Una Corte de Arizona, Estados Unidos, estableció que la versión del Gobierno de México sobre el caso de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, se creó con base en la práctica de la tortura.
Según lo informó el medio digital Aristegui Noticias, en virtud de una solicitud de asilo realizada por un testigo de los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas, la juez Molly S. Frazer señaló que numerosos testigos fueron torturados y que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto fabricó o sembró evidencia, en aras de sustentar “la verdad histórica”.
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Conforme a la sentencia emitida, el Ejército y la Policía Federal tuvieron presencia durante los ataques y la desaparición de los normalistas.
Habiendo sido revisadas más de 61 pruebas la jueza descartó que la Policía Municipal haya tenido influencia política y recursos para planear la desaparición de los estudiantes así como el encubrimiento del caso. Estimó ser más probable que el Gobierno mexicano y la Policía Federal hayan sido responsables del incidente.
El dictamen de la juez tuvo lugar en el marco del juicio para determinar si se le otorgaba asilo político a Ulises Bernabé García, quien se desempeñó como juez de barandilla en la sede de la corporación policíaca de Iguala.
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Aparentemente, Ulises Bernabé atestiguó la presencia del Ejército en calles de Iguala durante la perpetración de los ataques y la desaparición de los normalistas. En contraposición a la versión oficial, indicó que los estudiantes no fueron llevados a las instalaciones de la Policía Municipal.
Presuntamente, la noche del 26 de septiembre los normalistas fueron atacados por agentes policíacos, quienes los habrían llevado a la estación de Policía, para posteriormente entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos.
Aunque según mencionó en su momento el juez de barandilla, esa fecha, sólo ingresaron 6 hombres a la comandancia en calidad de detenidos, quienes luego de pagar la multa correspondiente salieron libres.
De acuerdo con el Ministerio Público un elemento municipal detenido tras los hechos, refirió que él presenció el arribo de los estudiantes a la estación de Policía y que Bernabé García, en su calidad de juez de barandilla, permitió que agentes policiacos de Iguala y Cocula se los llevaran.
Supuestamente, Bernabé García consiguió copia del interrogatorio aplicado al policía, quien lo señaló de haber permitido que agentes policíacos se llevaran a los normalistas de la sede de la corporación.
La juez Frazer finalmente estableció que el testimonio de Bernabé García era “creíble” y le concedió el asilo político, considerando fundado el temor del solicitante, en cuanto a poder ser perseguido por el Gobierno mexicano, ya que con todo y que en la actualidad hay otra administración federal, personas involucradas en las detenciones de testigos, hasta el momento se encuentran libres.
