La defensa de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pidieron al juez Brian M. Cogan que autorice la libertad de su cliente bajo una fianza de un millón de dólares y un dispositivo de localización, según señalan documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
El abogado de oficio César de Castro, envió una carta al juez Cogan, en la que propone que se le imponga una fianza de un millón de dólares respaldada por propiedades del acusado en Estados Unidos, donde reside desde el 2012, y por tres personas que no son identificadas en el documento.
García Luna está acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EE.UU. y otro por falso testimonio. En su primera audiencia ante la juez Peggy Kuo, el pasado 3 de enero, se declaró no culpable, por lo que la magistraada negó la petición de su defensa de que se le dejara libre bajo fianza, a lo que se opone la Fiscalía federal que ha argumentado riesgo de fuga.
Sin embargo, la defensa del ex funcionario federal mexicano aseguró al juez Cogan en una carta enviada este martes 25 de febrero, que tal riesgo de fuga no existe, y expuso varias razones, la primera de ella: sus “suficientes vínculos” con dicho país, donde ha vivido y tiene su residencia permanente desde el 2012, además de que su esposa e hijos están en EE.UU. y destacó que tiene propiedades que ha ofrecido como garantía.
El abogado recordó, además, que su cliente entregó al Gobierno estadounidense su pasaporte y tarjeta de residencia permanente, que no tiene bienes, y afirma que la posibilidad de que pueda escapar a México “es absurdo”, ya que no tiene acceso al sistema financiero, por lo que probablemente enfrentaría un arresto y enjuiciamiento.
César de Castro argumentó, también, que García Luna conocía las acusaciones en su contra un año antes de su arresto y no huyó de Estados Unidos. El litigante alegó, además, que las condiciones de seguridad en que es mantenido el ex funcionario federal mexicano en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), dificulta poder asistirle adecuadamente para su defensa.
Según el abogado, el dispositivo de localización que solicita como condición a la libertado bajo fianza aseguraría su regreso a la Corte del Distrito Este de Nueva York para enfrentar el proceso en su contra. “Escapar sería casi imposible”, argumentó De Castro al juez federal. Por su parte, Brian M. Cogan anunció que tomará una decisión el próximo 2 de abril.
El pasado 21 de febrero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tiene pruebas para incriminar a Genaro García Luna, según documentos revelados ese día por el periodista Alan Feurer, del diario The New York Times.
El reportero reveló a través de su cuenta en la red social Twitter, que los fiscales neoyorquinos que acusan a García Luna en Brooklyn, tienen pruebas que incluyen intercepciones de comunicaciones. Feurer publicó imágenes de documentos que recopilan las evidencias.
Entre estas están declaraciones, registros migratorios, registros financieros, fotografías, documentos y videos relacionados con narcotráfico, así como registros de comunicaciones interceptadas e información descargada de dispositivos electrónicos del ex funcionario federal mexicano.
“Aquí un vistazo a algunas de las pruebas que los fiscales tienen contra Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad mexicano acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa […] Incluye comunicaciones interceptadas (no necesariamente de García Luna) y descargas de sus dispositivos electrónicos”, señaló Feurer en un tuit, adjuntando el documento.
El pasado 24 de enero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York vinculó a García Luna, con Iván Reyes Arzate -exdirector de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), quien se entregó a la Justicia de Estados Unidos en febrero del 2017-, y que en mayo del 2018 se declaró culpable de vender información confidencial al Cártel de los Beltrán Leyva, por 3 millones de dólares, así como de interferir en actuaciones policiales de autoridades mexicanas y estadounidenses contra el narcotráfico.
Según la agencia estadounidense The Associated Press (AP), el Gobierno de EE.UU. aseguró en un documento judicial enviado al juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que García Luna supervisaba, entre otros, la unidad especial de la PF mexicana -entrenada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)- que comandaba Reyes Arzate.
“Por tanto, ambos casos de corrupción y colusión con los cárteles narcotraficantes están relacionados”, dice la agencia, que recordó que ayer jueves 23 de enero se reveló que Reyes Arzate tiene un caso pendiente en la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusado de tres delitos por tráfico de cocaína, y que muy probablemente que serán juzgados en el mismo Tribunal que García Luna y que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.
Antes, el 21 de enero pasado, el abogado de oficio César de Castro, durante la audiencia que se llevó a cabo contra el ex funcionario federal mexicano en la Sala 8-D de la Corte del Distrito Este de Nueva York, indicó que el ex titular de la SSP durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, fue “excluido del sistema financiero mexicano”, igual que las cuentas bancarias de su la familia y de sus empresas, lo cual le impide acceder a una planificación legal adecuada.
Asimismo, el litigante de oficio se quejó de la situación de seguridad y aislamiento en la que García Luna estuvo confinado 10 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés). De Castro afirmó que el ex funcionario federal mexicano ha estado en confinamiento solitario durante 23 horas al día.
Además, el abogado de oficio indicó que García Luna que no ha tenido acceso a su familia, ni a correo electrónico, ni visitas, y que de hecho la única persona con la que el ex funcionario federal mexicano mantenía contacto era con él.
Incluso, de Castro indicó que, a veces, el proceso de verlo le tomaba hasta dos horas, lo cual, según dijo, es “inusual”. El juez Cogan hizo un llamado a la Fiscalía para que revisen las condiciones de reclusión de García Luna, las cuales fueron consideradas “extremas”.
Por su parte, el Gobierno estadounidense, representado por los fiscales asistentes Michael Robotti y la abogada Erin Reid, solicitó más tiempo para el análisis de la información que tienen sobre García Luna, sus estados financieros, y de propiedades, etcétera, para lo que el juez Cogan concedió un plazo de 60 días.
El magistrado fijó el 2 de abril como fecha para la próxima audiencia del ex funcionario federal mexicano, pero advirtió a los fiscales neoyorquinos, que en 30 días podrían tener un avance suficiente para compartir la información con la defensa de García Luna.
“En la audiencia de hoy, los fiscales repitieron lo que dijeron en una presentación a fines de la semana pasada: que tienen toneladas de evidencia contra GGL, incluidos documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado”, indicó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, en su cuenta de la red social Twitter.
Afuera de la Corte neoyorquina, el abogado de oficio aseguró que irán a juicio, ya que García Luna es inocente de los cargos que le imputan y “no está negociando un acuerdo de culpabilidad, porque su cliente nunca recibió un soborno”.
Por otra parte, en entrevista con Radio Fórmula, el abogado privado Juan Pablo Murillo, reveló que el ex funcionario federal mexicano está dispuesto a entregar la información que tiene guardada en su celular, su computadora y otros dispositivos.
Un día antes, el 20 de enero pasado, el fiscal estadounidense Richard P. Donoghue solicitó de manera formal a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que el caso contra García Luna, tenga la “Designación de Caso Complejo”, así como posponer 60 días la audiencia programada el martes 21 de enero.
En un comunicado entregado al juez Cogan, el fiscal informó que poseen evidencia “voluminosa”, como son, “entre otros, registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, […] de incautación, […] obtenida a través de solicitudes a países extranjeros de conformidad con los Tratados de Asistencia Legal Mutua y […] recuperada de dispositivos electrónicos incautados”.
“El Gobierno espera producir evidencia voluminosa sobre la conducta del acusado, que abarca casi dos décadas”, acotó el Fiscal del Distrito Este de NY, en la misiva enviada al juez el pasado viernes 17 de enero, en la que señaló, también, que en la audiencia de mañana martes, las partes “pondrán al corriente” a Cogan respecto a “la elegibilidad del acusado para que le sea asignado un defensor en términos de la Ley de Justicia Criminal”.
García Luna es defendido por el despacho Quinn Emanuel, despacho jurídico que, sin embargo, no se ha acreditado ante la Corte neoyorquina donde reside el caso contra el ex funcionario federal mexicano, ya que que debido a que las cuentas de banco del ex secretario de Seguridad Pública fueron bloqueadas en México, el acusado no cuenta con fondos para encarar su defensa de forma privada.
El mismo pasado 17 de enero, la defensa de García Luna pidió a Cogan, sesenta días de plazo entre la audiencia de este martes y la siguiente, con el fin de reunir las pruebas suficientes para sus argumentos, según se indicó en un documento expedido por el Departamento de Justicia de estadounidense.
El ex funcionario federal mexicano podría declararse culpable de cualquiera de los cuatro delitos que se le acusa: tres por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y uno por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018.
De declarase culpable, García Luna podría reducir su sentencia a cambio de dar información privilegiada sobre los cárteles de la droga y revelar nombres de funcionarios involucrados tanto en México como en EE.UU., de lo contrario, podría pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, ya que enfrenta una sentencia obligatoria mínima de diez años de prisión y máxima de cadena perpetua.
El pasado 6 de enero se supo que el ex secretario de Seguridad Pública de México -quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés)-, estaría negociando con fiscales de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, evitar un juicio al declararse culpable y cooperar con la justicia estadounidense.
“Los documentos judiciales presentados hoy en el caso de Genaro García Luna, el ex policía principal de México acusado de tomar millones del cartel de drogas de Sinaloa, confirman que está involucrado en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn.”, indicó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, en su cuenta de la red social Twitter.
“La orden de detención recién presentada significa que permanecerá en la cárcel mientras continúa su caso, pero deja la posibilidad de “reabrir y presentar un paquete de fianza en el futuro”. Su próxima audiencia en la corte será el 21 de enero ante el juez Cogan en Brooklyn”, afirmó Keegan Hamilton, de Vice News, en otro tuit.
De esta forma el ex funcionario federal mexicano podría recibir una sentencia menor a la mínima si es declarado culpable, anticiparon los periodistas de ambos medios que dan cobertura al caso. El ex secretario de Seguridad Pública enfrenta una sentencia mínima de 10 años, y máxima de cadena perpetua.
García Luna y Estados Unidos están “involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio, y solicitan una exclusión de tiempo [un retraso] para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio”, indica un documento, que es público, y en el que aparecen las firmas, tanto de García Luna, como de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se realizaría el juicio en caso de proceder.
Si el ex secretario de Seguridad Pública mexicano aceptar colaborar con la Fiscalía estadounidense, implcaría delatar a funcionarios relacionados con y/o beneficiados por los cárteles del narcotráfico. Así evitaría un juicio y su cooperación se tomaría en cuenta cuando sea sentenciado.
El pasado 3 de enero -mismo día en que fue trasladado a NY-, García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, después de 15 minutos de audiencia, misma que comenzó 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), ante la juez Peggy Kuo, en la sala 8-D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Contrario a lo que se creía, no fue Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín Arhivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el magistrado que leyó los cargos a García Luna, de 51 años de edad, acusado de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones.
García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, la jueza designada por la Corte neoyorquina, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.
El ex funcionario mexicano no fue representado por su abogado Juan Pablo Murillo, quien inicialmente tomó el caso y en su lugar estuvo presente el abogado designado por el tribunal, César de Castro. García Luna estuvo asistido por una traductora, esposado, vestido con una sudadera gris y pantalones color caqui.
En la audiencia recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole “valor” ante el proceso abierto en su contra. Lucía un aspecto pálido y un poco desaliñado, según dijeron testigos presentes en la Sala 8-D de la Corte neoyorquina.
No obstante, los fiscales federales asistentes Micheal Robotti, Ryan Harris y Erin Reid, calificaron los cargos como “serios”, debido a que se presume que García Luna recibió por lo menos 6 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, entre 2001 y 2012, a cambio de proporcionarles protección y facilitar el trasiego de drogas.
Los fiscales pidieron mantener en prisión a García Luna, sin derecho a fianza, debido a su “gran fortuna personal”, su viaje a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Además, indicaron que e ex funcionario federal presenta un “riesgo inaceptable de fuga”.
“¿Entiende de qué es acusado?”, preguntó Peggy Kuo. “Sí”, respondió el ex funcionario federal mexicano. Después, cuando la juez le cuestionó cómo se declaraba, García Luna contestó: “No culpable”.
NIEGAN AMPAROS CONTRA CUENTAS CONGELADAS A HERMANA Y SOCIOS DE GARCÍA LUNA
El pasado viernes 17 de enero, un juez federal negó la suspensión provisional a personas y empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública contra el congelamiento de cuentas bancarias e inversiones llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Francisco Gorka Migoni Goslinga, juez décimo de Distrito en Materia Administrativa, descartó levantar la medida cautelar en el fallo respecto de los amparos promovidos por Esperanza García Luna, hermana del ex funcionario federal, así como por el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto y representantes de su firma ICIT Private Security México, a quienes la UIF congeló las cuentas bancarias desde diciembre pasado.
Jonathan y Mauricio Weinberg, padre e hijo son dueños de varias empresas inmobiliarias, y de ICIT. El primero es propietario de una residencia y un departamento de lujo en Miami, Florida, que fueron rentados por García Luna cuando dejó su cargo en el Gobierno Federal en 2012.
La empresa ICIT, propiedad de la familia Weinsberg, fue beneficiada con contratos durante la gestión del ex funcionario federal, ya que además dan servicios relacionados con programas de cómputo para espionaje, también recibieron contratos relacionados con la venta de equipo y tecnología empleada por los elementos de la Policía Federal (PF).
Cuando el ex funcionario federal mexicano se mudó a Florida, “había amasado a una fortuna personal de millones de dólares”, según el Departamento de Justicia estadounidense. En Miami fundó la compañía GL and Associates Consulting, consultora que ofrecía servicios de perfiles de seguridad y análisis a clientes en EE.UU. y México, por lo que García Luna viajaba constantemente entre ambos países.
El ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, vivió en Miami entre 2012 y 2018, primero en una residencia en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares; y luego en un lujoso penthouse en el norte de dicha ciudad estadounidense.
Por otra parte, durante el juicio contra el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, en Nueva York, el testigo Jesús Zambada García, “El Rey”, hermano menor del actual líder del Cártel de Sinaloa, alias “El Mayo”, aseguró que García Luna recibió al menos 56 millones de dólares en sobornos de dicho grupo delictivo.
Según declaró “El Rey”, él entregó personalmente fajos de dólares en maletines durante dos encuentros que tuvieron lugar en un restaurante de la Ciudad de México entre 2005 y 2007. Fue un encargo de su hermano “El Mayo” para facilitar el transporte de droga hacia Estados Unidos y “actuar con impunidad”.
Según el testimonio de ‘El Rey’, García Luna también tenía “un compromiso en firme” con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que terminó operando de forma independiente. El testigo aseguró que para proteger a esa célula del cártel le dieron al entonces funcionario federal 50 millones de dólares, soborno que habría sido entregado por Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’; y José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”.
A finales de 2012, ya en prisión, Valdez Villarreal acusó a García Luna, a través de una carta, de recibir dinero por parte del crimen organizado.
