Con el argumento de que existe indisciplina y corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado, se efectúa un proceso de depuración y reajuste de sueldos a nivel estatal; también recortaron gastos en armamento, viáticos y bonos mensuales. Las condiciones laborales podrán mejorar con la aprobación de la reforma al Artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública, actualmente analizada por diputados
A partir de que el coordinador de la Agencia del Ministerio Público en San Quintín, Rito Antonio Venegas Soto, sufrió un accidente en su domicilio al explotar un artefacto que le provocó lesiones en la mayor parte del cuerpo, agentes en la Fiscalía General del Estado (FGE) desataron una polémica por la falta de prestaciones.
“No tenemos riesgo de trabajo, a los 60 días de incapacidad nos quitan el 50% del sueldo y a los treinta días dejamos de percibir el sueldo. No tenemos derecho a una pensión ni prestaciones, hemos estado en el desamparo, el gobierno no mira hacia nosotros, nada más trata de fregarnos”, reclaman agentes asignados a la zona de San Quintín, quienes conversaron con ZETA, manteniendo el anonimato para evitar represalias.
Sin patrullas para operar.
El 1 de enero de 2019, trabajadores en activo fueron notificados sobre el retiro del bono de ayudantía, el cual se les entregaba en caso de riesgo, por la cantidad de 2 mil pesos en el caso de Ensenada y 3 mil pesos para escoltas comisionados.
“Esa ayudantía era por riesgo, además de que en la realidad nuestro trabajos son de diez a doce horas diarias, no tenemos jornada normal de ocho horas diarias”, aseguran.
Tampoco disponen de suficiente equipamiento como chalecos antibalas, armas y cartuchos, mientras que las unidades están descompuestas en los patios de la FGE. Por lo menos veinte elementos sin arma patrullan el municipio.
El 23 de enero, durante un homicidio ocurrido en calle Ryerson y Séptima, un par de agentes ministeriales llegó a la escena del crimen sin armas. La situación sorprendió a los municipales, quienes consideran un riesgo que con la inseguridad que prevalece en el puerto, los elementos del Estado salgan a patrullar sin chaleco antibalas ni armados.
AGENTES TRATAN DE “DISTRAER” LA ATENCIÓN
Las denuncias de los oficiales respecto al bono de ayudantía, falta de viáticos, armas, cargadores y cartuchos, han llegado a oídos del fiscal regional de la FGE en Ensenada, Marco Antonio López Valdez.
“Son rumores que los agentes hacen para distraer, porque se están haciendo nuevos cambios, pero es parte de la disciplina que antes no se tenía”, respondió el funcionario.
Para hacer más efectivos los resultados de los trabajadores, fue necesario hacer ajustes.
Ejemplo de ello, es que los elementos de Ensenada ganaban menos que los de Tijuana.
“Es un reajuste para que todos los jefes de grupo ganen lo mismo de acuerdo a su responsabilidad, así se estaba manejando que todos por jerarquías van a ganar lo mismo, en este momento sabemos que no tenemos un tabulador uniforme para cada mando reciba un sueldo de acuerdo a las actividades”.
— ¿Por qué se les recortó el bono de ayudantía a los agentes?, cuestionó ZETA.
“No es definitivo, están en pláticas porque se están haciendo reajustes, se va reclasificar, y por eso se canceló de momento (el bono), pero se está haciendo un retabulador para que todas las comandancias sean iguales, porque había unos que ganaban más o menos, se va a hacer retroactivo”.
— Qué pasa con el armamento, ¿hay desabasto?
“No hay desabasto, los que no tienen es porque acaban de entrar, están en proceso de Control y Confianza, bajo un proceso de investigación; los que no tienen es porque el C3 les notificó una remoción, los que están en activo, todos tienen armas. Todo esto es por el proceso de cambio de procuraduría a fiscalía, para entrar a la GESI, que es de nueva creación, los van a evaluar todos. Si quieren permanecer o renunciar aquí, es lo mismo, a todos se va a revaluar para la migración, es a nivel federal, estatal y municipal”.
— En el tiempo que tiene en la FGE, ¿qué ha hecho para mantener la comunicación con los agentes?
“Por parte de la agencia estatal de investigación tenemos reuniones cada quince días con los mandos, a quienes les han expresado la situación. Algunos empleados tocan la puerta de mi oficina y se recibe a todos, el resto ha externado la problemática con los superiores jerárquicos o jefes de grupo que cada unidad, pero sí, las puertas están abiertas si ha habido inconformidad”.
Vehiculos en desuso.
TABULADOR DE SALARIOS ES UN DESORDEN
El sueldo catorcenal de un policía ministerial no está homologado. De acuerdo con el portal de Transparencia de la FGE, los ingresos mensuales de una proporción es de 17 mil 500 al mes sin impuestos, las nuevas generaciones ingresan con un salario de 21 mil y hay otros que apenas alcanzan los 16 mil pesos. Un jefe de área recibe hasta 50 mil pesos mensuales.
En contraste, un elemento de las Fuerzas Armadas de menor rango, percibe 15 mil pesos, y un General de División, 70 mil pesos por mes.
Un policía de la nueva Guardia Nacional ingresa con un salario de 25 mil pesos y un máximo de 80 mil para el General de División, que es el mayor rango.
Los uniformados no tienen los mismos derechos de los integrantes de la Guardia Nacional, quienes gozan de una norma de carrera policial como lo marca la Ley General de Seguridad Pública, reciben capacitación y se promueven para cargos a fin de ganar más. “Mientras que a nosotros solo nos la aplican en perjuicio, mas no en beneficio, y si nos ponemos de acuerdo, no metemos chamba”, revelaron.
En 2019, el Gobierno del Estado les empezó a descontar entre 500 y 600 pesos de la compensación del sueldo, y lo depositan al siguiente día como si fuera un bono, lo que afecta en su historial de ingresos netos.
CASTIGARÁN INDISCIPLINA MINISTERIAL
José Antonio Ramírez Gómez, oficial mayor de la Fiscalía General de la República, emitió al cuerpo de agentes de la Policía Ministerial, la circular FGE/OM/079/2020, en la cual se les detallan los requisitos para quienes deseen renunciar de manera voluntaria.
En el documento se les advierte que todos deberán presentar hora de entrada y salida según la jornada laboral y registrar ingreso; 15 minutos después de la hora, se considerará retraso y 30 minutos implicarán inasistencia.
En caso de que el empleado no pueda checar por motivos de trabajo, deberá informar al titular de su lugar de adscripción. En caso de inasistencia deberán presentar justificante.
Para evitar descuentos vía nómina, los justificantes médicos solo pueden ser emitidos por el Issstecali, y, cuando se trate de una comisión, deberá realizarlos el titular de cada adscripción con un plazo máximo de tres días.
LEY DE SEGURIDAD, EN COMISIONES
En 2017 quedó en suspenso la reforma al Artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública
Coordinador de MP en San Quintín sigue grave
Compañeros de la Fiscalía General del Estado se solidarizaron con el coordinador del Ministerio Público en San Quintín, Rito Antonio Venegas, quien sufrió quemaduras de segundo grado durante una explosión dentro de su vivienda.
A través del portal de internet Helping Hands of Mexico, los agentes activaron una página denominada Apoyemos a Rito Venegas, a la que vincularon una cuenta de banco a nombre de la familia de Rito, ya que el costo de la recuperación será alto.
“Nunca sabremos cuándo podemos necesitar de la ayuda de otros para sacar adelante alguna situación de emergencia fuera de nuestro control; hoy por él, mañana por ti”, escribieron, y adjunto, colocaron imágenes del servidor público conviviendo con sus compañeros de trabajo.
Una minita de gas habría causado la explosión en el domicilio ubicado en Calle Tercera del fraccionamiento de interés social San Quintín, aproximadamente las nueve de la noche del 4 de febrero.
El estado de salud de Venegas se reporta delicado, ya que sufrió quemaduras en el mayor parte del cuerpo y, tras recibir atención médica en hospitales de la localidad, fue trasladado a Ciudad de México con apoyo de una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina hacia el Hospital Nacional de Rehabilitación, donde fue intervenido. Lo más importante para los médicos es rescatar el brazo derecho de Rito, ya que fue la zona donde sufrió la mayor lesión.
La FGE no descarta otras líneas de investigación, como un posible atentado en contra del coordinador, sin embargo, hasta el momento el asunto está en proceso y no existe un peritaje por parte del personal de Bomberos y Protección Civil para determinar las causas.
en Baja California, que especificaba los derechos de los elementos, como el de pensión por jubilación, retiro, invalidez y muerte, para el miembro o para los familiares y dependientes que para tal efecto designe como beneficiarios.
Dos años después, la diputada Claudia Agatón Muñiz retomó el asunto y lo tiene turnado en la Comisión de Gobernación.
La propuesta incluye pensiones no solo para los agentes, sino para las viudas de los mismos, y plantea la posibilidad de que se retiren a los 15 o 20 años de servicio policial en lugar de 25 años, como ocurre en la actualidad.
“Es una iniciativa fundamental porque ellos arriesgan su vida, han vivido de manera transitoria en el marco social y sus familiares viven en la angustia, merecen tranquilidad”, justificó Agatón
