De manera sorpresiva, sin estudios previos y ni consideraciones, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez propuso una serie de nuevos impuestos e incremento a otros ya establecidos en la Ley de Ingresos de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, que fueron aprobados por la mayoría morenista en el Congreso. Gravámenes a combustibles derivados de petróleo, hospedajes y casas de empeño, se unieron al polémico incremento al impuesto sobre nómina. Los argumentos para la imposición fueron la urgencia para rescatar la complicada situación financiera de la entidad y la reducción de participaciones federales
La administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez considera que cualquier acción puede justificarse, en aras de resolver el desastre financiero de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, y en una sesión extraordinaria -y sorpresiva- impuso una serie de impuestos a gasolinas, gas, hospedajes y ventas en casas de empeño, a escasas horas de terminar el año. Estos se suman a otros tantos, como el Impuesto sobre la Nómina incluido en la Ley de Ingresos 2020, que contempla 53 mil 928 millones 153 mil 290, es decir, mil millones menos que el 2019.
Al final, todo el proceso y los días de comparecencias y “análisis” para Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, resultaron irrelevantes, pues el Gobierno del Estado incluyó nuevos mecanismos para mayor percepción de recursos, a través del cobro a empresas y ciudadanos, con la venia de los diputados de su partido y algunos aliados, quienes desconocen realmente lo que aprobaron la noche del martes 31 de diciembre, porque no contaban con análisis de la Auditoría Superior del Estado ni el dictamen como tal. Tampoco hubo debate en comisiones, ya que las modificaciones llegaron al Congreso del Estado horas antes.
El único hecho relacionado con estos impuestos adicionales, fue la reunión que presumió en sus redes sociales el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, con los diputados Monserrat Caballero y Juan Manuel Molina y el secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, la tarde de ese mismo 31 de diciembre en su oficina, donde hablaban precisamente sobre la agenda de trabajo que llevaban a cabo.
Los diputados que votaron por los nuevos impuestos -la mayoría sin conocerlos- son Monserrat Caballero, Miriam Cano, Julia González, Carmen Hernández, Juan Manuel Molina, Eva Gricelda Rodríguez, Juan Melendrez, Víctor Navarro, Rosina del Villar Casas, Víctor Morán y Ramón Vázquez Valadez, de Morena; Fausto Gallardo, del Partido Verde; Miguel Ángel Bujanda y Trinidad Vaca Chacón, sin partido.
EL MADRUGUETE
Desde la mañana del 30 de diciembre, diputados tenían conocimiento de las intenciones del Poder Ejecutivo para incluir en el orden del día las iniciativas de reforma a la Ley de Hacienda, que permitieran el ingreso de nuevos impuestos para el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, el acuerdo original fue descartarlos.
Ese mismo día se recibió el paquete de reformas, pero no tuvieron tiempo para su análisis a profundidad. Solo un escaso grupo de diputados morenistas pudo ver la propuesta entregada a la diputada Monserrat Caballero, quien la delegó a sus compañeros Miriam Cano y Juan Manuel Molina, para que fueran ellos los que cargaran con la responsabilidad.
Durante los días 30 y 31, el Pleno realizó una intensa sesión donde confirmaron reducciones presupuestales generales para prácticamente todas las oficinas estatales, además de los nuevos impuestos y los incrementos.
Sin embargo, la tarde del 31, cuando ya solo faltaba un punto de la agenda para concluir, se solicitó un receso. Los diputados morenistas se retiraron del Pleno para una reunión; la oposición desconocía por completo las intenciones. Conforme pasaron las horas, los rumores de los nuevos impuestos cobraron forma.
En esas condiciones, los legisladores David Ruvalcaba (PRI), Loreto Quintero Quintero (PAN), Gerardo López (PRD), Aníbal Otáñez (PBC), además de los petistas Claudia Agatón Muñiz y Julio César Vázquez Castillo, y Luis Moreno Hernández, de Transformemos y Aracely Geraldo, de Morena, optaron por retirarse; solo la panista Eva María Vázquez y Elí Topete Robles, de Movimiento Ciudadano, permanecieron en el Pleno para sufragar en contra.
Tras varias horas de receso, alrededor de las nueve de la noche del último día del 2019, se clausuró la sesión ordinaria e inmediatamente se convocó a una extraordinaria, para ese mismo momento. La diputada Eva María Vázquez denunció que era una violación a la Ley Orgánica no notificar a los compañeros, pero el presidente de la Mesa Directiva y alfil de Jaime Bonilla, Víctor Morán Hernández, reclamó que no debieron retirarse y continuó.
El diputado Juan Manuel Molina confirmó que la iniciativa se recibió el 30 de diciembre, y justificó que la dispensa de trámite se necesitaba porque los nuevos impuestos debían incluirse para el ejercicio fiscal 2020, por lo que debía aprobarse en 2019.
Ahí dio a conocer que buscaban un impuesto adicional para los combustibles derivados de petróleo, a hospedajes y a casas de empeño. Molina García dijo que se trataba de una iniciativa del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, el cual pasó a Pleno por un acuerdo de la Mesa Directiva -más no de la Junta de Coordinación Política-. Curiosamente, Carmen Hernández, de Morena, e integrante de la Mesa Directiva, se abstuvo de la dispensa de trámite porque dijo desconocer por completo la información de la iniciativa, lo que resultó contradictorio.
La diputada Eva María Vázquez también reclamó que varios diputados se retiraron del recinto sin ser debidamente notificados de la extraordinaria; pero tampoco sirvió de nada, pues la sesión continuó. Quien terminó por leer a detalle las reformas fue la diputada Miriam Cano, de Morena, la cual fue aprobada por 15 votos a favor y 2 en contra, además de dos reservas, de los diputados Miguel Ángel Bujanda y Fausto Gallardo, las cuales fueron rechazadas por el oficialismo.
GASOLINA, HOSPEDAJE Y CASAS DE EMPEÑO
Básicamente, se pretende adquirir más ingresos, pero nadie sabe cuánto dinero se estima acumular con estos nuevos impuestos. No hay proyecciones ni análisis a fondo del tema. Incluso, la diputada Monserrat Caballero dijo que tuvo contacto con empresarios días atrás, pero reconoció que nunca se les planteó el tema.
El impuesto a los combustibles será del 5 por ciento al gas licuado de petróleo (LP) y otro 2.5 a la gasolina, por cada producto que pise territorio bajacaliforniano. Para asegurar el ingreso, se le otorgó un permiso al Ejecutivo Estatal de firmar un convenio de cobro directo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para incluirlo al momento de vender el producto a las empresas.
El objetivo de este impuesto es resarcir el quebranto a las finanzas públicas, además de incluir un impuesto por los daños ecológicos que generan los combustibles fósiles, dijo la diputada Miriam Cano, aunque en papel no se sabe cuánto va a ser y en qué se va invertir específicamente.
La coordinadora de la bancada morenista señaló que el gravamen se aplicará a las empresas, pero confirmó que nada impediría que este nuevo impuesto se trasladara a los usuarios.
Referente a la tasa impositiva de hospedajes, busca que todos los hoteles paguen un 5 por ciento más por cada cliente; en el caso de moteles, el impuesto alcanzaría el 7 por ciento. A esto también se le sumaría el impuesto del 5 por ciento a las plataformas digitales como Airbnb, las cuales tendrán que pagar esta misma cantidad; sin embargo, el diputado Molina García reconoció que no se cuenta con esquemas de cobro para ello, por lo que trabajarán en un reglamento que permita incluir este gravamen. Se afirmó que el 70 por ciento del recurso adquirido será para promover el Estado.
El último gravamen es a casas de empeño, las cuales tendrán que pagar -a partir del 1 de enero- un 20 por ciento de cualquier producto vendido cuyo origen sea el empeño de un usuario.
Analiza IP recursos legales contra impuestos
Luego de descalificar las acciones realizadas por diputados que aprobaron el sorpresivo incremento de impuestos a gasolina, gas, hospedaje y casas de empeño, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, aseguró que analizan mecanismos legales que pudieran dar marcha atrás a los incrementos.
En entrevista telefónica, López Naranjo aseveró que diversos sectores se han mostrado preocupados por las afectaciones que pudieran tener a raíz de estos nuevos gravámenes, para los cuales no fueron consultados y que evidentemente afectará al bolsillo de los ciudadanos.
“No hacer los análisis propios. Una legislación de este tamaño, que incidirá en el bolsillo de los ciudadanos… al final, siempre el destinatario es el consumidor y en ese sentido se va a afectar”, comentó el empresario.
Agregó que estos impuestos se unen a los otros federales, como el que se prevé a los combustibles y otro tipo de productos, como cigarrillos y bebidas azucaradas.
Consideró que los gravámenes federales y locales también impactarán al turismo, pues aunque parezca un pequeño incremento, la realidad es que se sumaría al resto de los aumentos, lo que impactaría a las personas que acuden de otras partes del país, e incluso los visitantes del norte de la frontera.
López Naranjo aseveró que ni siquiera pueden proporcionar información sobre el impacto que generará al sector empresarial de todo el estado, ya que nunca tuvieron conocimiento de estas intenciones por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez. “La verdad, necesitamos analizarlo; desconocemos los alcances”.
Es decir, si una persona acude a empeñar un objeto y lo pierde por no pagarlo, cuando este sea vendido deberá reportarse a la hacienda pública con el 20 por ciento de su valor, pero no explicaron cuál sería el mecanismo de control.
CASINOS Y PROMOCIÓN MENSUAL
Otros dos temas que se vieron en la sesión del 31 de diciembre fueron el retiro de candados a casinos y permitir al gobernador la promoción mensual de sus acciones de gobierno, lo cual, según el diputado priista David Ruvalcaba, viola las leyes constitucionales y electorales federales.
El primer punto se entiende como una negociación con las empresas dedicadas a los juegos de apuestas en la entidad. Desde la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán se crearon una serie de “candados” que impedían la instalación de casinos en ciertos puntos de la mancha urbana; con ello, se frenó la proliferación de nuevos centros de apuestas en la entidad.
Justificado como una reforma para potencializar el desarrollo económico, se eliminaron estos candados y ahora existe una libertad de cualquier empresa con permisos de casino para instalarse en cualquier punto.
La reforma se da días después de darse a conocer el nuevo impuesto a centros de apuestas y por la obtención de premios, con los que el Poder Ejecutivo pretende percibir 388 millones 943 mil 958 pesos, según el dictamen de la Secretaría de Hacienda.
Referente a la promoción mensual, el Congreso del Estado realizó una serie de reformas para que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, pueda promover su imagen y brindar informes mensuales ante los medios de comunicación.
Apenas el 2 de enero, a través de sus redes sociales, Bonilla Valdez hizo circular un video de poco más de ocho minutos, donde presume su trabajo durante el mes de diciembre, lo que para diputados, como David Ruvalcaba, es un acto de promoción propagandística que se encuentra prohibido por la Constitución Federal y las leyes electorales, pero que fue aprobado por los legisladores.
Las reformas se justificaron como un acto de transparencia y rendición de cuentas; a consideración de Ruvalcaba, es simple promoción política, de la cual desconocen sus verdaderos alcances. Además, consideró que estos mecanismos ya están contemplados en la Constitución, concretamente en el informe de gobierno, donde permite una promoción absoluta de siete días para el mandatario en turno.
OTROS GRAVÁMENES
Además de estos impuestos, se confirmó el incremento del 100 por ciento del impuesto sobre la nómina -del 0.6 al 1.2 por ciento- bajo el argumento de que el 37 por ciento de las empresas no cumplen con esta obligación.
El diputado Juan Manuel Molina justificó en el Pleno que era justo que las empresas, como las ligadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se volvieran responsables y devolvieran al Estado un poco de los beneficios que han obtenido.
En la misma sesión, el priista David Ruvalcaba respondió que no era correcto un impuesto de esta naturaleza -que afectaría la competitividad- y sugirió que sus intenciones eran precisamente perjudicar al organismo empresarial arriba mencionado -el único opositor al actual régimen-, pero que con ello afectarían a toda la población.
Otro tema polémico desahogado fue la ampliación del plazo para la firma del contrato que crea el fideicomiso con la empresa desaladora de Aguas de Rosarito, pues el plazo vencía el último día del año; con esta prórroga, se tendrá tiempo para analizarse hasta el mes de junio del 2020.
También se rechazó la donación de un terreno en la colonia Piedras Negras, de Ensenada, a la asociación civil Tierra y Libertad de Baja California, pese a que se trataba de una iniciativa impulsada por el propio gobernador, y que fue leído por el diputado Julio César Vázquez Castillo. A raíz de esta negativa, la bancada del PT decidió retirarse del recinto, notoriamente molestos.
No se contempla recurso para SEA ni Fiscalía Anticorrupción
Ninguno de los diputados entrevistados pudo dar razón de los montos que se otorgarán al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ni a la recién creada Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
La única que proporcionó algunos datos fue la diputada Eva Gricelda Rodríguez, quien afirmó que ambos presupuestos serían responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, pero no se les garantizó un monto específico.
El diputado Juan Manuel Molina aseveró que la Fiscalía General -cuyo presupuesto para este 2020 alcanzará los dos mil 500 millones de pesos- otorgaría patrimonio a su homóloga anticorrupción, como un área de Patrimoniales y algunos edificios, para empezar a operar, según lo contemplado en la Ley Orgánica.
