El presidente llegó a su primer año en el poder, con menos aprobación de la que concentró al tomar posesión. A lo largo de estos 12 meses, el tabasqueño ha tenido que lidiar con situaciones complejas como una crisis en materia de seguridad y un estancamiento en el ramo económico; además de distinguirse por tomar decisiones que han generado polémica como la cancelación de presupuesto para estancias infantiles. El gobierno de la “cuarta transformación” no ha rendido del todo sus frutos y algunas figuras incluso abandonaron el proyecto.
AMLO se encuentra actualmente en 58% de aprobación, de acuerdo con Consulta Mitofsky. Aunque conforme a una encuesta de la casa De las Heras, su aceptabilidad se ubica en 68%. A un año de haber asumido el poder descendió cuatro y 12 puntos porcentuales respectivamente en materia de posicionamiento.
A partir del operativo fallido contra Ovidio Guzmán (17 de octubre), en el que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán (ex líder del cártel de Sinaloa) no pudo ser retenido bajo la custodia de la autoridad, una vez que el mismo día había sido aprehendido, la popularidad de AMLO disminuyó. Para el 25 de ese mes bajó (de 63.6) a 61.8 por ciento y para el 1 de noviembre, a 60.1%, según informó Roy Campos, presidente de Mitofsky Group.
Al asumir el poder el 1 de diciembre de 2018, López Obrador prometió que se reuniría con el gabinete de seguridad todos los días por la mañana, para tomar decisiones con las que se pudiera abatir la violencia en el país. Sin embargo, con la liberación de Guzmán López, el Estado se vio rebasado por el crimen organizado y los hechos violentos prosiguieron, tal como se pudo constatar con el ataque a la familia LeBarón el 4 de noviembre en Sonora, suceso que arrojó 9 muertos y 6 heridos y el cual fue atribuido por el gobierno de México a un enfrentamiento entre cárteles.
Foto: Adrea Murcia / Cuartoscuro.com
En conferencia matutina, el 27 de noviembre, el primer mandatario reveló que esos dos acontecimientos han constituido los momentos más difíciles durante su primer año de mandato, además de la explosión en Tlahuelilpan, Hidaldo, la amenaza de imposición de aranceles por parte de EU y el asilo al ex presidente de Bolivia Evo Morales.
El estallido en una toma clandestina de combustible, el 18 de enero en el municipio hidalguense, provocó la muerte de más de 130 personas. Aun cuando el Ejército detectó la fuga en el ducto de Pemex con oportunidad, el flujo de combustible se interrumpió tres horas con 50 minutos después (media hora antes de que se suscitara la explosión), según reconoció el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo.
El 30 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 5% a productos procedentes de la República Mexicana, si este país no controlaba el flujo de migrantes que atravesaban el territorio nacional para ingresar a EU. Finalmente, ambos países acordaron que el gobierno federal reforzaría sus controles de seguridad en la frontera sur de México, a partir del 10 de junio, con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en once municipios.
Luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia de Bolivia 10 de noviembre, una vez que fue reelecto y se hizo objeto de acusaciones de fraude, México le brindó asilo político desde el martes 12. La decisión tomada por López Obrador generó reacciones a favor y en contra. El Partido Acción Nacional, a través de su dirigente Marko Cortés, reprobó que el gesto de hospitalidad y adujo que el boliviano tenía cuentas pendientes en su país, en materia de delitos electorales. El líder partidista además criticó que el presidente de México se haya desapegado de su política de austeridad al enviar un avión de la fuerza aérea para traer al sudamericano a territorio nacional.
En su toma de posesión López Obrador prometió que en México las inversiones estarían seguras y se crearían condiciones para obtener buenos rendimientos, aunque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los primeros nueve meses de 2019 la economía no tuvo crecimiento y en el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto sobrellevó un decremento de 0.2 por ciento.
De acuerdo con la empresa de opinión pública Buendía y Laredo, desde que el tabasqueño, aun como presidente electo, anunció que se cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para dar paso al proyecto aeroportuario de Santa Lucía, el sector privado perdió confianza y dejó de invertir, lo que generó que este año la economía creciera.
Otros de los episodios que marcaron el primer año de la administración de AMLO fueron el recorte al presupuesto para estancias infantiles, el caso de desabasto de medicamentos, la destitución del director del Coneval y la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según explicó el gobierno de México, la reducción del financiamiento para 9 mil 200 guarderías, de 4 mil 070.26 millones de pesos a 2 mil 041.62 millones, obedeció a que en lugares de esa índole había cobros indebidos y actos de corrupción. A inicios de febrero López Obrador anunció que el dinero destinado al cuidado de menores se entregaría directamente a los padres de familia (mil 600 pesos cada dos meses). El caso generó protestas en distintos estados del país y de acuerdo con el Movimiento Nacional de estancias infantiles, la decisión afectaría al alrededor de 160 mil niños.
En cuanto a la falta de medicamentos, la situación se agudizó en julio, en estados de la república y la capital del país. Principalmente escasearon medicinas para enfermos de SIDA y de cáncer. La escasez en general llevó a que se cancelaran consultas y cirugías. AMLO culpó de la problemática al gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Según el fundador de Morena, la administración priista gastó 90 mil millones de pesos y pese a ello siguió habiendo desabasto en vista de que se hicieron desvíos con ese dinero.
El despido de quien fungiera como director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, el 22 de julio, se dio luego de que criticara la política de austeridad impulsada por la administración de AMLO. El ex titular había dicho que las medidas adoptadas en 2019 (en materia de moderación económica) afectaron “los sueldos de las personas que menos ganan en la institución” y que la eliminación de plazas en esa instancia, de acuerdo con una solicitud de las secretarías de Hacienda y Bienestar, “implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar”.
Eduardo Medina Mora se separó de su cargo como ministro una vez que el Senado de la República aprobó su dimisión, el 8 de octubre.
Conforme a información difundida en medios, el 3 de octubre, horas antes de que el abogado anunciara que dimitiría, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó que se le congelaran sus cuentas bancarias. Una vez que su renuncia fue aceptada por parte del gobierno de México, el 5 de ese mismo mes, la UIF ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear las cuentas de Medina Mora. López Obrador declaró que detrás de la dimisión del ex embajador de México en Estados Unidos hubiera habido presión del gobierno federal o se haya tramado una venganza política en vista de que el dimitente había apoyado amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Durante el primer año de gobierno lopezobradorista hubo otras renuncias:
El 21 de mayo, el ex panista Germán Martínez Cázares renunció a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, en vista de que “algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, según apuntó en su carta de dimisión.
El 25 de mayo, Josefa González Blanco dimitió como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. “El día de ayer, al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación. La verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia”, escribió a propósito del motivo de su renuncia, en una misiva dirigida al presidente de la república.
El 14 de junio, Tonatiuh Guillén renunció a su cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Su renuncia se dio en el marco de las medidas ejercidas en la frontera sur de México para detener el flujo migratorio. En su momento el ex director del Colegio de la Frontera Norte se había pronunciado en contra de darle “enfoque policial” al trabajo de la institución.
El 9 de julio Carlos Urzúa renunció como secretario de Hacienda. Sobre los motivos de su renuncia explicó que en cuestión de política pública se habían tomado decisiones sin “suficiente sustento”. Además expuso: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento en la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
El 16 de octubre, Carlos Romero Deschamps dejó su puesto como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual ocupaba desde 1993. A propósito López Obrador informó que él no le pidió renunciar, aunque en su momento, según dijo, estimó que sería preferible que enfrentara denuncias en su contra hallándose desvinculado de las instituciones.
Otros pasajes característicos son las aprehensiones de Juan Collado y Rosario Robles. Al abogado (vinculado a Peña Nieto y a Romero Deschamps) lo encarcelaron en vista de que presuntamente incurrió en los delitos de delincuencia y organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En tanto quien fuera titular de Sedesol y Sedatu en la pasada administración, ingresó a prisión por no poder demostrar domicilio en la ciudad de México para permanecer bajo arraigo, luego de ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en el cual supuestamente incurrió en ambas dependencias, desde la que se entregó dinero a diversas instancias mediante contratos ilegales.
Robles Berlanga estuvo vinculada a Carlos Ahumada, el empresario argentino que, a cambio de favores políticos en beneficio de una empresa suya, otorgó dinero a René Bejarano, quien para entonces (2004) era colaborador del jefe de gobierno de la ciudad de México, López Obrador. Sobre el encarcelamiento de la ex perredista, el ahora presidente de la república, dijo que no se trató de un caso de persecución o venganza.
Al margen de su gobierno, pero en el marco de los gobiernos de la cuarta transformación, que ha venido impulsando como presidente, la ampliación de mandato del gobernador de Baja California, ha generado diversos recursos en contra; tema ante el cual López Obrador se ha mostrado pasivo. En una reciente visita que la ex candidata presidencial Cecilia Soto hizo a Tijuana, criticó que el presidente ha faltado al principio de “nada por encima de la ley” en vista de no recurrir a la interposición de una Acción de Inconstitucionalidad mediante la Consejería Jurídica, opción a la que como primer mandatario tiene derecho.
En materia de promesas, AMLO cumplió con convertir en delito grave la corrupción; establecer la pena de cárcel sin fianza para la compra de votos y el fraude electoral; revertir la reforma educativa; instaurar la Guardia Nacional; reducir el IVA en la frontera (con algunas trabas de por medio); conformar el Instituto de Atención para Pueblos Indígenas; aumentar el salario mínimo; bajar ingresos de funcionarios públicos; reducir gasto en publicidad; otorgar “becas para el bienestar” así como pensiones a adultos mayores y créditos para el sector agrícola; conceder “precios de garantía” a productos del campo; entre otras.
En cuanto a los proyectos emblemáticos de su gobierno, el Tren Maya, la Refinería en Dos Bocas, el Tren del Istmo y las dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía no se han concretado.
Finalmente, AMLO llega a su primera año de gobierno como miembro de un partido en crisis severa por la renovación de su dirigencia, con señalamientos a la actual líder nacional Yeidckol Polevnsky de rehusarse a convocar al congreso nacional para llevar a cabo el relevo y con un intento fallido de renovar el cargo mediante congresos distritales en cuya mayoría predominó la violencia.
Economía: un año estancada
Antes de rendir protesta como presidente constitucional, López Obrador ya había sacudido a los mercados financieros luego de que a finales de octubre de 2018 anunciara la cancelación del aeropuerto de Texcoco, proyecto emblemático del sexenio peñista.
La desaceleración económica -ahora sabemos recesión técnica- y luego estancamiento al cabo de doce meses parece darle la razón a quienes vieron en ese 29 de octubre, con la caída de 3.25% de la Bolsa Mexicana de Valores, un parteaguas en la confianza de los inversionistas y el inicio de un mal desempeño económico en la administración del político tabasqueño.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el cuarto trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) decreció 0.1%, para continuar en la misma tendencia durante el primer trimestre del año en curso, con un descenso de 0.09%
Con cifras revisadas -dadas a conocer el lunes pasado-, se sabe que en el segundo trimestre de 2019 la economía nacional se contrajo 0.06%, dato que confirma que el país estuvo en recesión técnica la primera mitad del año, según diversos analistas.
De julio a septiembre pasados el PIB creció 0.01% profundizando su estancamiento, y si bien el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha expresado que la desaceleración “le quita el sueño”, el Gobierno Federal continúa reportando subejercicios. Al cierre de octubre de 2019 no se habían ejercido más de 155 mil millones de pesos que estaban presupuestados.
A lo largo de estos 11 meses de la 4T diversas instituciones financieras y organismos multilaterales han recortado en más de una ocasión sus expectativas económicas, las cuales pasaron del 1.8% en promedio (en enero de 2019) a 0.1% para 2019 (en noviembre del año en curso)
En esa tesitura el Banco de México (Banxico) consideró, por primera vez en una década, que la economía podría encontrarse en terreno negativo al cierre del año, al situar el crecimiento en un rango de -0.2 a 0.2% del PIB. Mientras que otros expertos más pesimistas apuntan que podría caer hasta -0.5%.
El desempeño de la actividad económica en los primeros 11 meses de la 4T será el más baja en el inicio de los últimos tres sexenios. Si se compara el crecimiento de enero-septiembre de las administraciones pasadas, se observa que López Obrador tiene la cifra más baja con -0.3%, en contraste con lo reportado en el mismo lapso del inicio del mandato de Enrique Peña Nieto (1.77%) y de Felipe Calderón Hinojosa (2.20%).
De ahí que, en un balance, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera negativa la gestión de López Obrador en cuanto al “nulo crecimiento”, el cual se explica por factores internos como la caída en la inversión, el deterioro de sectores prioritarios como la construcción, así como el estancamiento del consumo.
El organismo empresarial también calificó negativo el débil Estado de Derecho ante sucesos como el de Culiacán y los más de 30 mil homicidios ocurridos en el país a lo largo del año en curso, muchos de los cuales son perpetrados con extrema violencia.
A lo negativo se adhiere la falta de recursos a la Banca de Desarrollo para ayudar en la reactivación económica nacional, la desaparición del INADEM y la ausencia de mecanismos financieros, como créditos, disponibles para las empresas. Y, más recientemente la desaparición de las Zonas Económicas Especiales, que pretendían detonar el desarrollo económico del sureste mexicano, destacó el sindicato patronal.
Cada vez que se le ha preguntado al mandatario por las cifras del crecimiento y desempleo, López Obrador ha señalado que “él tiene otros datos”, que no se está contabilizando a los 900 mil inscritos en el programa social “Jóvenes construyendo el Futuro”, ni quienes participan en “Sembrando Vida”, y que la economía crece gracias a los apoyos sociales que su administración entrega a diversos sectores vulnerables de la población.
Pese a las declaraciones vertidas, sobre todo en las conferencias matutinas, los datos del INEGI son contundentes: no sólo la tasa de desocupación (3.6% de la PEA) incrementó en el país, sino también la informalidad, la cual representa 56.7% de la Población Económicamente Activa, así como la precariedad laboral.
Panorama que también corrobora el récord del monto de retiros parciales por desempleo (10,005 mil mdp) hecho por miles de trabajadores que ante la imposibilidad de conseguir un trabajo formal deciden retirar de sus afores so pena de perder un gran número de semanas cotizadas, lo que a la larga perjudicará su retiro.
Además del dato de crecimiento de empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que indica que, en los primeros nueve meses del año se crearon 331 mil 645 puestos laborales, cantidad inferior en 84 mil 256 a la reportada en el mismo periodo del sexenio anterior.
En los pocos claros de la política económica se encuentra el aumento del 16.21% el salario mínimo a nivel nacional (de $88.36 a $102.68), y del doble en la zona fronteriza (176.72) decretado en diciembre del año pasado, así como la desaceleración de la inflación. Indicador que se encontraba en 4.83% a tasa anual ese mes, y actualmente se ubica en 3.02%, dentro del objetivo del Banxico.
En una línea similar se encuentra el tipo de cambio, ya que el dólar se ha mantenido relativamente estable, y de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en el mercado al mayoreo la moneda mexicana se apreció 1.28% en lo que va del año, es decir 25 centavos respecto a su cotización al cierre de 2018.
No obstante, en gran medida sus efectos han sido limitados al haber un menor dinamismo económico y un subejercicio gubernamental. Estos dos últimos han repercutido en los ingresos presupuestarios, que al cierre de octubre tenían un decrecimiento de 0.03% a tasa anual.
En tanto que, el decreto de estímulos fiscales para 43 municipios de la zona fronteriza ha traído menores beneficios que las promesas del presidente, ya que no todas las empresas pudieron acceder al beneficio del IVA al 8%, ni a aplicar el crédito fiscal para pagar dos terceras partes del ISR. Además de que, no existe como tal la Zona Libre, puesto que no estipula un trato arancelario distinto al que existe actualmente en materia de importación.
Más dinero para Pemex y programas sociales
“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda” señaló Carlos Urzúa Macías en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de junio de 2019, apenas transcurridos seis meses de la administración de AMLO.
“Aunado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” motivada por “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, reprochó el exfuncionario a un presidente que minimizó su salida del gabinete y expuso que Urzúa Macías tuvo diferencias con él y con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo (a quien se había aludido en la carta del exsecretario).
Convertido en uno de sus críticos, hace unos días, Urzúa Macías juzgó el libro presentado por López Obrador, como un “nuevo manifiesto político”. En su opinión, “Hacia una economía moral” es un texto “extraño”, que “de economía no tiene casi nada, excepto por datos, sobre todo sociodemográficos”.
El exfuncionario destacó que el libro “de tratado moral tiene menos”, en cambio lo tildó de una versión “corregida y aumentada” del manifiesto político en que convirtió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que fue un punto de quiebre entre ambos, luego de que por primera vez en la historia del país se enviaron dos documentos a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Las palabras del extitular de Hacienda cobran mayor relevancia cuando se observa que en el primer presupuesto íntegramente de la 4T, la dependencia que ahora dirige Arturo Herrera previó un crecimiento para 2020 en 2.0% en promedio, pese a que diversos especialistas y organismos financieros anticipan que podría ser de 1.3%.
En situación similar se encuentra la proyección de la producción de Pemex para 2020, de 1.95 millones de barriles diarios, pese a que a lo largo del año en curso no se ha alcanzado la meta prevista en la Ley de Ingresos de 2019, y se encuentra en 1.616 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 40 años.
Aunado a ello, el PEF 2020 dio prioridad a Pemex otorgándole mayores recursos y quitándole carga fiscal, por 80 mil millones de pesos (entra las dos medidas). El segundo tema prioritario presupuestal fueron los programas sociales, que el próximo año tendrán un monto total de 300 mil millones de pesos.
Incertidumbre del T-MEC
Pese a que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado el 30 de noviembre de 2018 por los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump, así como el primer ministro Justin Trudeau los Congresos de EUA y de Canadá no lo han ratificado.
Según declaraciones a la prensa de la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría no ser ratificado este año. Esa situación ha generado incertidumbre afectando también a las inversiones, muchas de las cuales han estado detenidas en estos últimos 11 meses.
A ello, se sumó la amenaza del presidente estadounidense de imponer aranceles graduales, del 5 al 25%, a las exportaciones mexicanas si el Gobierno mexicano no lograba disminuir la migración centroamericana. A principios de junio, con el anuncio del acuerdo entre ambos países se redujo el riesgo para la economía, sin embargo, México tuvo que aceptar a los migrantes en busca de asilo en Estados Unidos y enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur para reducir el flujo migratorio.
