Una nueva pelea entre magistrados y diputados va a desatarse próximamente en tribunales, y será de nuevo por el haber de retiro. Sin embargo, ahora también pretenden involucrarse los titulares del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
Pero vamos por partes, querido Lector. Resulta que en días pasados se admitió la controversia constitucional presentada por el entonces diputado presidente Catalino Zavala y Aracely Geraldo, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en contra del haber de retiro para magistrados.
El argumento expuesto en la demanda -la cual ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- pretende echar atrás diversas disposiciones aprobadas en el reglamento interno emitido por el Consejo de la Judicatura para la administración del fondo mutualista.
Básicamente, el recurso de inconformidad indica que los consejeros no establecieron una aportación para los magistrados que, estando en retiro, adquirieron este beneficio sin aportar un solo peso -Raúl González Arias, Emilio Castellanos Luján y Félix Herrera-, además de Marco Antonio Jiménez Carrillo y María Esther Rentería Ibarra, quienes están próximos a cumplir los 70 años de edad. Esto, señala la demanda, repercutirá en el fondo, pues la Constitución establece que la administración de los recursos públicos debe hacerse de manera equilibrada y responsable, lo cual no ocurre aquí, pues solo percibirán recursos sin aportación previa.
De igual manera, reclaman que el reglamento permite que su percepción mensual pueda incrementarse conforme pasen los años, toda vez que se definió como tope el salario de un juez de primera instancia, lo que quiere decir que sí el sueldo de este aumenta, ocurriría lo mismo para los magistrados en retiro.
Sin embargo, no para ahí. El Poder Legislativo avista una nueva rencilla, ahora contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, pues tal parece que ordenaron a los diputados legislar condiciones para un haber de retiro.
Todo se originó el 13 de enero, en la sesión del TJEBC, donde se presentó el proyecto MI-185/2019, derivado del recurso de inconformidad del presidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos, quien consideró violatorio a la Ley que se le retirara su salario y le exigieran devolver una parte del mismo, cuando se encontraba convaleciente y debatiéndose entre la vida y la muerte por un problema de salud que lo mantuvo fuera de sus funciones por meses.
El magistrado Jaime Vargas Flores vio la oportunidad de abrir un mundo nuevo de ilusiones -como diría la canción- y de beneficios para los titulares de órganos electorales.
Y es que ordenó al Congreso del Estado legislar -en el próximo periodo ordinario de sesiones- un esquema de beneficios mutualistas en caso de retirarse por cuestiones de salud, o bien, de jubilaciones, argumentando que no contar con ello es violatorio a los derechos humanos.
“Este Tribunal advierte que la Constitución local y las leyes electorales no prevén un haber de retiro, como tampoco precisan las bases, mecanismos y periodicidad para su otorgamiento, y mucho menos establecen un régimen de seguridad social integral que contemple jubilaciones, pensiones, o, en su caso, licencias por cuestiones de incapacidad temporal o permanente para el desempeño de sus funciones”, se establece.
Vargas señaló que existen “omisiones legislativas” y aprovechó la situación adversa de Custodio para presionar a los diputados que legislen un haber de retiro para consejeros electorales, y de pasada, a los propios magistrados.
Bajo los criterios que ha respondido la Suprema Corte, lo más seguro es que en los próximos meses, los magistrados Elva Regina Jiménez Castillo, Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, asegurarán sus años.
No cabe duda que para gandallas, los magistrados -sea cual sea su área- se pintan solos.
