa de desayunos escolares para el ciclo 2020-2021, cuando ya se estén entregando los alimentos a la totalidad de los alumnos de primaria en el Estado y considerando que un ciclo escolar comprende unos 200 días de clase, el gobierno de Jaime
Bonilla pagará mil 855 millones 998 mil 900 pesos.
La cifra es un estimado de la multiplicación del costo de cada desayuno -13.50 pesos-, por el número de alumnos -687 mil 407-, por el número de días en el ciclo escolar -200- porque hasta la fecha, a cuatro meses de tomar posesión y prácticamente el mismo tiempo de haber firmado contratos para la preparación y distribución de los desayunos, la transacción del Gobierno del Estado se ha mantenido en secreto. Ni los secretarios proveen información, ni en el Congreso la solicitan, mientras padres de familia han comenzado a inconformarse por la calidad de los alimentos entregados a sus hijos.
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN
El documento entregado a ZETA vía Transparencia, es el contrato de suministro
ADD-SIBSO-102-19/1. Se trata de un “contrato administrativo de preparación y suministro de alimentos para niños y niñas alumnos del sistema educativo estatal de Baja California”, y lo celebraron por parte del Gobierno del Estado, el ex
oficial mayor, Jesús Núñez; y en representación de la empresa AB Alimentos
Nutraséuticos Funcionales, SA de CV, Mario Abeyta Ruiz, apoderado legal.
Al proveedor se le pagará una vez “suministrado la totalidad de los servicios”, al presentar las facturas y en los siguientes 30 días. Los desayunos deberán entregarlos en las primarias entre las 7:00 y las 8:20 de la mañana de lunes a viernes, en coordinación con los directivos de las escuelas para la logística.
La empresa ligada al morenismo sonorense y que causó alta como proveedor del Gobierno del Estado de Baja California el 16 de octubre de 2019, obtuvo el contrato por adjudicación directa. Todo fue agilizado, incluso el trámite -declararía Bonilla Valdez- inició cuando él era gobernador electo. Así, al día siguiente de tomar posesión, el 2 de noviembre de 2019, AB Alimentos presentó su cotización, y dos días después -4 de noviembre-, el gobierno de Baja California ya había firmado el contrato. Se supone que el mismo día se empezaron a distribuir los desayunos en las escuelas primarias de manera gradual.
De acuerdo a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Baja California, la adjudicación directa solo se podrá ejercer cuando se trate de la adquisición de servicios de arte, patentes, derechos de autor o exclusivos; cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad o el ambiente como consecuencia de desastres por fenómenos naturales; cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales; cuando sea un caso de “fuerza mayor”.
En ninguna de tales categorías encuadra la adquisición de desayunos escolares, pues es evidente que empresas proveedoras y distribuidoras de alimentos existen, y por el monto a erogar -más de mil 800 millones de pesos por ciclo escolar a partir de 2020, más de 590 millones a la fecha-, se debió emitir una convocatoria que permitiera concursar a las compañías y al gobierno elegir la de mejores condiciones para la Hacienda pública.
Sin embargo, Jaime Bonilla Valdez entregó por la vía directa el millonario negocio, pese a no contar con recurso asignado para ese rubro en el Presupuesto de Egresos 2019, por lo que tomó -según dice el mismo documento- dinero de la partida 39907, destinada para la alimentación en los Centros de Reinserción Social del Estado.
En su página 2, el texto refiere:
“Mediante oficio de justificación número 001/2019 de fecha 1 de noviembre del 2019, agregado como anexo a este dictamen, la C. Cyntia Gissel García Soberanes, Secretaria de Integración y Bienestar Social, solicitaron al C. Jesús Demián Núñez Camacho Oficial Mayor de Gobierno del Estado y Presidente del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo optar por el procedimiento de adjudicación directa para la contratación del de preparación y suministro de alimentos para niños y niñas alumnos del Sistema Educativo Estatal de Baja California, lo anterior a fin de atender las necesidades de operación de los sistemas penitenciarios a su cargo (sic)”. Esta parte está subrayada de origen.
El contrato celebrado por el gobierno actual fue tan apresurado como opaco. No indica ni número de desayunos a contratar, ni monto a pagar, solo el costo unitario por desayuno a razón de 13.50 pesos, cantidad a la que se llega al sumar:
* Precio unitario de insumos alimenticios: 11.18 pesos
* Impuesto al Valor Agregado (IVA) de insumos alimenticios: 0.00 pesos
* Precio unitario servicio de preparación y distribución: 2.00 pesos
* IVA 16% del servicio de preparación y distribución: .32 centavos.
FUNCIONARIOS CESADOS POR MOCHES FIRMARON CONTRATO
El contrato ADD-SIBSO-102-19/1 con AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales, SA de
CV fue firmado por los dos funcionarios que fueron retirados de la administración de
Jaime Bonilla Valdez, tras el escándalo de corrupción luego de revelarse el cobro de moches a empresarios locales, a cambio de contratos con la administración estatal. Investigación que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, donde los protagonistas son Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Demián Núñez Camacho, quienes firmaron en calidad de secretaria de Integración y Bienestar Social y oficial mayor, respectivamente.
Sin determinar montos, tipo de alimentos a servirse a los estudiantes o número de alumnos beneficiados, el contrato exime al gobierno de Bonilla de cualquier fracaso en la elaboración de los desayunos. La cláusula séptima especifica: “El proveedor será el único responsable de la mala calidad de la preparación y suministro consecuentemente del servicio efectuado”.
En el contrato, que no tiene fecha de vigencia y que el gobernador podrá rescindir en caso que no se entreguen alimentos de buena calidad, o estos sean entregados con retraso, se nombró como “responsable del seguimiento a los compromisos que se derivan de este contrato a la C. Cynthia Gissel García Soberanes”, ex funcionaria que presuntamente es investigada por los moches que, de acuerdo a las denuncias, superaron los 20 millones de pesos e involucraron también al ex oficial mayor Jesús Núñez y al todavía secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
En la cláusula novena estipulan: “El proveedor para garantizar el cumplimiento del presente contrato, se obliga a exhibir fianza dentro de los quince días posteriores a la firma del mismo, por la cantidad equivalente al 15% del total del contrato”, sin embargo, en ninguna de las doce páginas que integran el convenio, se establece el monto total del contrato, solo el precio unitario por desayuno, por lo que no se puede establecer a cuánto asciende ese 15 %. Lo que sí, determinan que la fianza sobre el valor total del contrato
“garantiza el cumplimiento total del contrato y el proveedor acepta que en caso de cualquier incumplimiento que traiga consigo la rescisión administrativa del presente, la misma se haga efectiva como pena convencional y pago de daños y perjuicios a el Ejecutivo Estatal”.
DESPIDEN A MÁS DE 200 EMPLEADOS DE AB ALIMENTOS
En medio de la polémica que envuelve a la empresa AB Alimentos Nutraséuticos
Funcionales, SA de CV por la cuestionada calidad de sus productos y por la denuncia pública realizada por personal educativo que reclamó la entrega de leche caduca, ex empleados se inconformaron por el despido -aseguran- injustificado de alrededor de 200 trabajadores, por lo que solicitan una indemnización conforme a la Ley.
Desde el jueves 20 de febrero fueron notificados sobre la culminación de su relación laboral. Sin previo aviso ni explicaciones, representantes de la empresa les informaron que ya no habría relación con los 200 plateros que trabajan en Mexicali y su Valle.
Israel García, uno de los inconformes que acudió a las instalaciones de la Junta de
Conciliación y Arbitraje en Mexicali, reclamó que la empresa lo invitó a renunciar de manera voluntaria para otorgarle una indemnización. Sin embargo, prefirió asesorarse, pues considera que abundaban las irregularidades.
Una de estas, que al momento de presentarles el documento de renuncia donde desistían de inconformarse jurídicamente hablando, les pidieron signar previamente un contrato laboral, donde confirmaban haber recibido todas las prestaciones sociales de Ley, lo cual le disgustó porque nunca obtuvo registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otro beneficio.
Agregó que la vocera de la empresa, a quien identificó como Marla Félix, le prometió un monto de 25 mil pesos a cambio de no hablar con los medios de comunicación sobre el tema. El tiempo pasó y no cumplió con lo prometido, por lo que decidieron externar su inconformidad.
Aunque algunas personas aceptaron la renuncia, otras decidieron continuar con su proceso judicial, por lo que se hicieron de un abogado.
Alejandro Moisés Rivera, representante de algunos de los inconformes, señaló que aún no se encuentran en juicio, sino que buscarían primero un acercamiento por la vía conciliatoria. No obstante, cuando intentaron notificar a la representante de la empresa en su domicilio, esta se negó a salir, pero invitó a que los interesados pasaran de uno por uno para conversar con ellos, a lo cual se negaron algunos, pero otros aceptaron con la promesa de pago.
AB Alimentos cuenta con una oficina en Tijuana, donde también hubo algunos altercados entre trabajadores y la empresa, por lo que en próximos días podrían acudir directamente para notificarlos.
El lunes 24 de febrero, ocho personas hicieron acto de presencia en el domicilio, además de otras que llegaban y salían de manera frecuente. (Con información de Isabel Mercado Juárez)
