El gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró que la investigación contra su antecesor Francisco Vega de Lamadrid continúa, y previó que en “dos semanas podrían llamar a testificar a “Kiko” por los delitos de desvío de recursos.
“Ahí va, ahí va, en dos semanas van a tener noticias, les dije hace dos semanas que iban a tener noticias de lo del Patas, no fue, no iba, pero como sabe que iba a ir por él la fuerza pública, pues ya fue, pero esto sigue avanzando… y lo de Kiko es todavía peor”, indicó el mandatario.
Respecto a las declaraciones que dio esta semana el ex alcalde Juan Manuel Gastélum, el mandatario estatal opinó que fueron muy vagas, porque no justificó las acusaciones en su contra. Además, dijo que el ex alcalde haya ido a declarar no lo exime de las responsabilidades que se le atribuyen, hasta que finalice la investigación
Bonilla Valdez agregó que el caso Francisco Vega de Lamadrid es un tema más grave porque no sólo pesa contra él la acusación de desfalco a las arcas del Estado, sino también el delito de facturación falsa, y falta de pago de agua de sus propiedades. Resaltó que será antes del 10 de marzo cuando se le este llamado a declarar ante las autoridades correspondientes.
Al resaltar que el llamado al ex gobernador será en lapso de 20 días, ya que la investigación “va muy sólida”, Bonilla desconfió en que “Kiko” se presente a declarar sobre el desvío de 600 millones de pesos. Según dijo, la investigación se irá complementado con evidencia de otros delitos.
En el tema de los adeudos que la administración estatal tiene pendiente con instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) – y que Bonilla Valez había asegurado al inicio de su gestión que estaría resuelto en 4 meses-, el mandatario afirmó que los pagos a la universidad van en tiempo y forma y que es esta institución quien está a cargo de la calendarización de los pagos.
Finalmente, desconoció que el gobierno estatal tenga un adeudo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); institución a la que hasta el año pasado se le debían cerca de 5 millones, como consecuencia de un adeudo que se venía arrastrando de la administración de Francisco Vega.
