Las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) no solamente se enfrentan al temor que conlleva padecer una enfermedad crónica y al desabasto constante de los medicamentos, sino también al maltrato y discriminación al momento de acceder a derechos como la atención médica o solicitar empleo, refirieron activistas de la ciudad de Tijuana, quienes han observado que esta problemática sigue vigente.
José Juan López Ramos, coordinador de pruebas rápidas de VIH en AIDS Healthcare Foundation (AHF) Región Norte, confirmó que la discriminación aún existe, pero que también falta la cultura para denunciar este tipo de hechos. Uno de los casos más comunes es cuando las empresas aplican pruebas de sangre para conocer el estatus de las personas y, a partir del resultado, dar o negar un empleo.
“Si solicitan un trabajo, les hacen pruebas de laboratorio, y entre ellas va la de VIH; pero no tienen manera de denunciarlo porque los empleadores no se los dicen, y los afectados normalmente no están de acuerdo en denunciar”, destacó López Ramos.
José Antonio Granillo Montes, director del albergue Las Memorias, comentó que la discriminación también se da en el sector salud, sobre todo contra personas que, además de padecer esta enfermedad, tienen problemas de adicciones; la queja común es que los servidores públicos retrasan los servicios médicos.
Mencionó que en el tema laboral no solamente está la cuestión de la prueba de sangre, sino el estigma de dar a conocer su estado de salud; a estas personas se les cierran puertas cuando quieren buscar trabajos en distintos sectores, razón por la que muchos en esta condición prefieren mantener un bajo perfil.
Algunas de las consecuencias que la discriminación tiene en las personas que viven con VIH van desde que su estado de ánimo y autoestima disminuye, vivan con una mayor frustración y hasta sufran cuadros de depresión, refirió Granillo Montes.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que tan solo en 2019 se abrieron 38 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos, mientras que en el 2018 la cifra fue de 25 casos. La mayoría de las quejas fueron por violentar el derecho al acceso a la salud, los medicamentos y la atención médica; pero también hubo denuncias respecto a la carencia de trato digno y la igualdad.
Al respecto del desabasto de medicamentos para las personas con VIH/Sida en el sector salud, los activistas coincidieron que es un problema que persistió en el último año, siendo un obstáculo con los proveedores farmacéuticos -a nivel nacional- la justificación que escucharon por parte de las autoridades durante todo el 2019.
