El sindicato estatal “Grupo Gestor Águilas” de los trabajadores de la educación presentó el primer recurso de amparo contra el Decreto 27, que autoriza a la administración de Jaime Bonilla Valdez restructurar y/o refinanciar la deuda publica directa de la entidad hasta por 12 mil 320 millones 395 mil 241.83 pesos más los conceptos adicionales que se generen, por un máximo de 20 años.
En la demanda -presentada la noche del lunes 6 de enero de 2020 ante un juez de distrito en Mexicali-, la organización sindical considera que el Decreto 27 violenta sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 134 constitucionales.
Por lo que, solicita al Poder Judicial determine inconstitucional el Decreto 27 al “ser éste oscuro y contrario a los principios de transparencia y la razonabilidad legislativa, por no encontrar en disposición oficial alguna justificación legal para solicitar tal cifra (de reestructuración), máxime que dicho decreto no encuadra correctamente fundado y motivado”.
Los inconformes exponen que el Decreto 27 señala de manera general el destino de los recursos que el gobierno obtendrá de dicha reestructuración financiera, “sin detallar la utilización especifica de tal acción y cómo impactará esto al sistema de pensiones de los trabajadores de la educación del Estado”.
Lo que contraviene con lo establecido en el artículo 6 constitucional, del que interpreta que existe “una obligación para dar certeza y seguridad jurídica a los gobernados respecto al buen uso y manejo de los recursos que el Estado obtenga por concepto de recaudación de sus súbditos”, indica el documento al que tuvo acceso ZETA.
Por otro lado, la demanda argumenta que se violenta el artículo 14 Constitucional, toda vez que al hacerse la reestructura y el Estado haber omitido especificar la manera que se haría en relación al sistema educativo y al sistema de seguridad social “se pone en riesgo el pago de las prestaciones de los trabajadores en activo del magisterio, así como de los jubilados y/o pensionados del mismo sistema”.
Por tanto, el sindicato es afectado directamente con la aprobación del citado Decreto, aprobado en el Congreso de Baja California el pasado 5 de diciembre, tras haber sido turnado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez, el 25 de noviembre de 2019.
“El hecho de que los trabajadores de la educación y pensionados estemos obligados a aportar parte de nuestros ingresos para sostener las arcas públicas nos faculta para exigir el buen uso y transparencia de esos recursos”, reza la demanda.
En cuanto a la violación del artículo 134 Constitucional, el documento indica que el Decreto 27 vulnera el derecho humano a la transparencia en virtud de que la solicitud de deuda que autorizan el Congreso, así como, el representante del Ejecutivo no detalla de manera precisa y sin que deje lugar a duda a los trabajadores y pensionados de la educación, la manera en la cual se van emplear los recursos solicitados por medio del Decreto señalado.
“Razón por la cual deberá invalidar su aplicación y obligar a que precise los rubros para los cuales requiere la cantidad solicitada mediante tal instrumento legislativo”, con el fin de que no se vulnere el derecho humano a la transparencia.
Aunado a las violaciones constitucionales que acusa, el sindicato de docentes reclaman al Congreso local las violaciones en el proceso legislativo que dieron origen al Decreto 27; así como, la aprobación del mismo.
Al interior del Poder Legislativo, los quejosos reclaman a las comisiones de Fiscalización del Gasto Público, y de Hacienda y Presupuesto la omisión de realizar el Dictamen correspondiente del Decreto 27, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
