Sin duda alguna, Francisco Vega de Lamadrid viene a la mente al pensar quiénes representan lo peor del año. Pero no se puede dejar fuera de la lista a los funcionarios que cobraron moches por adelantado en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, el primero de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California, el que “prometía” ser diferente a sus inmediatos antecesores.
Vega de Lamadrid pasará a la historia de Baja California como uno de los peores gobernadores –hay varios, tampoco es una lista exclusiva- y, va de nuevo, con perdón de don Xicoténcatl Leyva Mortera.
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Al igual que Leyva, “Kiko” acabó no solo con las arcas estatales al tiempo que se rodeó de una permanente estela de corrupción durante sus seis años de titular del Ejecutivo, sino que en 2019, como en 1989 con el Revolucionario Institucional, el mal gobierno acabó con el partido. En este caso el PAN, fraccionándolo y llevándolo a la derrota electoral de la cual será muy difícil levantarse (el PRI lleva 30 años intentándolo).
La deuda heredada por la administración de Vega supera los 20 mil millones de pesos, y los adeudos que dejó con organismos descentralizados y otros poderes, van más allá de 7 mil 500 millones de pesos. En todos los casos existe confirmación de la Auditoría Superior de la Federación.
Aun cuando su mala administración pública afectó a diversas áreas de gobierno y sectores sociales, dos fueron los más sensibles: la deuda que por arriba de mil 700 millones de pesos dejó con la Universidad Autónoma de Baja California y el no pago a maestros, lo cual provocó que en ocasiones seguidas, se paralizara el calendario escolar de los estudiantes bajacalifornianos de nivel básico y medio superior, pues ante la falta de retribución, los maestros dejaron de impartir clase.
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Pero en el mal desempeño “Kiko” Vega no estuvo solo: se rodeó de otros personajes que se ganaron el derecho a estar en una lista de lo peor. Se hizo acompañar de “servidores públicos” que aprovecharon la posición política gubernamental para hacer negocio, para servirse del presupuesto, para colocar a amigos y compadres, para abusar del poder, para mal utilizar los recursos públicos. Por seis años se trasladaron en camionetas último modelo, gozaron de viáticos por todo el mundo, se hacían acompañar de un séquito para cualquier acto, inauguración o viaje.
Uno de ellos es Carlo Bonfante, ex secretario de Desarrollo Económico, de quien se documentaron abusos desde los primeros años de gobierno de Vega. Por ejemplo, destinar para sus empresas y las de sus amigos, dineros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología etiquetados para la innovación en las empresas. O por solicitar vía un tercero especialista, que los proveedores de obra del Gobierno del Estado compraran material para construcción en la empresa de su familia.
Luego está Antonio Valladolid, quien al inicio de la administración de Vega fue secretario de Finanzas, pero brilló por la opacidad, por acrecentar la deuda, por la sistemática solicitud de créditos para afrontar los gastos del gobierno que no podían pagar con los recursos enviados de la Federación que eran desviados a otros rubros. Eso es lo comprobable, porque si el gobierno actual realmente tuviese un compromiso por investigar la corrupción pasada, hay un sinfín de contratos sospechosos que Valladolid entregó a empresas de nueva creación, ligadas a sus amigos. Licitaciones que entregó de manera directa en misteriosas circunstancias.
Doña Perla del Socorro Ibarra Leyva y don Gerardo Sosa Olachea no se quedan atrás. Como procuradora y secretario de Seguridad, respectivamente, dejaron de cumplir con su obligación, sumiendo a Baja California en un clima de inseguridad y violencia, de impunidad en las investigaciones sobre los miles de asesinatos que suceden cada año.
En un dejo de cinismo, Ibarra, hoy de regreso en el Tribunal, refería un 91% de impunidad en la Procuraduría que encabezó por casi seis años, mientras que el ex notario Sosa lideró una Secretaría de Seguridad Pública con una Policía Estatal Preventiva que se dedicó al atraco, la extorsión.
Francisco Vega de Lamadrid es, pues, de los peores personajes que en 2019 padeció Baja California.
Pero los personajes que llegaron con el nuevo gobierno, no se han quedado atrás. Poco antes que se cumpliera el primer mes de administración de Jaime Bonilla Valdez y Morena en Baja California, estalló el primer escándalo de corrupción. A decir de un testigo, cuatro funcionarios coludidos para a través del Voluntariado Gente como Tú, con Bonilla, solicitar dinero por adelantado, con la promesa de entregar contratos una vez que tomaran posesión. Por lo menos a un empresario, el caso más fuerte, le birlaron 20 millones de pesos que se repartieron entre los funcionarios, pero después debieron regresar (aún le deben casi 4 millones de pesos).
El caso que intentaron minimizar de inicio, fue tomado para su investigación en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, así como en la Fiscalía General del Estado, y por lo pronto ha sido la causa de dos renuncias en el primer círculo de colaboradores de Jaime Bonilla: la de Cinthya Gissel García Soberanes a la Secretaría de Bienestar, y la de Jesús Núñez Camacho a Oficialía Mayor. Se esperaban otras dos, o por lo menos así lo ha sugerido la secretaria de la Honestidad, Vicenta Espinosa: la separación del cargo para investigación, del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; y del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Mario Escobedo Carignan, pero estos dos “servidores” han sido defendidos a capa y espada por el gobernador y se mantienen en sus cargos.
Jaime Bonilla Valdez ha preferido mantenerse al margen de las investigaciones de corrupción en su administración, intentando minimizar las investigaciones entre sus múltiples actividades de inauguraciones, develaciones, recorridos y supervisiones, de los que tanto gusta para deleite de sus cámaras que llevan todo a redes sociales.
Incluso para justificar la investigación que oficialmente se realiza y en la cual está inmiscuido, Amador Rodríguez Lozano -el número dos en la jerarquía estatal- arremetió públicamente contra ZETA y contra quien esto escribe, para culpar al medio y a la periodista de lo que testigos de los moches han declarado oficialmente.
Así las cosas en 2019: lo peor de los que se fueron, y lo peor de los que llegaron. En todos los casos, estelas de corrupción.
P.D. En el ámbito federal, el fiasco del año fue la aprehensión y posterior liberación de Ovidio Guzmán López -hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán- en Culiacán, Sinaloa, que evidenció el poderío criminal de los narcotraficantes en México, la vulnerabilidad de la sociedad ante la criminalidad organizada y la debilidad en la estrategia federal de combate a la inseguridad, la violencia, la impunidad y las drogas.
