El gobierno de Arturo González Cruz dice recurrir “a la buena voluntad” de los evasores para que no cobren lo que ganaron en un juicio. La acción del alcalde es “legalmente improcedente y podría ser sujeta a sanción”, advirtió el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías. Ochenta empresarios, comerciantes, políticos y desarrolladores inmobiliarios han recurrido al amparo federal para no contribuir al Ayuntamiento de Tijuana
Como cada año, desde 2008 que se modificó la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios, base del cobro del Impuesto Predial, el Ayuntamiento de Tijuana deberá devolver en 2019 más de 8 millones de pesos a contribuyentes que se ampararon contra este gravamen.
De esa cantidad, 6 millones de pesos tendrán que ser devueltos a nueve integrantes de la familia Fimbres Hernández, el resto se deberá restituir a connotados empresarios de Tijuana como la familia Guakil, José Galicot y Grupo Inmobiliario Guerrero, entre otras decenas de contribuyentes.
Encontrado el camino legal, durante la última década prácticamente han sido los mismos ciudadanos que tributan al Ayuntamiento de Tijuana solo para lograr renovar los permisos municipales para la operación de sus respectivos negocios. Una vez que logran tener en regla las licencias municipales, recurren al amparo federal para que les sea devuelto no solo el impuesto enterado al Municipio, también una indemnización por el inconveniente que dicho cobro pudo causarles.
A punto de tener que devolver 8 millones de pesos, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, indicó que su gobierno “intenta convencer” a los amparados de no requerir la devolución del Predial ya pagado, “algunos ya han accedido”, anunció sin revelar nombres.
El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías advirtió que ese tipo de negociaciones no proceden: “No hay nada que negociar, la sentencia es de orden público y se debe respetar, eso implica la devolución de las cantidades pagadas. Si no se devuelven, la responsabilidad permanente queda para el presidente municipal que los negó y puede llegar hasta la destitución y consignación del propio funcionario”, expresó al respecto.
Este tipo de amparos es una práctica recurrente que deriva del “error técnico” de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, que permite una diferenciación de la Tabla de Valores Unitarios en terrenos con construcción, construidos parcialmente y sin construcción.
“El gobierno pudo haber corregido y no lo ha hecho, le ha apostado al camino fácil, a que solo unos cuantos se amparan, al camino de la omisión donde espera a ver qué pasa”, sostuvo el especialista.
A los amparados del Impuesto Predial se suman empresarios que han permutado la realización de obra pública a cambio del pago del gravamen y no han cumplido, rezago que el tesorero municipal, Víctor Cerda Romero, indicó que a la fecha es de 10 millones de pesos.
A estos deudores se suman más de 248 mil cuentas de un padrón de 620 mil contribuyentes que mantienen rezagos en el pago de Predial.
LOS MISMOS AMPARADOS DE SIEMPRE
María Georgina, Gilberto, Martha Elva, Yolanda Josefina, Rafael, María del Carmen, José Carlos, Ana Melissa y Jorge Humberto Fimbres Hernández, reclaman el 75 por ciento del Impuesto Predial que el Ayuntamiento de Tijuana, por ordenamiento judicial, está obligado a devolver.
Recurrir al amparo federal para reclamar la restitución del gravamen enterado previamente, es una práctica a la que la familia Fimbres Hernández recurre en cada ejercicio fiscal.
En el caso del ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Gilberto Fimbres, recurre a esta acción legal para reclamar la devolución del Predial de once propiedades; por esos inmuebles, en 2018 obtuvo 3 millones 282 mil 347 pesos del Predial enterado, monto que aumentó en un 6% en la devolución reclamada para 2019.
El empresario y político David Saúl Guakil, al igual que su esposa Lorena Flores Mora y sus hijos Alberto y Elías Romano, son contribuyentes que cada año apelan al amparo federal para exigir al Municipio de Tijuana los impuestos tributados.
Misma práctica a la que recurre José Galicot Behar, empresario y presidente de Tijuana Innovadora, entre un grupo de 80 contribuyentes que cada año se amparan. “Son los mismos cada año”, expuso el alcalde del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Arturo González Cruz.
LEY PERMITE QUE SE DEVUELVA LO PAGADO: GILBERTO FIMBRES
Para el ex presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, “la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué funciona el amparo? Funciona porque está mal hecha la Ley; como consecuencia, el ciudadano tiene la facultad de decir que está mal y tiene el derecho de ampararse. Básicamente ese es todo el mitote”.
Reconoció que el hecho de que su familia recurra a los amparos “no es una situación nueva, tiene tres o cuatro administraciones, todo parte del reglamento que está mal hecho y como consecuencia uno tiene la facultad de ampararse. Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Municipio en aportación de ese Predial”, pero condicionó el no requerir su devolución a la definición de acciones de dónde se invertirá el pago de ese gravamen, “vamos encontrando donde invertir ese dinero”, complementó.
Entre las razones por las que ha optado exigir la devolución de ese impuesto expuso, “las administraciones municipales nos han dejado un disgusto ciudadano” porque el Predial implica el pago por servicios como recolección de basura, seguridad pública, alumbrado, pavimentación, bacheo; una serie de responsabilidades que tienen las autoridades con el cobro del gravamen y no ha cumplido.
Entonces, “normalmente nos amparamos”, situación que está en Ley.
— Mientras la Ley lo permita, ¿continuará amparándose?, cuestionó ZETA.
“Todos los ciudadanos debemos ser respetuosos de la Ley, cumplir con nuestras obligaciones y, de igual forma, donde consideremos que la Ley está mal hecha, mal implementada, también tenemos el derecho de revisar esta situación. Creo que todos tenemos derechos y obligaciones, tanto autoridad como ciudadanos, y debemos cumplir con las obligaciones y aplicar nuestros derechos”, acotó Fimbres.
ALCALDE QUIERE CONVENCER A AMPARADOS
El alcalde de Tijuana dijo ocuparse en realizar labor de convencimiento para que los contribuyentes que este año ganaron juicios de amparo para que se les devuelva el Impuesto Predial enterado, no lo cobren al Municipio.
“Algunos ya han aceptado”, dijo sin mencionar cantidades o nombres de quienes accedieron a no cobrar lo ganado en juicio.
El tesorero Víctor Cerda Romero precisó que alrededor de 80 amparos se promovieron y ganaron, por lo que este año el Ayuntamiento de Tijuana deberá devolver poco más de 8 millones de pesos, situación que se encuentra bajo revisión.
“Al margen de cualquier cambio o no, la gente tiene derecho de utilizar los recursos que encuentre a su alcance”, consideró por su parte el secretario de Gobierno municipal, Carlos Murguía.
Respecto a la posibilidad de reformar la Ley para frenar los juicios de amparo contra el cobro del Predial, “estamos en un proceso de modernización del Ayuntamiento en el que seguramente vamos a entrar en el estudio de todos y cada uno de los reglamentos que tiene la ciudad. Vaya Usted a saber si estuvo bien, o a lo mejor no hubo una buena defensa del gobierno municipal y es otra circunstancia que -determinará- haya o no un cambio, tendríamos que estudiarlo, no puedo decir si está bien o está mal, estamos en la hipótesis de estudiar el asunto”, externó.
IMPROCEDENTE DEVOLUCIÓN DE BUENA VOLUNTAD: FISCALISTA
Para el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, no procede recurrir a una labor de convencimiento para que los amparados decidan no aceptar la devolución del Impuesto Predial, “eso es imposible de que suceda”.
Y abundó:
“Si la autoridad piensa en negociar, no hay nada que negociar, la sentencia es de orden público y se debe respetar, eso implica la devolución de las cantidades pagadas. Si no se devuelven, la responsabilidad permanente queda para el presidente municipal que los negó y se puede llegar hasta la destitución y consignación del propio funcionario”.
Para eliminar ese vicio, recomendó reformar la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, eliminando la diferenciación que se hace en la aplicación del valor de las Tablas de Valores Unitarios como base para el cobro del Predial.
Añadió que el gravamen ha tenido una serie de alteraciones y variaciones a través de diversas administraciones municipales, como el hecho de que se le agrega el cobro de otros impuestos en el mismo tributo.
“Hay un error técnico, no se trata de defensa, se trata de técnica legislativa, lo que está mal es la Ley que contiene el citado impuesto”.
Lo que realmente procedería en esos casos, es que “el Legislativo corrija, cambie, mejore todo lo relativo a la reglamentación del Impuesto Predial, porque las condiciones en las cuales está cimentada son violatorias de la Constitución y quedan al alcance de que cualquier contribuyente se ampare para no pagarlo”, remató el especialista fiscal.
REZAGO EN CAPTACIÓN DEL PREDIAL
De enero de 2019 a la fecha, han sido pagadas 371 mil cuentas de un padrón total de 620 mil contribuyentes del Impuesto Predial, lo que ha significado un ingreso a las arcas municipales de 500 millones de pesos, un 6.8% menos a lo recaudado en el mismo periodo de 2018, informó el tesorero municipal, Víctor Cerda Romero.
Ante ello, esta semana puso en marcha una campaña de condonación del 100% de multas y recargos para los morosos, la cual mantendrá vigente por lo que resta del año, en espera de captar 37 millones de pesos más.
A esa medida, en el primer trimestre de 2020 prevé aplicar descuentos a los contribuyentes cumplidos.
Será en el mismo periodo de 2020 cuando la administración municipal retome los procedimientos administrativos de ejecución en contra de los contribuyentes tradicionalmente morosos, padrón conformado por un promedio de 240 mil cuentas que en conjunto adeudan mil millones de pesos.
El funcionario agregó que el XXIII Ayuntamiento de Tijuana dio inicio a un promedio de cien procedimientos en contra de morosos a los que no dio seguimiento, por lo que los casos se retomarán iniciando con exhortos de pago, a los que seguirán acciones de embargo.
De estos casos, el tesorero Víctor Cerda subrayó que el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro no solo no ejecutó ninguna acción de embargo, sino que muchas de las cuentas con rezago se encuentran bloqueadas.
Ante ello, adelantó que la actual administración no va a mantener candados, “sin distingo se van a aplicar las sanciones administrativas”. En caso contrario, se darán facilidades de pago a las personas en estado vulnerable.