Entre octubre y diciembre de 2019, tres colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron 15 cadáveres y restos humanos en recorridos hechos en diferentes puntos de Tijuana. Algunas de estas brigadas hicieron inspecciones sin el apoyo de la Fiscalía General del Estado, ni de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pese a solicitar su ayuda y poniendo en riesgo su seguridad e integridad. Fiscal plantea capacitar a las madres buscadoras en manejo de escena del crimen y cadáveres
Bárbara Martínez es una de las madres de familia que integra el Colectivo Una Nación Buscando T, y desde el jueves 25 octubre de 2018 busca a su hijo César Ezequiel Rico de la Cerda, de 17 años. No lo ha podido localizar, pero sospecha que su cuerpo está enterrado debajo de una construcción en obra negra en la calle Rosales de la colonia Campos.
La mujer contó a ZETA que después de la desaparición de su hijo, esperó todo un día para luego presentarse en el Ministerio Público. Cuando finalmente acudió, la enviaron a las oficinas del extinto Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), hoy conocido como Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De octubre de 2018 a marzo de 2019, Bárbara continuó yendo a las oficinas de la Unidad Estatal Investigadora, pero nunca hubo avances sobre la carpeta de investigación, hasta que fue contactada en una de sus redes sociales por un amigo de su hijo, quien le dio información acerca de su paradero.
En los mensajes que recibió, el hombre -de quien prefirió omitir sus datos- le aseguró que el cuerpo de César está enterrado debajo de una construcción en la colonia Campos. El informante estaba dispuesto a declarar, sin embargo, días antes de que se presentara ante el Ministerio Público, fue asesinado.
Foto: Uriel Saucedo
“Yo llevé esas pruebas a CAPEA, entregué esos mensajes pero hicieron caso omiso, hasta que finales de julio me topo con otra mamá sin querer, la cual llevaba unas fotos del mismo domicilio. Me acerqué a ella y le pregunté por qué llevaba esas fotos, y me dijo que su hijo también está desaparecido, y un testigo le decía que los restos de su hijo también estaban ahí”, narró Martínez.
La autoridad les informó que ambos casos quedarían dentro de una carpeta de investigación para darles seguimiento, pero no fue así. Hasta que un segundo informante se puso en contacto y le brindó la misma información que el primero le había dado, añadiendo que en el predio de la colonia Campos, se encontraban además de su hijo, los cuerpos de otros cuatro jóvenes identificados como Erick, Joel, Christian y Samuel.
Con estos datos, Bárbara volvió con la agente del Ministerio Público de la Unidad Estatal de Investigación para solicitar una orden de cateo, pero se le negó. Fue por ello que, junto con las 25 madres que forman el colectivo, acudió a la casa en la colonia Campos la tarde del domingo 24 de noviembre de 2019 y, con el permiso de los inquilinos, ingresaron a la parte lateral izquierda y trasera del lote para comenzar a buscar los cuerpos de los cinco jóvenes que podrían estar enterrados.
El primer y único hallazgo hasta el momento se dio el lunes 25 de noviembre. Al estar excavando encontraron una osamenta, la cual llevaba ropa de hombre, una chamarra guinda y un pantalón verde; también se observó que tenía esposas en manos y pies. Tras el descubrimiento, dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), desde donde acordonaron el lugar en lo que se otorgaba la orden de cateo, autorizada el miércoles 27 de noviembre.
Junto con el colectivo ingresó un binomio, y un geo radar, pero no se localizó ninguna pista, solo el canino logró identificar algunos puntos donde las progenitoras estuvieron cavando sin ayuda de los agentes. Para el lunes 2 de diciembre, dieron con un hoyo debajo de la construcción. Estaba lleno de agua, por lo que se les volvió a negar el paso.
El 11 de diciembre, cuando desesperadas por la negativa recibida por parte de Alma Lares, coordinadora de la Unidad Estatal de Investigación, ingresaron al inmueble para con sus propios medios drenar el agua del pozo y continuar con la búsqueda, Lares les mencionó que un perito dictaminó que no podrían ingresar ante el riesgo que se derrumbara un talud, pese a que el terreno no se encuentra al lado de ningún cerro.
La señora Bárbara Martínez tiene la esperanza de encontrar en ese lugar a su hijo, sin embargo, cada vez ve más lejana esta posibilidad, ya que por órdenes de Alma Lares se les impidió el acceso hasta el 10 de enero y ningún agente ha estado trabajando en la búsqueda de cuerpos en el sitio.
No es la primera vez que el colectivo de madres Una Nación Buscado T no recibe apoyo de la Unidad Estatal de Investigación, que es parte de la Fiscalía de Investigaciones Especiales.
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, aún sin recursos
Los 9 millones de pesos que otorga la Comisión Nacional de Búsqueda a las comisiones estatales, no se obtuvieron en 2019 para Baja California, porque el gobierno de Francisco Vega de la Madrid rechazó las dos peticiones presentadas, informó el comisionado estatal Juan Manuel León Martínez.
“Se nos dice que nos van a apoyar con 9 millones de pesos y un millón debe poner el Gobierno del Estado, por lo que hice dos peticiones para que se me apoyara con ese ingreso que tenía que solicitar al área de Finanzas, pero no me dieron respuestas positivas. La primera vez porque me pidieron llenar un formato diferente, y en la segunda dijeron que lo estaban viendo, pero nunca dieron una respuesta en concreto”, indicó León Martínez.
Dado que este recurso es un derecho de todas las Comisiones Estatales de Búsqueda, iniciando 2020, con el apoyo del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el representante estará realizando la solicitud para bajar el recurso federal, a invertirse en la adquisición de mobiliario de oficina, equipo de cómputo y unidades móviles.
A menos de un año de creada la Comisión, continúa con muchas deficiencias, sin que a la fecha se designen los cinco directores que son parte de la dependencia. Tampoco se cuenta con secretaria, un fiscal y agentes investigadores.
Por último, León Martínez dijo no tener conocimiento de cuánto recurso estatal se le otorgará para el año que inicia.
Previamente a la exploración en la colonia Campos, el sábado 23 de noviembre localizaron dos cadáveres en las inmediaciones del Río Alamar, en la colonia 10 de Mayo, en lo que podría ser una fosa clandestina. Ese día habían solicitado el apoyo de la delegación Otay Centenario para que les acompañara una patrulla de la Policía Municipal, la cual nunca llegó.
Angélica Ramírez, vocera del colectivo, denunció que el apoyo de agentes ministeriales tampoco lo tuvieron, porque cuando solicitan acompañamiento en sábado o domingo, se les informa que los agentes no trabajan fines de semana ni días festivos.
En el tema de la posible fosa clandestina en la colonia 10 de Mayo, estuvieron solicitando por más de dos semanas una retroexcavadora para que ingresara a la canalización y les permitiera extraer los cuerpos que se cree están en el lugar, según la indicación de varios informantes anónimos.
Sin embargo, a pesar del compromiso del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández y el fiscal de Investigaciones Especiales, Ricardo Carpio Sánchez, la maquinaria no fue contratada hasta el 10 de diciembre; no pudieron ingresar al predio porque el terreno era inestable. Desde entonces, no se ha observado personal de la Fiscalía en el lugar.
Además de los restos humanos en las colonias 10 de Mayo y Campos, el 20 de noviembre hallaron un cuerpo calcinado en la 10 de Mayo; para el 18 de noviembre localizaron restos calcinados en un camino viejo que conduce al fraccionamiento Delicias; en tanto que el 21 de octubre encontraron una osamenta y restos de ropa cerca de la Presa “Abelardo L. Rodríguez” y restos humanos también en Delicias.
Por parte del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, dieron con dos cuerpos en la canalización el 19 de noviembre y, para el día 26 del mismo mes, con una osamenta en la zona que comprende Delicias y Hacienda Los Venados.
El caso de Erick, quien lleva desaparecido desde mayo, sigue sin avances en la investigación, conforme lo declarado por Eddie Carrillo, padre del joven, quien en la primera semana de diciembre denunció que la recién designada coordinadora de la Unidad de Investigaciones Especiales, Alma Lares, no les había dado atendido. Cabe indicar que este colectivo sí contó con la protección de agentes de la FGE.
Al igual la asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, pioneros en la búsqueda de personas en el Estado, durante octubre localizaron restos humanos en Valle de la Trinidad en Ensenada, para noviembre dieron con dos cuerpos en la zona cercana al fraccionamiento Delicias, y en los primeros 15 días de diciembre, con restos humanos en las colonias 3 de Octubre, Delicias y Homex.
Todas estas búsquedas las hicieron acompañados de personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con quienes han trabajado desde hace algunos años.
El secretario de Unidos por los Desaparecidos, Fernando Ortigoza Mugarte, compartió que a nivel estatal el único apoyo que han tenido es por parte del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan Manuel León, ya que años atrás, cuando solicitaban seguridad a la Procuraduría, -hoy Fiscalía-, no obtenían respuesta alguna.
“Nunca nos ha apoyado la Unidad de Búsqueda de aquí del Estado, muchas veces solicitamos seguridad a la Fiscalía, pero no querían trabajar con nosotros ni con el comisionado, no sé cuál era la situación, pero no querían trabajar con nosotros, siempre hablábamos con los subprocuradores y quedaban que sí, pero a la última hora que no. Una vez fuimos al Valle de la Trinidad y allá nos dejaron”, señaló Ortigoza
FISCALÍA, SIN CERTEZA DE CUÁNTOS DESAPARECIDOS HAY EN BC
El fiscal de Investigaciones Especiales, Ricardo Iván Carpio Sánchez, asegura no tener certeza de cuántas personas desparecidas existen en Tijuana ni en Baja California, por lo que trabajan en un diagnóstico, con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual estipula que una persona reportada como no localizada, al tercer día debe considerarse como desaparecida; o cuando haya datos que está ausente por cuestiones relacionadas a un acto delictivo.
Por tal motivo están revisando los datos de desaparecidos de 2017 a la fecha, para lograr un análisis tomando en cuenta el contexto de los casos a partir de lo que indica la Ley. Sin embargo, al solicitar datos de desapariciones de años anteriores a 2017 que no entrarían en el estudio, la información no fue proporcionada por el fiscal.
Lo que sí informó es que durante 2019, Tijuana reportó mil 599 personas no localizadas, por lo que están clasificando cuántas se ausentaron por voluntad propia, cuántas fueron sustraídas por ser menores de edad o discapacitadas, por familiares que no tenían permiso; y cuántas fueron reportadas como no localizadas por estrategia.
Carpio Sánchez, quien durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid se desempeñó como encargado de despacho de la Fiscalía de la que hoy es titular, dice tener la mejor voluntad para trabajar con los distintos colectivos, por lo que propondrá una serie de capacitaciones para las madres que buscan a sus hijos respecto a cómo procesar una escena o qué medidas tomar cuando se tenga contacto con un cadáver.
Sobre el punto de las capacitaciones, no pudo comprometerse a que hubiera un pago a las madres de familia para ser capacitadas, tampoco entre sus proyectos está ampliar el equipo de trabajo para una mayor eficiencia.
Asimismo, se trabajará en sensibilizar a los agentes investigadores y del Ministerio Público para brindar un mejor trato, seguridad y acompañamiento cuando los colectivos lo soliciten, aun cuando sea fin de semana o días festivos.
Por último, el funcionario sostuvo que al cierre de 2019 la Fiscalía ha tenido casos positivos en sus propias búsquedas, encontrando osamentas o realizando inhumaciones: seis casos en Mexicali, 20 en Tijuana y 12 en Ensenada. Respecto a las Alertas Amber, a nivel estatal se han emitido 12, una fue en apoyo a un tema de Playas de Rosarito y otra a la Fiscalía Regional de Tijuana en la Unidad de Delitos Sexuales. El resto fue en la Unidad de Desaparecidos.
