Aquella burbuja de incertidumbre formada por el equipo cercano al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, está a punto de reventarse, y todo parece indicar que con resultados desastrosos.
Quien suscribe, se refiere a la generada a través de la reforma constitucional al Artículo Octavo Transitorio que permitió la ampliación de mandato del actual gobierno, la cual -a todas luces- es ilegal, pero que corresponde decidirlo a los once ministros (actualmente diez, ante la renuncia de Eduardo Medina Mora) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La posibilidad de un gobierno de cinco años le dio un enorme poder y gobernabilidad a Bonilla previo a su toma de protesta, suficiente para que los opositores cerraran filas para servirle –incluidos ex diputados panistas y priistas que aprobaron la reforma-, pero todo plazo debe cumplirse y, cuando eso ocurra, se desencadenará una verdadera masacre política al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su opinión técnica sobre la ampliación al periodo de la gubernatura, realizado el 8 de julio por el Congreso del Estado. A diferencia de lo asentado en el expediente 13/2015 del caso Veracruz, donde decidió no emitir respuesta técnica, en esta ocasión fue claro al considerarla inconstitucional, lo que evidentemente brinda un panorama de lo que podría decidir la SCJN en próximas semanas.
Nombramiento de Cynthia Gissel García Soberanes
De concretarse lo expresado por los magistrados -y replicado por consejeros electorales, ex ministros, abogados, empresarios, y todo aquel que entienda un poco del tema-, el poder de Bonilla se desvanecería de manera inmediata y se avivaría una lucha por el poder al interior del partido, con la intención de preservarse.
En ese contexto de incertidumbre, en estas páginas se reveló el entramado en el gabinete de Bonilla para presuntos actos de corrupción que involucran a por lo menos tres funcionarios de primer nivel, como Cynthia García y Jesús Núñez -quienes solicitaron licencia a la Secretaría de Bienestar y a la Oficialía Mayor, respectivamente-, así como el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
En el ínter, Rosendo Colorado, identificado como el operador de los “moches”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que está empezando a ser utilizada dentro de Morena para el golpeteó político, más que para buscar castigo a la corrupción, pues estaría en juego la siguiente gubernatura, a razón de que en septiembre de 2020 iniciaría formalmente el proceso de sucesión de Jaime Bonilla Valdez en caso de que la Corte considere inconstitucional la reforma que en BC amplió el mandato a cinco años.
La SCJN tocaría el son para Baja California. De cumplirse los dos años -necesita ocho de once votos de ministros-, se acabarían la alianza, las pleitesías y la unión, para dar inicio al verdadero reto de supervivencia en Morena. De validar los cinco años, dados los antecedentes de la Corte-, quedaría en evidencia una intervención política en el Poder Judicial de México. En cualquiera de los escenarios hay un costo político para Morena, debido al brete en que Bonilla metió al partido por su necesidad de ampliar el mandato.
Se rompió la “Chiquillada”
Los partidos conocidos como “Chiquillada” en el Congreso del Estado, donde ahora también se encuentra el PAN -pues tiene apenas dos representantes parlamentarios-, no pueden ponerse de acuerdo para nada.
El jueves 28 de noviembre, partidos minoritarios como PRI, PAN, PRD, PBC y Movimiento Ciudadano, habían acordado objetar la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que se pretendía aprobar con dispensa de trámite y prácticamente sin socializar el tema. La propuesta del diputado Juan Manuel Molina, pero escrita en la oficina de enfrente (léase Gobierno del Estado), fue aprobada por mayoría calificada, y solo los sufragios de PRI y PAN se emitieron en contra.
De último momento, las otras fracciones políticas cambiaron de decisión, permitiendo que la iniciativa pasara “caminando”.
Tal parece que ni por simulación, la “Chiquillada” busca oponerse a las decisiones unilaterales de la Cuarta Transformación en Baja California.
