Hace más de un año, el hombre entregó a un niño a sus abuelos maternos en Tijuana para pasar una temporada de vacaciones en Pachuca, Hidalgo, pero ya no lo ha vuelto a ver. Ahora la pareja se encuentra recluida en el Cereso de Ensenada, donde enfrenta un juicio por los delitos de homicidio y lesiones calificadas tras intentar llevarse a su otra nieta
El 21 de diciembre de 2019, la menor Emy, de 8 años de edad, fue sustraída de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Ensenada; en el proceso sus victimarios asesinaron a Eddie Pacheco, de 33 años, quien intentó impedir que se la llevaran.
De inmediato la Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó una alerta para localizar a Porfirio Guerrero y María de la Cruz, ambos abuelos maternos de Emy, así como otros dos sujetos que participaron: David, de 38 años, y Humberto, de 30.
La noticia se propagó por todo Baja California y un par de horas más tarde la niña fue recuperada a bordo de un vehículo en el Kilómetro 13 de la carretera Tijuana-Mexicali por elementos de la Guardia Nacional.
Los cuatro adultos fueron puestos a disposición de la FGE y vinculados a proceso.
La información sobre el caso Emy llegó hasta Los Ángeles, California, donde una familia identificó a la pareja conformada por Porfirio y María, ya que poco más de un año antes, se llevaron a otro nieto entonces de 9 años de edad, de nombre Álvaro.
El padre de Álvaro, el menor secuestrado, quien no puede salir de Estados Unidos debido a su condición legal, narró cómo prestó a su hijo en vacaciones para viajar a Pachuca, Hidalgo con la familia materna, pero jamás lo regresaron.
Ahora los abuelos maternos enfrentan un proceso legal en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada, por sustracción ilegal de menores y homicidio calificado. Aunque su situación y responsabilidad está bajo investigación, existe temor por el futuro del menor Álvaro, quien tiene un problema de salud.
ÁLVARO, SIN PADRE NI ABUELOS
La madre de Emy y Álvaro, Nayeli Guerrero, falleció hace unos años en Los Ángeles, donde en distintas etapas conoció a los padres de sus dos hijos.
“Sé extrañan a su hija, es el motivo de querer tener a los nietos, pero los niños tienen derecho a estar con su papá, conmigo aquí”, mencionó el hombre vía telefónica.
Contó que Álvaro es autista y necesita de cuidados especiales.
“Sé, la familia le da buen trato, pero ahora los abuelos están detenidos ya nadie me responde las llamadas, no sé cuándo me lo van a regresar. No quiero mentir, tengo miedo por el asesinato cometido por los abuelos solo por llevarse a su nieta y no quiero que por represalias mi hijo resulte afectado”, expuso.
Emy Pacheco Guerrero de 8 años
Y describió cómo conoció a Nayeli en el trabajo, donde estuvieron estables un tiempo, después decidieron separarse cuando Álvaro cumplió un año. Un par de años después regresaron, pero la relación no funcionó y él se quedó con el niño.
Cuando el menor tenía dos años de edad los doctores le detectaron autismo. Desde entonces fue sometido a tratamiento ofrecido por el Estado de California para mejorar su condición de salud.
Acudió a una escuela especial porque su aprendizaje es más lento, la última fue la Mackendy Elementary, de donde el hombre lo dio de baja una vez que los abuelos no lo regresaron.
“Qué va a ser de mi hijo si ellos están en la cárcel”, indicó.
Cuando se lo pidieron prestado, un familiar lo llevó a Tijuana, de donde lo recogieron en compañía de un abogado. “Si me hubieran dicho que ya no me lo iban a regresar, no se los hubiera dado, solo me dijeron que unos meses durante las vacaciones”, aseguró.
Ahí comenzó la discusión telefónica porque no lo devolvieron, incluso el año pasado tuvo noticias de que le cambiaron el nombre de Álvaro a Sergio.
“El niño tiene derecho a estar con su padre”, resumió.
PAREJA EN PROCESO
Los abuelos y dos cómplices siguen en el Cereso de Ensenada, procesados por los delitos de homicidio calificado con ventaja en contra de Eddie, quien perdió la vida por una luxación en el cuello, y por lesiones calificadas en perjuicio del padre de Emy, quien presentó lesiones de gravedad.
En la entrada de la pequeña vivienda color salmón, los oficiales localizaron lesionado a Rolando, mientras que su hermano fue encontrado dentro de la casa.
Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde, ambos fueron amarrados y dejados con heridas en el interior de su domicilio ubicado en el número 21 de la calle Manuel Ávila Camacho y Panamá, Colonia Lázaro Cárdenas.
Tras lo sucedido, la familia se mudó a un lugar más seguro tanto para la niña como para el resto de los integrantes.
“Para mí la familia es lo más importante, y así debe ser para cualquier padre. Hay temor”, se limitó a responder uno de los familiares de Emy.
Respecto al caso, los Guerrero contrataron un abogado defensor particular. Han interpuesto amparos -aún en proceso- y buscan se les conceda un arraigo domiciliario en Ensenada.
En la última audiencia vinculatoria, celebrada en diciembre, el Juez de Control determinó que subsista la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y otorgó al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
GOBIERNO DE EU PUEDE INTERVENIR
Respecto a este asunto, el Consulado de Estados Unidos en México informó que al haber un menor ciudadano lejos de su país, es posible tramitar el regreso mientras haya denuncia de por medio.
Aunque el Consulado no tiene facultades policiales, la familia sí la posee directa o indirecta y, de presentarse en la embajada estadounidense, es posible pueda dar a conocer la situación para abrir un expediente.
En cada caso que involucra a un ciudadano americano, si está perdido o extraviado, la autoridad abre un caso por el bienestar de sus ciudadanos.
En ocasiones por miedo o desconocimiento, las familias no se acercan pero es importante que sepan los derechos de los ciudadanos, sobre todo si se trata de menores de edad.
SUSTRACCIÓN SE SIGUE POR OFICIO: BARRA DE ABOGADOS
El presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, Iván Duarte Córdova, explicó que la sustracción de menores es un delito contemplado en el Código Penal de Baja California, donde se señala que quien ejerce la patria potestad y custodia de un menor de 18 años o incapaz, se le protege el derecho a la familia.
Los asuntos de menores son perseguidos por oficio, siempre y cuando los padres o tutores tengan la custodia declarada judicialmente, en documento, de lo contrario no hay delito a perseguir.
Detalló que es muy difícil judicializar un expediente cuando un menor es sacado del Estado, en tal caso, se requiere de una coordinación con las corporaciones policiacas, con el sector transporte y la activación de la Alerta Ámber.
Para concluir, comentó que ser efectivos y seguir los protocolos cuando se trata de delitos en contra de menores o aquellos relacionados con la familia, es uno de los grandes retos del sistema judicial en el país y en Baja California.
