Joel Guardado, procurador fiscal del Estado, informó que al 15 de febrero se han presentado 39 juicios de amparo contra el impuesto del 2.5 por ciento a la gasolina, que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso local.
Sin precisar cuántos de esos recursos legales tienen la suspensión provisional con la que no se estaría pagando el gravamen, el funcionario comentó que los amparos “sí nos pudieran afectar en cuanto al ingreso que se pretende”.
Expuso que en el mismo lapso no hay amparos contra el alza al Impuesto Sobre Nómina (ISN), aunque no lo descartó en virtud de organismos empresariales y sociales han anunciado que los interpondrán.
Respecto a este tema, Adalberto González, secretario de Hacienda recordó que la tasa de 3 por ciento del ISN la tienen muchos estados.
“Nosotros estamos buscando tener un incremento en los ingresos derivado de la situación económica que tiene el Estado, que es una situación delicada que viene de administraciones pasadas”.
No obstante, negó que en el caso de las suspensiones provisionales que logren quienes interpusieron el amparo -sobre todo al impuesto a las gasolinas- tendrá afectación a las arcas públicas.
“Para empezar no puede ser un boquete porque ese dinero no está asignado a un presupuesto”, señaló pese a que instantes después también afirmó que el recurso del alza impositiva se destinará a programas sociales y saneamiento de las finanzas públicas.
Respecto a la discrecionalidad en el manejo del mismo, toda vez que no está contemplado en la ley para qué se usará, Adalberto González manifestó que “en cuanto se empiece a ingresar (el impuesto) nosotros tenemos que solicitar una ampliación, y definir hacia qué rubros se iría el recurso”.
En la reunión con el Grupo Político Tijuana de este sábado, González anticipó sin querer dar detalles, que el Gobierno Estatal “trae dos o tres estrategias que tal vez no les van a gustar más delante, pero que son necesarias. Lo único que si les voy a decir es que no vamos a comprometer el ingreso del estado a años futuros como lo vinieron haciendo las administraciones pasadas”.
En otro tema, indicó que existen 800 mil vehículos usados de procedencia extranjera irregulares también conocidos como autos “chocolate” en el Estado, por lo que de prosperar la iniciativa para crear el Instituto que los registrara podría captarse al menos 800 millones; los cuales se destinarían a pago de programas sociales y saneamiento de finanzas.
Finalmente, el funcionario estatal presumió que la actual administración ha ahorrado 2 mil 600 millones de pesos; de los cuales mil 600 fueron ahorros por honorarios, servicios de consultoría, servicios jurídicos, contables, viáticos.
Mientras que mil 5 millones de pesos fueron derivado de que no se incrementó el gasto conforme a la inflación del año pasado.
Agregó que la intención es no pedir 3 mil millones de pesos en créditos de corto plazo, como hacían las anteriores administraciones y cuyo monto había sido parte del gasto anual del gobierno.
Además de ello, la meta es llegar a diciembre para pagar el aguinaldo, para lo cual se está aplicando un programa de contención del gasto, aseguró.
