Los recortes presupuestales a nivel federal ya tienen repercusiones y en Baja California Sur uno de los más serios es el del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Así lo dijo el comisionado presidente del ITAI en Baja California Sur, Conrado Mendoza, que lamentó que se haya determinado el recorte presupuestal; en su caso fue del 40 por ciento, lo cual repercute directamente en la ejecución operativa.
“La afectación que tenemos nosotros fue del 40 por cierto de los 15 millones que recibimos este año, con referencia al 2020, en los que se redujeron este porcentaje; es decir, nos dejaron en 10 millones de pesos; en 2017 ganamos un proyecto de fondo mixto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado, y obviamente la empresa que desarrolla el proyecto era para generar una plataforma digital, donde el ciudadano tenga mayor facilidad para acceder a los procesos que desarrollan instituto”, lamentó Conrado Mendoza.
Se pretendían proyectos de acceso rápido a la información; no obstante, se adquirió equipamiento que no podrá ejecutarse en el 2020 porque esos equipos requieren de insumos, los cuales no están contemplados en el nuevo presupuesto. Así también se necesita urgentemente cuatro personas más para mantener en activa a la institución, por lo que tampoco se podrá en 2020.
Baja California Sur ha crecido mucho en temas de transparencia y acceso a la información pública, pero esto sería un retroceso.
“Somos 10 personas en el Instituto, recibimos más de ocho mil solicitudes de información al año. Con base en ello, los recursos de revisión van en medida de las solicitudes de información; podría decirte que el 15 o 20 por ciento van a recurso de revisión. Tenemos nada más un abogado, un auxiliar, un actuario que es verificador y cumple con los procesos, y la medición de la ponderación es de acuerdo a los sujetos obligados, es decir, la calificación que le damos”, calculó el presidente del ITAI BCS.
Comparado con otros institutos de transparencia a nivel nacional, la entidad está por debajo en recursos y por encima en la carga de trabajo; eso no fue tomado en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto.
Remataron al ITAI Baja California Sur con el recorte del 40 por ciento. Para mantenerse a flote, cuando menos se necesitaba el mismo presupuesto; hoy tendrán que dejar de hacer muchas cosas. Inclusive habrá observaciones en su contra por la falta de operación de infraestructura que no fue presupuestada.
“Son 140 sujetos obligados en el Estado; con referencia a otros institutos de transparencia, es el tercero más pobre del país. Por ejemplo, en Tlaxcala son 80 sujetos obligados; allá el presupuesto es de 120 millones de pesos, a comparación de Baja California Sur (con reducción a 10 millones de pesos)”, comparó el consejero presidente del Instituto.
Sobre los entes públicos más observados, resalta el Ayuntamiento de Los Cabos, que sigue sin transparentar la aplicación de recurso público. De la alcaldesa Armida Castro se sabe que hay gastos mayores, pero no se han facilitado los contratos hechos con los medios de comunicación.
“El Ayuntamiento Los Cabos es quien más presenta recursos de revisión; particularmente el área de comunicación social -que no entrega los contratos a medios de comunicación- es quien ahorita es más observado por parte del Instituto; los requerimientos se han hecho, y con ello es que se implementaron las medidas de apremio. Faculta a la unidad de transparencia y al área administrativa meter la liga a la respuesta de solicitud; sin embargo, te manda la Plataforma Nacional de Transparencia a la dirección del portal, pues no entrega propiamente a la información”, señaló el servidor público.
ITAI Baja California Sur refiere que actualmente Los Cabos sigue siendo el órgano de gobierno que más solicitudes de información recibe, así también sus organismos públicos.
“El municipio de Los Cabos en este año lleva 10 recursos de revisión. El más sancionado es el agua potable de la ciudad, que el año pasado tuvo cerca de 80 recursos de revisión. No podemos declarar inexistencia la información a un documento público, como es el directorio de servidores públicos o la última acta de sesión de Cabildo”, explicó Conrado Mendoza.
Los Cabos se ha caracterizado por tener mala imagen en transparencia y rendición de cuentas; ha mejorado el portal digital, pero las solicitudes de información siguen en rezago. Incluso debe mucha información a solicitudes que ZETA ha hecho y que siguen en litigio.
