El Cabildo de Tijuana aprobó la revocación de permiso de operación a Cervecería Insurgente por considerar que fue otorgado con irregularidades por parte de la anterior administración municipal, razón por la que se instruyó a Sindicatura Procuradora iniciar un procedimiento en contra de los funcionarios del XXII Ayuntamiento, incluido el ex alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
En la sesión extraordinaria celebrada este jueves 20 de febrero de 2020, la mayoría de los integrantes del Cabildo de Tijuana coincidieron en señalar que la empresa dedicada a la elaboración y venta de cerveza artesanal, se ubica a menos de 150 metros de distancia de un hospital, de acuerdo a peritajes efectuados por separado.
Ante ello, los regidores Guadalupe Flores Huerta, Mónica Vega, César Adrián González García y el propio alcalde Arturo González Cruz, solicitaron a la Síndico Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, iniciar una investigación para sancionar a los funcionarios que, en forma anómala, el 30 de julio de 2018 liberaron la anuencia municipal que permitió que la Cervecería Insurgente operara en Juan Cordero número 10021 de Zona Río.
Demandaron investigar particularmente a los siguientes ex funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana: José Vicente Oceguera, director de Inspección y Verificación; José Lamberto Portillo, director de Alcoholes; Leopoldo Guerrero, secretario de Gobierno Municipal; y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, como presidente municipal de Tijuana en ese periodo.
La Síndico Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, informó que desde que la irregularidad fue detectada se inició una investigación, cuyo resultado se turnará a la Dirección de Responsabilidades de la fiscalía municipal a su cargo, así como a Consejería Jurídica Municipal para que, de ser necesario, inicie un proceso penal.
A su vez, Espinoza Ochoa solicitó al alcalde Arturo González realizar una revisión de los permisos liberados por la anterior administración y, de ser irregulares, se turnen a Sindicatura, que el munícipe expresó, “así se hará”.
En el caso particular de la Cervecería Insurgente, González Cruz, dijo que en primer término la solicitud de licencia le había sido rechazada por incumplimiento de las normativas, pero después, por razones desconocidas, la autoridad municipal decidió que sí cumplía con los requisitos de ley para operar.
Subrayó que la revocación de la licencia no es una consigna en contra de la empresa, toda vez que la misma firma opera un establecimiento en otro punto de la ciudad en donde sí cumple con la reglamentación, por lo que “no ha sido molestada”.
Por su parte, César Adrián González, regidor presidente de la Comisión de Recreación, Espectáculos y Alcoholes, ofreció apoyar a los propietarios de Insurgente “para que abran un nuevo establecimiento, pero donde sí cumplan”.
De la licencia que le fue revocada, Iván Morales, uno de los dueños de cervecería Insurgente, sin negar el incumplimiento de la normatividad municipal, cuestionó, “¿Van a aplicarle la misma revocación de permisos a estos lugares que están establecidos a menos de 150 metros, o nada más lo están haciendo con Insurgente? Es obvio que nomás es con nosotros”.
Agregó que hay una gran cantidad de bares a menos de 150 metros de hospitales y centros médicos, que el Reglamento permite, pero que el Ayuntamiento está interpretando a su conveniencia.
Desde que inició la administración municipal, el Ayuntamiento ha clausurado en distintas ocasiones a la cervecería Insurgente, después de que el hermano de Jaime Bonilla Valdez, Alberto, se quejara de su vecindad y amenazara a la familia con no permitir que continúen trabajando en la calle Juan Cordero.
