Una práctica fuera de todo ordenamiento jurídico y de simulación, cuyo objetivo es desviar la atención de las severas omisiones cometidas por los gobiernos estatales y federales en torno a la instalación de la planta cervecera Constellation Brands, son los reclamos realizados por el sector empresarial a través de Francisco Fiorentini e integrantes de las “resistencias”, así como por académicos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) como el doctor Alfonso Cortez Lara. Los dos primeros ya anunciaron que independientemente del resultado, seguirán impulsando en favor o en contra, respectivamente, a la trasnacional. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación ha dejado claro que la postura del Ejecutivo Federal es que hay suficiente agua para la empresa estadounidense
Cuando el ex gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, anunció en junio de 2015 la intención de la empresa Constellation Brands para invertir más de mil 500 millones de dólares en la instalación de una planta en el Valle de Mexicali que generaría entre 700 y mil empleos directos, era imposible imaginarse que casi cinco años después, el futuro de la inversión más grande en Baja California, dependería de una consulta ciudadana ilegal, sin sustento jurídico o económico, convocada además por la Presidencia de la República.
Ante la magnitud de la inversión, tampoco se habría podido proyectar la conformación de colectivos en defensa del agua, o los múltiples enfrentamientos entre manifestantes, policías y guardias de seguridad de la empresa; de hecho, la polarización ha despertado el tema, provocando huelgas de hambre, críticas, prácticas legislativas tramposas, campañas de desprestigio, amparos y hasta activistas presos.
Una lucha que no culmina pese a que la trasnacional lleva ya más del 60% de avance en su construcción.
El punto más álgido en la disputa por la instalación de la planta sucedió en enero de 2018, cuando más de un centenar de policías estatales se enfrentaron con palos y piedras con una treintena de manifestantes en los alrededores del rancho Mena en el Ejido El Choropo, a escasos metros de donde se construye la cervecera ubicada a 21 kilómetros al Sur de la Línea Internacional, donde la empresa pretendía instalar un acueducto que la conectara con la red urbana de agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Con el cambio de gobierno federal y estatal en 2018 y 2019, respectivamente, grupos de “resistencia” buscaron nuevos acercamientos, y tras el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo una investigación sobre la situación del agua en Baja California -el 26 de marzo de 2019 en San Luis Río Colorado, Sonora-, consideraron que sus demandas serían escuchadas. Sin embargo en enero de 2020, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, respaldó la versión del gobierno anterior y de la empresa, asegurando que había suficiente agua para la instalación del gigante cervecero que cuenta con posiciones en el Consejo Consultivo del Agua, ente encargado de analizar las problemáticas del vital líquido en el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) daría un golpe de timón a los señalamientos del Gobierno Federal, y en su recomendación 01/2020, reconoce la escasez de agua, el estrés hídrico y las posibles afectaciones con la instalación de la planta cervecera en Mexicali. También señala directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno bajacaliforniano, de cometer severas omisiones en el otorgamiento de permisos, al detectar irregularidades en las cifras y dictámenes emitidos por las autoridades.
Sin importar la declaración del secretario de la Semarnat y las recomendaciones de la CNDH, el Presidente de la República dio a conocer el 3 de marzo que todos los estudios, análisis, manifestaciones y argumentos, serían irrelevantes, puesto que la decisión se tomaría los días 21 y 22 de marzo, a través de una consulta ciudadana realizada en Mexicali.
Para el profesor de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Alfonso Cortez Lara, la consulta parece más un distractor de las verdaderas omisiones denunciadas por la CNDH en torno a la instalación de la trasnacional, que de un ejercicio democrático.
Manifesataciones en contra
LA CONSULTA
Según el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), en la última elección local se instalaron poco más de 4 mil casillas, mil 361 de estas en la Capital del Estado. Pese a la intensa campaña de promoción del voto por parte del Instituto y de los partidos políticos, sufragaron menos del 30% de los ciudadanos.
Menos de año después, el Gobierno Federal pretende instalar 27 puntos de votación -de los cuáles solo ha dado a conocer 22- y utilizar 147 mil 300 boletas para decidir el futuro de una trasnacional que lleva avanzada construcción y que -en teoría- debería estar funcionando para el próximo año.
La metodología expuesta en su página de internet www.participaciónsocial.gob.mx, establece que solo los residentes de Mexicali tendrán participación en el tema, que se instalará una casilla por cada 10 mil habitantes mayores de edad con un máximo de 10 para la localidad más poblada que es el centro de la zona urbana. También precisa que en localidades con hasta 2 mil 300 mayores de edad, se instalará una casilla. Todos los datos fueron tomados del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010 y el listado nominal del 14 de febrero de 2020; las ubicaciones serán en plazas y zonas concurridas.
La votación se realizará los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, y se contarán tres categorías: votos válidos a favor de la construcción, votos en contra, y los nulos o ilegibles. La información será captada a través de una aplicación móvil, la cual culminará el cómputo la madrugada del lunes, y según la subsecretaria de Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, el resultado será de conocimiento del Presidente López Obrador, durante la reunión de seguridad a las seis de la mañana y dado a conocer en la conferencia mañanera de ese mismo día.
La funcionaria federal indicó que la consulta seguirá pese a la contingencia del coronavirus, pero tomarán medidas de protección como el gel antibacterial, pañuelos e invitar a la gente a que lleve su propia pluma o marcador.
ES ILEGAL Y NO ES VINCULANTE
La consulta ciudadana emprendida por López Obrador no es avalada por ningún sector. La iniciativa privada, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha sido clara en su rechazo e interpuso una demanda de amparo para invalidarla.
De igual manera, grupos de resistencia, a través del abogado Armando Salinas, intentan evitar el avance de la consulta. Los argumentos son distintos, pero con el mismo fin.
El amparo de la iniciativa privada fue interpuesto el 17 de marzo por Francisco Fiorentini Cañedo, Elena Herrera González, Francisco Javier González López, Marco Antonio Kuljacha Gastélum, Rocío García Hernández, Camerina Calderas Fernández, Rodrigo Llantada Ávila, Alfonso de Alba Vargas, quienes argumentan dos puntos básicos:
- El Presidente de la República no tiene entre sus facultades ordenar una consulta ciudadana vinculatoria, según la Constitución Mexicana.
- El acuerdo de Ecsazú, Costa Rica, firmado en septiembre de 2018 por el hoy ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el cual el Estado Mexicano se compromete a fomentar las herramientas de participación ciudadana, en proyectos que representen un impacto ambiental o recursos naturales. La finalidad es que la sociedad tenga la mayor cantidad de información disponible sobre un proyecto de gran calado que tenga repercusiones medio ambientales.
Fiorentini, ex titular de la Coparmex Mexicali, aseguró que en este momento no existen condiciones para que la sociedad sufrague a favor o en contra de la cervecera, puesto que no existió una verdadera campaña de concientización por parte del Gobierno Federal.
Armando Salinas
Armando Salinas, de las resistencias, coincidió que a dos semanas de anunciada la consulta, no se ha realizado una sola mesa informativa sobre las ventajas y desventajas de la cervecera, lo cual fue promesa del Presidente.
Recordó que el sábado 14 de marzo, durante la Jornada por la Paz en una escuela del fraccionamiento Ángeles de Puebla, una comunidad de condición humilde ubicada al Oriente de la ciudad, trabajadores de la Secretaría de Gobernación repartieron folletos evidentemente sesgados en favor de la cervecera.
La parcialidad es tan clara que la propia Semarnat se deslindó de ello:
“La Semarnat no está de acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en un folleto con la firma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por considerar que su contenido se encuentra sesgado, ya que es un panegírico a favor de la empresa Constellation Brands”, remató en el boletín de prensa disponible en su página de internet.
A este argumento, el abogado y activista refirió que la CNDH les dio la razón sobre la escasez de agua en el Valle de Mexicali, lo que -a su juicio- convierte ese caso como un tema de derecho humano y, por ende, no puede ser sometido a consulta.
Salinas agregó que en su momento se vieron interesados en un plebiscito -rechazado por el IEE en 2019-, pero consideró que esa opción ya fue rebasada, por lo que solo queda acatar las recomendaciones de la CNDH que reconocen la falta de agua en la región y los riesgos que representa la instalación de la trasnacional.
“Los precedentes emitidos por esta Comisión Nacional, así como los criterios jurisprudenciales aplicables, tanto del Poder Judicial de la Federación, como de la CNDH, con un enfoque de máxima protección de las víctimas y agraviados, se contó con elementos que acreditan violaciones al derecho al agua, en agravio de los habitantes del Valle de Mexicali en la modalidad de acceso a los recursos hídricos para fines personales y domésticos, al igual que los destinados a actividades agrícolas”, narra la recomendación 01/2020, originada de una denuncia del ex candidato a diputado, Rigoberto Campos.
Para el abogado Benjamín Almanza, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), la consulta no puede ser debatida en una esfera jurídica, como lo son los amparos, por el simple hecho de que no está sustentada en ninguna Ley o Artículo constitucional.
A favor del plebiscito
Aseveró que los amparos de colectivos y empresarios están fuera de tiempo, sobre todo a raíz de la suspensión de labores y de plazos en todos los Juzgados del país, por lo que cualquier recurso quedará inmóvil, mientras que la consulta se lleve a cabo.
Pese a ello, consideró que el amparo contra la consulta es una acción errónea, puesto que jurídicamente no es un acto de gobierno. Y es que al no ser vinculante, pues no está regida bajo ninguna Ley de Participación Ciudadana ni constitucional, no tiene una real validez jurídica y sus resultados no pueden ser presentados ante un juzgador como evidencia.
Por ende, después de la consulta ciudadana, tanto la cervecera como activistas podrán continuar con la lucha legal, sin consecuencias.
Almanza dijo que a la fecha la gente no sabe qué votará, cómo se emitirá el voto, no hay mecanismos de control de seguridad, ni quién contará las boletas. Además, se torna incongruente porque por un lado, pretende que la sociedad entre en cuarentena para evitar el contagio de coronavirus, y por otro, pretende sacarlos a la calle a sufragar.
ZETA solicitó una entrevista con la empresa Constellation Brands, a través de una de sus voceras, pero nunca se recibió respuesta. Lo único que se pudo obtener es el boletín de prensa donde aseguran que una consulta de esta naturaleza los obligaría a reconsiderar su inversión en México.
El documento a nombre de Daniel A. Balma, asegura que cuentan con todos los permisos necesarios a la fecha y que su operación no implica riesgos para la disponibilidad del agua de la región.
Constellation Brands cuenta con representantes en el Consejo Consultivo del Agua, organismo encargado de analizar la problemática del agua en México, donde se ubican las grandes empresas trasnacionales, académicos y expertos en la materia.
Empleados Constellation
EL DEBATE DEL AGUA; OPINIONES ENCONTRADAS
Mientras que la CNDH declaró públicamente que existe un estrés hídrico y que durante el proceso de instalación de la planta cervecera hubo violaciones al derecho humano al agua, el Gobierno Federal, a través de la subsecretaria de Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, indicó que existe suficiente agua para la instalación de la trasnacional, lo que ha incomodado a representantes de los colectivos, como Iván Martínez Zazueta, que lo consideran una postura parcial.
El doctor Alfonso Cortez Lara, de El Colef, asegura que Baja California tiene dos fuentes de agua: la principal son mil 850 millones 234 mil metros cúbicos de la Cuenca del Río Colorado, proveniente de Estados Unidos y que deben garantizarse cada año a través del Acta 319 y del acuerdo binacional 323; el resto son los 520 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de Mexicali.
El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la cervecera, establece que inicialmente pretendían utilizar 20 millones de metros cúbicos de agua al año, pero por restricciones gubernamentales, que de hecho hicieron que la inversión de Constellation en Baja California se redujera de mil 500 a 900 millones de pesos, también disminuyeron los millones de metros cúbicos a utilizar anualmente, primero a 11 millones, luego a 7, y hoy en día a 5.8 millones de metros cúbicos de agua.
Según el representante empresarial Francisco Fiorentini y la subsecretaria federal, el proyecto solo usará el 0.2% del agua total disponible del Estado, lo que -a su juicio- desestima la supuesta escasez del vital líquido. De esta agua total, prácticamente el 70% se encauza a la agricultura; el resto se utiliza para otro tipo de actividades productivas y de consumo humano.
En su estudio “Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y Otros Documentos Oficiales del Proyecto de Construcción y Operación de la Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California”, Cortez Lara refiere que existe información sesgada al respecto, puesto que el recurso acuífero no debe medirse de la totalidad del agua de Mexicali, sino de donde va a extraerse.
Álvarez Maury dijo que el vital líquido se obtendrá de las reservas de agua de Mexicali, que representan 34 millones de metros cúbicos.
Esto, advierte el representante de El Colef, representaría el 17% de las reservas del municipio, lo que ya es un riesgo importante, sobre todo porque casi toda la reserva es enviada a Zona Costa, a través de un acueducto operado por la Comisión Estatal de Agua (CEA). Cortez Lara aseveró que esta medida afectaría directamente al servicio de agua de Tijuana, Tecate y Rosarito, donde ya se han iniciado prácticas de agua por tandeo.
A su dicho, lo más probable es que la empresa termine utilizando entre 8 y 12 millones de metros cúbicos anuales, pues en el MIA establece claramente ciertos parámetros de producción y de descargas. Sin embargo, nada le impediría llegar a los 20 o más, tal y como ocurrió con la planta de Coahuila, una de las más grandes del mundo. Agregó que para producir un litro de cerveza requieres entre 3.7 y 4 litros de agua.
Con la instalación -asegura- se duplicaría el uso del agua industrial en Mexicali, lo que la vuelve prácticamente el usuario más grande.
Esta comparación, a juicio de Fiorentini Cañedo, está sesgada, pues ninguna de las empresas maquiladoras de la ciudad utiliza agua realmente para su producción, sino para sus actividades elementales como el uso de sanitarios y limpieza general, por lo que compararla con el resto de las empresas es tendencioso.
Fiorentini Cañedo aseguró que es un mito que el agua vaya a terminarse con Constellation Brands, toda vez que tenemos agua excedente que incluso se desperdicia en tomas hacia el Mar de Cortez. Sin embargo, reconoció la necesidad de mejorar la sustentabilidad del uso del agua de manera responsable y volver su uso más eficiente, para tener este recurso por mayor tiempo, pero eso no tiene que ver con la trasnacional, la cual se comprometió a devolver al subsuelo uno de cada 3 litros de agua que utilice, aunque no especificó quién revisaría la calidad de la misma.
Fiorentini Cañedo aseguró que los productores del Valle de Mexicali utilizan grandes cantidades de agua para la siembra de alfalfa, trigo y algodón, que se exporta a países como Rusia, y pregunta qué diferencia hay de utilizarse para la cerveza, pues al final todo termina exportándose. Es por ello que propone un esquema de democratización del agua, con el objetivo de generar mayores riquezas para la sociedad.
Iván Martínez Zazueta, integrante de las resistencias, estudiante de posgrado especializado en el estudio de la tierra, asegura que existe un severo estrés hídrico y una sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que provoca que cada vez haya más salitre en el agua, y también en el mismo suelo.
Tanto Martínez Zazueta como Cortez Lara, aseguran que no es lo mismo que una trasnacional se lleve el agua en forma de cerveza a que se utilice para la producción de alimentos, máxime porque el agua utilizada por los agricultores termina en el subsuelo, reabasteciendo los mantos acuíferos ya de por sí sobreexplotados. Los estudios del investigador de El Colef, que parten de información de la Conagua, refieren que más del 80% del agua proveniente del acuífero es por el riego agrícola, por lo que en realidad no se desperdicia, sino que circula.
Fiorentini Cañedo defiende que estas 400 hectáreas de tierras tienen permisos de agua anuales, los cuales serían pasados a la CESPM de Mexicali, y a su vez a la cervecera, por lo que no habría más permisos de agua ni un uso extra, sino que se dejaría de sembrar para abastecer a Constellation Brands.
Iván Martínez Zazueta
Martínez Zazueta refiere que los mantos se encuentran sobreexplotados y, según el estudio de El Colef, con las hectáreas que dejarán de sembrarse, se estima que el estrés hídrico aumente. Esto provocará que el agua que se extraiga de los pozos deberá ser más profunda – de 70 centímetros a un metro más al año-. lo que volvería al vital líquido más salitroso y de menor calidad.
Sobre el cambio de uso agrícola a urbano, Cortez Lara tiene otra hipótesis. A su parecer, la intención es “blindarse” en caso de una potencial reducción de agua que llega a la Cuenca del Río Colorado.
Y es que, según el experto, la posible reducción de más de 50 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado -la mitad de lo que usa Mexicali en un año-, proveniente de la presa Hoover por parte de Estados Unidos a México, afectaría primeramente al sector agrícola, puesto que las garantías de tratados internacionales y constitucionales, establecen que el agua debe ser primero para el uso humano, y luego para cualquier otra actividad, en este caso, la siembra.
La triangulación que realiza Constellation Brands con la CESPM, vuelve los litros de agua que le corresponden por derechos adquiridos de las 400 hectáreas, de uso urbano, y por ende, de primera necesidad, encima de los derechos agrícolas. En caso de darse una reducción, quedaría exenta de reducir sus niveles del vital líquido.
En lo único que Fiorentini Cañedo está en contra de toda la instalación de la planta, es que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, le otorgó toda clase de incentivos para que accediera a quedarse, los cuales van desde terrenos más baratos, reducción de tasas impositivas, infraestructura, entre otras cuestiones.
El empresario de PIMSA aseguró que no era necesaria esa medida, puesto que Baja California es una zona pujante y privilegiada, ya que cuenta con agua suficiente, tiene una cercanía con el principal consumidor de cerveza -California- y cuenta con una mano de obra calificada para la producción y procesos especializados. Además, la inversión que generaría detonaría de forma importante la actividad del Valle de Mexicali.
Cortez Lara aseguró que la sobreexplotación del acuífero se da por la falta de regulación de la Conagua -pues no cuenta con mecanismos para revisar el consumo de los permisionarios- y las prácticas abusivas de algunos productores que utilizan más agua de la que tienen permitida, o bien, el robo del vital líquido. Esto ha provocado que el acuífero del Valle de Mexicali se encuentre en veda nivel III desde 1965, lo que impide el otorgamiento de más concesiones de agua.
