El tiempo se acorta y los legisladores no resuelven la regulación de la marihuana para uso recreativo. En el uso medicinal aún no se cuenta con reglamentación. Narcotraficantes mexicanos han perdido mercado para desplazar el enervante hacia Estados Unidos, que tiene autoproducción. El ex senador Armando Ríos Piter, que ha investigado años sobre el tema, no comparte el anteproyecto que requiere de un gran instituto del cannabis, y advierte que el consumo no deberá ser “legalmente autorizado antes de los 26 años”
Aunque la regulación del uso del cannabis con fines recreativos fue mencionado como uno de los temas prioritarios para Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a nivel federal, ha tardado más de la cuenta y se espera que el asunto se resuelva antes del 30 de abril de 2020 en el Senado de la República. La falta de acuerdos y las observaciones realizadas por dependencias y organizaciones civiles pospusieron el debate desde octubre pasado, cuando vencía el plazo para legislar al respecto.
Tras la prórroga concedida, luego de las discusiones relativas a la plantación, producción, distribución, portación, comercialización, concesiones y riesgos a la salud, los senadores dejaron un predictamen que propone que el 80% de las concesiones para la producción de la planta se entregue a comunidades campesinas e indígenas afectadas por el narcotráfico, y que el resto se destine al sector privado y farmacéutico.
Pero no solo el tema del uso lúdico de la marihuana está pendiente. El consumo de derivados de cannabis con fines medicinales que se aprobó en 2017 con la reforma a la Ley General de Salud, no se ha materializado por falta de reglamentación. Desde entonces, por lo menos 11.7 millones de pacientes se encuentran a la espera que ello ocurra; en tanto, los enfermos, muchos de ellos menores de edad, deben acudir a la institución jurídica del juicio de amparo para conseguir el remedio a sus dolencias.
A la fecha, ningún producto derivado de la marihuana que se encuentre en el mercado es legal. Todos se consideran dentro de los mercados ilegales. La falta de regulación ha hecho que los pacientes en México accedan a productos que se venden en las calles, a través de internet o redes sociales, mercados, transporte y por diferentes vías, siendo en algunas ocasiones víctimas de estafa, pues la mercancía adquirida no contiene los elementos requeridos para un tratamiento.
En noviembre de 2019, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó, mediante una suspensión definitiva concedida a la empresa CBD Science, respetar diez permisos otorgados en el sexenio pasado para comercializar productos que contienen Cannabidiol (CBD), uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de cannabis. Autorizaciones sanitarias que expidió un año antes la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Diversos sectores y actores se han pronunciado para desatorar el proceso legislativo, entre ellos el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien apenas a finales de enero último explicó ante los senadores de Morena, que la estrategia prohibicionista ya es insostenible, y por tanto, es necesario impulsar la nueva legislación que permita despenalizar el consumo de la cannabis, anteponiendo la salud de la población por encima de cualquier otra política.
DEBATE DE ALTAS Y BAJAS
ZETA entrevistó a uno de los personajes de la política que más ha investigado sobre el tema, el ex senador guerrerense Armando Ríos Piter, quien establece que la legalización de cannabis para uso recreativo es una cuestión de derechos humanos.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ríos es testigo del nudo en que se ha convertido el proceso en el Senado. También sabe que las propuestas de regulación de la droga es uno de los 17 asuntos a despachar por los legisladores.
“Desafortunadamente el debate de cannabis en nuestro país ha sido un debate de ‘ratón loco’, donde de pronto viene una subida en la que vas a la espera con el tiempo pausado, y de pronto empiezan a moverse los vagones de forma más vertiginosa, y nuevamente se detienen. Eso es lo que nos ha pasado desde que en 2016 se dio, primero, la discusión en torno a la parte medicinal; originalmente se pensaba que iba a ser más amplio en términos de despenalización, en términos de incrementar los gramajes autorizados para los consumidores”, refirió el experto.
Ríos Piter resumió el proceso legislativo. Primero se autorizó hace más de tres años la parte científico-medicinal, aprobándose una Ley que aún no tiene reglamento. Un mes antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, se emitieron lineamientos por parte de la Cofepris, los cuales fueron suspendidos por la administración de Andrés Manuel López Obrador, creándose una especie de limbo legal.
El también académico y activista refiere: “Ha sido un debate que ha tenido altas y bajas, desafortunadamente se bajó la frecuencia y el ritmo. Se pensaba que el 24 de octubre de 2018, que era la fecha que se tenía prevista por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendríamos en el Senado un nuevo marco regulatorio, pero al pedirse una extensión de tiempo, que nos mandó al 30 de abril, pues estamos nuevamente en un impasse. Es el avance que se ha tenido.
“Estamos en un impasse donde habrá que seguirle exigiendo a la autoridad, al Ejecutivo, específicamente a Cofepris y a la Secretaría de Salud, que nos den cuanto antes un reglamento que nos garantice tener muy clara la forma en que se importe el cannabis para uso medicinal, la forma en que se puede producir y la forma en que se puede utilizar, inclusive el CBD”, expuso.
Por lo que ve a la parte del uso lúdico adulto, según el político, se tiene una situación similar. Los consumidores solo han accedido al enervante a través de juicios de amparo. “Yo tengo uno de ellos, en el que la SCJN genera una jurisprudencia, nos permite a los que tengamos un instrumento jurídico de esta naturaleza estar amparados para poder hacer uso adulto del cannabis. Creíamos que esa era la legislación que íbamos a tener por parte del Senado de la República, pues ahora estaremos hasta el 20 de abril esperando que el Poder Legislativo haga su chamba”, reconoció.
NARCOS PIERDEN MERCADO
Armando Ríos Piter sabe de lo que habla. Todo ese conocimiento, producto de su investigación sobre el tema, lo plasmó en su libro “Derecho al cannabis, la marihuana a debate en México”, publicado en 2019 por la editorial Océano.
ZETA cuestionó cuál es el contexto actual de la producción, el cultivo, la economía y la industria de la marihuana en el país, en estos días desde el marco de un mercado negro. Aquí su respuesta:
“Sigue siendo la droga ilícita más consumida en nuestro país, una de las drogas ilícitas de mayor consumo en el mundo. La producción ha venido a la baja, en cierto sentido, porque en Estados Unidos, que originalmente era el principal cliente, la liberación del consumo en lugares tan importantes como California, pero también en Massachusetts, un nuevo marco regulatorio en Illinois, estamos hablando de más del 50% de los estados de la Unión Americana donde antes se consumía mucha de la cannabis que se producía en México, pues ahora se produce allá de manera legal y obviamente la han sustituido. La interna, la local, por la que antes importaban”.
Debido a esa “independencia” de consumidores norteamericanos que la cultivan y “de los porcentajes que puede significar la producción ilícita para los factores económicos que han vivido y que han convivido en este tema de manera ilegal, el mercado de la marihuana no es el más lucrativo para los cárteles de las drogas en el país”, argumenta el ex senador.
“El cannabis ha representado cada vez menos ingresos. No tenemos un dato cierto al hablar de aproximaciones en mercados que son oscuros, pero se piensa que puede ser aproximadamente el 7-8% total de sus ingresos. Antes, obviamente era uno de los mayores porcentajes de ingresos que tenían”, detalló.
El debate para que se tenga derecho al cannabis tiene diferentes ángulos e intereses. Desde el que está ligado a grupos de delincuencia organizada; el del consumidor que desea obtener la droga para uso recreativo o lúdico; el del sector científico-médico para paliar dolencias y aplicarlo en tratamientos; y el del gobierno, que con la regulación de la marihuana, asegura disminuirá la violencia.
Respecto a si realmente el hecho de que la gente produzca su propia droga bajará los índices de criminalidad que refiere la autoridad, Armando Ríos Piter aclaró:
“Creo que ese dato del porcentaje de ingresos de los cárteles de la droga, que ha bajado de manera importante, nos permite, con claridad, digamos analítica, decir que tratar de vender la idea de que la regularización del cannabis va a traer una disminución de la violencia per se, nos puede hacer caer en una exageración y en sobrevender una bala de plata que no debería ser. Estoy convencido que puede tener un impacto, que puede ayudar y sobre todo puede darnos un avance, una enseñanza en cuanto a cómo tener una mejor participación de la sociedad en un problema que es el consumo de las drogas”.
En su opinión, el principal beneficio será “contar con más información, más capacitación, más recursos destinados a que la gente esté informada. Me parece que es un área de oportunidad que abre una nueva regulación del cannabis para poder enfrentar otros problemas y otras drogas más complejas que hoy son parte del consumo que tienen nuestros jóvenes, sobre el riesgo que pueden tener nuestros niños, en el cual no hay un enfoque claramente en materia de salud. Y al mismo tiempo un ejercicio institucional que es necesario tener”.
CONSECUENCIAS Y MODELOS
El originario de Tecpan de Galeana, Guerrero, recordó que “hablamos de prohibición, en este caso del cannabis o de otras drogas, pero con la prohibición hemos caído en el confort y un poco en la mojigatería de pensar que estamos controlando lo que consume nuestra sociedad y específicamente no solo el tema de droga; por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que hoy no tienen una supervisión institucional sólida y clara, que hacen que a muchas de las tienditas de la colonias, un niño pueda ir, incluso con la autorización del papá, a comprar este tipo de productos”.
Será importante que existan candados. “El cannabis nos mete en una condición de revisar cómo estamos funcionando institucionalmente, cómo vamos a tener una supervisión, pero cómo fortalecemos de otros productos que ya se están consumiendo y que deberían tener un difícil o nulo acceso de los niños o los que son menores de edad, y esta visión de quedarnos solamente con la parte de la violencia me parece que hay que disminuirla. Hay que tener un enfoque de salud, de información y de libertad, donde sea la sociedad informada la que pueda tomar decisiones en libertad, pero que sean decisiones que entiendan también las consecuencias y sean responsables de lo que implica ese consumo”, planteó Ríos Piter.
Sobre los anteproyectos que analiza el Senado, no ha querido considerar ninguno como definitivo, porque como ocurre en los procesos legislativos, cuando hay impasses se empiezan a revolcar las ideas.
“Veo con buenos ojos que ya la discusión nos permita tener por lo pronto predictámenes. Que ya haya senadores como el senador Menchaca, como varios de los senadores que han estado muy involucrados queriendo sacar esto, como el propio senador Ricardo Monreal. Una buena parte de legisladores, no solamente de Morena, también Patricia Mercado. Otros actores, como Miguel Mancera, que están involucrados y quieren que salga una dictaminación de este tema. Eso me parece que es positivo”, evaluó.
Desde luego, admite que el eje troncal de la regulación gira sobre la iniciativa que presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que a su parecer, atiende muchas voces de la sociedad civil. Aunque no por ello está de acuerdo totalmente con el anteproyecto, como la idea de crear un gran Instituto Nacional del Cannabis
“No comparto la visión de que esa fuera una de las prioridades institucionales. Yo diría: vayámonos con lo que tenemos ahorita, tengamos un marco regulatorio que permita que sea el mercado en el que haya participación y no tengamos una empresa de Estado, una Conasupo del cannabis. Me parece que las oportunidades de crecimiento, de aprovechamiento, por ejemplo del hemp, de todo lo que es el cáñamo, en su explotación industrial, para hacer telas, fibras y papel, te permitiría que pequeñas unidades productivas a nivel rural, especialmente de donde soy yo, de Guerrero, se pudieran aprovechar de manera potente, articularse en empresas, áreas industriales que hoy han estado vetadas por considerar ilícito el cannabis.
“Yo veo más una lógica de mercado que una gran presencia en la parte productiva, y creo que es importante tener una buena presencia en la supervisión no solamente de las calidades, como lo podría ser Cofepris, sino obviamente de la supervisión en campo, qué es lo que compra nuestra sociedad y qué es lo que tenemos que evitar que les llegue”, expresó el entrevistado.
Armando Ríos Piter analizó los modelos internacionales que aplican en países como Uruguay, Portugal, Holanda, Canadá, Estados Unidos y Suiza. En lo particular, el modelo portugués le parece ideal, al ofrecer “luces interesantes”, al permitir “el consumo de todo el universo de drogas que exista y es un enfoque de salud, precisamente el que atiende a los pacientes, el que permite tener información clara sobre cómo están los consumidores, cuáles son las consecuencias de las drogas; sobre todo me parece relevante, qué es lo que hace que una sociedad consuma drogas. Muchas veces son problemas de carácter psiquiátrico, de carácter social que van formando fisuras, que son cubiertas en la incapacidad social o en la incapacidad de las familias, o en las comunidades; son cubiertas por las drogas”.
El enfoque del modelo regulativo de Portugal le parece poderoso y espera que México, que además de importante productor de cannabis, también cultiva amapola, aprenda de estos ejercicios, en los cuales se debe priorizar es la salud y no la estigmatización por la seguridad o mercados negros, “que es el eje rector de cómo te comportas como sociedad frente al tema de las drogas”.
Por investigaciones consultadas, el ex legislador admite que el cannabis es una droga que genera daños a quien la consume. “Establezco que sí consumes cannabis antes de los 26 años, corres el riesgo, sí tienes propensión química o genética, de caer en problemas de esquizofrenia. Eso es algo que tienen que saber las familias, los consumidores. Soy de los que están totalmente en contra de que el consumo sea legalmente autorizado antes de los 26 años”, reiteró Armando Ríos Piter.